La fiscal de Barcelona, Alexandra García Tabernero, reclama pedir 20 años de prisión para Amado Ardid, ya jubilado, por dos delitos de abusos sexuales —10 por cada uno de ellos— con la agravante especial de vulnerabilidad de las víctimas, ya que tenían 6 o 7 años, y reclaman el pago de una indemnización a cada una de las denunciantes de 35.000 euros por lesiones psíquicas y daños morales, según revela El Periódico. Las denunciantes tenían 6 o 7 años cuando entraban en la enfermería del colegio de los Jesuïtes de Casp, en Barcelona, para hacerse la revisión médica anual. Los hechos se produjeron entre el 2001 y el 2002, cuando las niñas esperaban en la cola hasta que las hacían pasar a la consulta donde las medían. Después entraban en una sala más pequeña en la que estaba Ardid, que ejercía de enfermero del centro hasta el 2010. Después de pesarlas en la báscula, el religioso les indicaba que se tendieran en la camilla enganchada a la pared y, en aquel momento, abusó sexualmente de ellas.

Petición de prisión más elevada para un religioso

La Fiscalía señala a la Companyia de Jesús y la Fundació Jesuïtes Educació como responsables civiles subsidiarios, así pues, si el enfermero es condenado y no puede pagar la indemnización, las entidades tendrán que hacerse cargo. Se trata del caso penal más grave que afrontan los jesuitas y una de las peticiones fiscales más altas para un religioso. En el escrito de la fiscal se hace referencia al documental La Fugida (de TV3, Pi Studio y Ottokar) en el cual se revelaban otras agresiones sexuales perpetradas por religiosos a los Jesuïtes de Casp. Con todo, solo se juzgarán dos presuntos abusos sexuales, a pesar de que en el escrito de acusación figuran las denuncias de otros cuatro exalumnos, pero sus casos no se podrán juzgar porque el delito ha prescrito. Sin embargo, la fiscal pide citarlas como testimonio para reflejar el modus operandi del religioso procesado, de quien considera que se aprovechaba de las revisiones médicas y de su superioridad sobre las niñas, por su condición de hermano de la congregación y enfermero, por presuntamente abusar de ellas. Por su parte, el jesuita ha negado ante el juez las acusaciones.

Protocolo de los jesuitas

La fiscal señala que los Jesuïtes de Casp tienen desde 1980 un protocolo de medicina escolar que incluye revisiones médicas para lo que en aquel momento era la EGB, después Educación Primaria. Los exámenes son preventivos y con el objetivo de “detectar desviaciones de la normalidad”. El equipo médico del centro estaba formado por un médico y el procesado, que estaba en la enfermería a jornada completa, por lo tanto, aparte de las revisiones periódicas, los alumnos también acudían a él cuando tenían algún problema de salud en el centro. Entre los alumnos se empieza a popularizar la expresión “ir al Amado” o la respuesta habitual del acusado ante enfermedades leves: “hielo y reposo”.

Según apunta la fiscal, a partir del 2000, el médico de la escuela dejó de estar presente en las revisiones que el procesado hacía a niños y niñas. Según el protocolo, el enfermero estaba autorizado para practicar algunas exploraciones, como el peso, la talla o la tensión arterial, aunque otras, como la revisión genitourinaria, solo la podía hacer el médico. La acusación pública destaca que “el procesado no podía realizarla en ningún concepto” y que este tipo de examen “carecía de sentido” en niñas que cursaban primero o segundo de Educación Primaria, como las víctimas. Sí que se recomendaba, pero, en el caso de los niños para poder detectar si había algún caso de fimosis. Con todo, el único autorizado a hacer estos exámenes era el médico de la escuela y tenía que ser “solo visual”, sin ningún tipo de contacto físico con los genitales de los menores.

Precisamente, en este contexto de visitas médicas a solas era cuando el enfermero hacía pasar a las niñas de 6 y 7 años a la enfermería y las hacía “quedarse en ropa interior”. Después entraban en una sala más pequeña y “a puerta cerrada y sin la presencia de ningún otro adulto” era cuando las hacía estirar en la camilla, y les realizaba tocamientos en la vulva y les llegaba a introducir dedos en la vagina. La acusación pública defiende que el religioso era “perfectamente conocedor” de que las víctimas eran menores y que con su acción “no perseguía otro fin que la satisfacción de un propósito libidinoso”. Así pues, afirman que el enfermero “se aprovechaba de manera consciente” de la corta edad de las alumnas y “en muchos casos impedía comprender, cuando menos, la significación y la gravedad de lo que el procesamiento les hacía, para no mencionar sus escasas posibilidades de defensa y escapatoria”. Además, la fiscal subraya que Ardid era plenamente conocedor del protocolo de la escuela y que la revisión de los órganos genitourinarios competía “de manera exclusiva al médico, nunca a un enfermero”.