La Fiscalía General del Estado ha abierto una investigación para conocer cómo se están repatriando a Marruecos a 800 menores desde Ceuta, una iniciativa que ha enfrentado a los socios de Gobierno español y que ha provocado la huida de medio centenar de niños del pabellón en el que estaban alojados.
El silencio del Estado
Ni la Fiscalía del Estado ni la de Ceuta conocen el plan de repatriación fijado entre España y Marruecos, según han informado fuentes judiciales, que han dicho que la única comunicación oficial recibida sobre esta iniciativa era muy genérica y en ningún momento se cifraba el número de menores a repatriar ni tampoco cuándo darían comienzo. Este sábado se ha devuelto a un segundo grupo de quince menores, una práctica que continuará los próximos días por orden del Ministerio del Interior.
El gobierno dividido
Este sábado, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, que dirige la líder de Podemos, Ione Belarra, ha advertido en una carta remitida al ministro Marlaska, que las devoluciones de menores de edad a Marruecos podrían suponer "un incumplimiento de los derechos de las niñas y niños extranjeros en España", lo que considera "muy grave". También el secretario de Estado de Agenda 2030, Enrique Santiago, uno de los cargos de Podemos en el Gobierno, ha criticado la devolución de los menores "sin protección familiar, hecha sin intervención de la Fiscalía, en contra del criterio del Defensor del Pueblo y sin existir protocolo de retorno".
La portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid y exsecretaria de Estado de Migraciones, Hana Jalloul, por su parte, ha defendido que la estrategia migratoria del Gobierno es "muy valiente y muy progresista", y ha asegurado que las devoluciones de menores a Marruecos se realizan "con todas las condiciones y de manera garantista", aunque el plan no se haya hecho público.
El vicepresidente segundo de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Carlos Rontomé, por su parte, ha asegurado que "se están trasladando a los menores que no son vulnerables" y ha enfatizado que los que sufren algún tipo de maltrato o acoso "no están dentro de este procedimiento".
Todos contra el PSOE
La gravedad de la situación ha alcanzado un punto álgido cuando el Consejo General de la Abogacía ha exigido "el cese inmediato de las repatriaciones de menores sin garantías jurídicas" desde España a Marruecos, ya que duda de que se estén "cumpliendo estrictamente los convenios internacionales y el propio convenio bilateral" con el país vecino, y que se preserve el interés superior del menor. El Consejo de la Abogacía se opone a estas devoluciones porque considera que pueden no respetar las normas y los convenios internacionales, así como por dos sentencias del Tribunal Constitucional, en las cuales se exige asegurar la protección al menor y seguir cada caso individualmente.
Contra la repatriación también se han manifestado varias ONG, el Defensor del Pueblo, que ha pedido el cese inmediato de esta iniciativa, y la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria, que califica como "ilegal" cualquier devolución colectiva de niños, niñas y adolescentes. Además subraya que la ONG Save the Children había valorado a la mayoría de estos niños acogidos en Ceuta y "había constatado que muchos llegaron a España huyendo de situaciones de violencia, explotación laboral, sexual o maltrato", y que por lo tanto, deben recibir asilo.
También la Conferencia Episcopal ha cargado contra la medida de Marlaska. En un comunicado, han señalado que "cuidar y atender" a los menores que llegan solos a las fronteras españolas "es responsabilidad de todos" y que hoy se convierte en "obligación ética y legal". La Conferencia ha mostrado su "preocupación" ante las noticias que llegan respecto a la devolución en grupo de menores desde Ceuta a Marruecos.
La devolución de menores no acompañados está recogida en un convenio bilateral con Marruecos, pero desde su última revisión en 2012 no se había activado.
Foto principal: centenares de niños en el puerto del Tarajal, Ceuta, durante la crisis migratoria con Marruecos / Efe