Más de 60 cigüeñas han muerto electrocutadas en la provincia de Barcelona, entre agosto y septiembre pasados, cuando migraban. Es un balance desolador que la Fiscalía de Medio Ambiente ha comunicado al titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Vic, que desde mayo de 2021 investiga la compañía Endesa por un delito contra el medio ambiente por la muerte por electrocución de aves protegidas. En concreto, en el informe del cuerpo de Agentes Rurales de Catalunya se detalla: 60 cigüeñas muertas en Osona, 6 en el Berguedà y 2 en el Bages. La compañía eléctrica no ha querido valorar estos resultados, ha reiterado que "está a disposición de los estamentos judiciales", además de insistir que cumple la normativa vigente y que pone aislantes en las torres de alta y media tensión antigua, que le indica la administración catalana. Para la Fiscalía de Barcelona no es suficiente.
"Cada semana los Agentes Rurales nos comunican actas con electrocución de aves, que nosotros enviamos al juzgado. Es una situación grave y de riesgo porque una ave electrocutada puede provocar incendios forestales, como ya ha pasado", ha lamentado el fiscal del servicio de Medio Ambiente, Antoni Pelegrín, en un encuentro con periodistas. Precisamente, entidades naturalistas y ecologistas también denunciaron que unas 70 cigüeñas murieron electrocutadas en solo cinco días, a mediados de agosto, en las comarcas de Girona y exigían a la Generalitat que obligara a Endesa a tomar medidas. En verano, estas aves protegidas son cada vez más numerosas en Catalunya en su proceso migratorio.
Declaraciones pendientes
La investigación judicial se inició por la muerte de pájaros protegidos en la comarca de Osona en el periodo 2018 en el 2020, con cuatro responsables de Endesa investigados. Y, en octubre del año pasado, el juez de Vic amplió la instrucción a la provincia de Barcelona y hasta la actualidad. La compañía tiene que aportar los nombres de otros seis directivos responsables en esta área, para que el juez los cite a declarar como investigados.
El fiscal Pelegrín ha pedido al juez que vuelvan a declarar todos los responsables para preguntarles por hechos que se han incluido en la investigación, como el incendio que se produjo en Manresa por la muerte de un pájaro electrocutado. El fiscal insiste en que no aplicar medidas supone "una pérdida de biodiversidad muy importante, que afecta especies protegidas."
El enfrentamiento jurídico entre la Fiscalía y Endesa es la interpretación del real decreto (RD) 1432/2008, que desarrolla la Ley 42/2007, de Patrimonio Natural y Biodiversidad, que impone los criterios de protección del cableado para evitar la electrocución de pájaros; es obligado en las nuevas torres y de las antiguas se establece una adaptación en fases. Para la Fiscalía, el Tribunal Supremo resolvió que se tienen que proteger todas las torres, mientras que la compañía indica que, como dice la ley, espera las subvenciones del Ministerio de Medio Ambiente y que indique las zonas.
Y mientras los Agentes Rurales informaron más de un millar de aves muertas por electrocución el año pasado, Endesa informa de que ha puesto protecciones en unas 4.000 torres y que es el Departamento de Acción Climática y Territorio quien les tiene que indicar las prioridades a proteger de la red aérea anterior al 2008.
En la foto principal, una cigüeña electrocutada en una torre eléctrica en el Gironès, este agosto. / Foto: ACN