El Gobierno negó que se hubieran producido "devoluciones en caliente" en Ceuta la semana pasada, y hablaba de "rechazo en frontera". Menos aún de niños y jóvenes. Pero la Fiscalía cree que podría no ser así. Por eso, según confirman fuentes del proceso, el ministerio público ha decidido abrir diligencias de investigación por las expulsiones exprés de menores durante la crisis migratoria. Lo hace después de que la Fundación Raíces denunciara el caso concreto de un joven que llegó nadando a la playa del Tarajal el pasado 19 de mayo. Al llegar a tierra, fue devuelto a Marruecos. Se llama Aschraf y tiene 16 años.
Ante esta circunstancia, la Fiscalía ha decidido investigar los hechos, porque la legislación establece la prohibición de devoluciones en caliente para personas menores de 18 años que entren irregularmente en territorio español. A diferencia de los adultos, cuyas expulsiones han sido avaladas por el TC y el TEDH, los menores tienen una protección especial por parte de la legislación española e internacional. Esta expulsión sólo puede realizarse previo contacto con sus padres, si se confirma la voluntad del joven de volver a casa y se demuestra el interés superior del menor.
La denuncia del 19 de mayo se basa en un vídeo de la agencia Reuters, que muestra al joven Aschraf suplicando entre lágrimas a los militares desplegados en el Tarajal que no lo devuelvan a Marruecos. Además, el diario El País entrevistó a este chico de 16 años, ya desde Marruecos, que explicaba su historia: fue abandonado por su madre biológica cuando nació y la madre adoptiva murió hace cinco años. No era la primera vez que era entregado a las autoridades marroquíes. Era su tercer intento frustrado de cruzar la frontera española en 24 horas.
Reparto entre comunidades
El Gobierno y las comunidades celebraron este martes un Consejo Territorial de Servicios Sociales para acordar el reparto de las 200 plazas de acogida para menores no acompañados que ya estaban en centros de protección de Ceuta y así liberar espacio y acoger a los que llegaron la semana pasada a la ciudad autónoma. La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, presidió la reunión en la que los consejeros autonómicos del ramo votaron la propuesta del Ministerio, que plantea que las comunidades acojan entre cinco y veinte niños.