El fiscal de Medio Ambiente Antoni Pelegrin ha pedido que se envíe a juicio Emili Dragone Vives, exjefe del Departament de Medio Ambiente de la Generalitat, al considerarlo inductor o cooperador necesario del delito contra los recursos naturales y el medio ambiente por haber favorecido a la cementera Lafarge Cementos SA de Montcada i Reixac y darle licencias ambientales en el 2015, que le garantizaban la producción de cemento. La autorización no tenía en cuenta las precedentes, declaradas nulas por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), ratificadas por el Tribunal Supremo. El TSJC también resolvió que se tiene que cerrar la actividad de esta cementera, pero, continúan los recursos.
En el escrito presentado al juzgado de instrucción 27 de Barcelona, al cual ha tenido acceso ElNacional.cat este miércoles, el fiscal concluye que después de la instrucción -con la declaración de Dragone y de testigos- hay "indicios" para juzgarlo por haber concedido licencias "manifiestamente ilegales" que autorizaban el funcionamiento de industrias y actividades contaminantes en el caso de la cementera de Montcada, que actualmente continúa activa y gestionada por Holcim Espana, SAU. Precisa que los testigos certifican que fue Dragone quién se hizo cargo de esta autorización
Denuncia en el juzgado
La Fiscalía de Barcelona presentó, el junio del 2023, la denuncia contra el exjefe de servicios de prevención de la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático, al asegurar que concedió una autorización ambiental "no sustanciada" el 2015 a la cementera de Montcada, sin tener en cuenta que el TSJC había suspendido la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) concedida por la Generalitat en el 2008, y por lo tanto había que hacer una nueva inspección antes de conceder la autorización de 2015.
Consciente de la ilegalidad
Emili Dragone "era consciente de que se acabaría otorgando, como así sucedió, una autorización ambiental de esta actividad el 2015 que se amparaba en una DIA totalmente obsoleta, realizada el año 2006, sabiendo que la empresa había experimentado varias modificaciones no sustanciales en su actividad desde el 2009 en el 2015 y que desde este año 2008 se habían dictado leyes, reglamentos y disposiciones que no se habían tenido en consideración en la confección de esta declaración ambiental del 2008, de manera que esta no se ajustaba a aquellas normas ambientales," manifiesta en el escrito el fiscal Pelegrin.
Con esta actuación, el exjefe de la Generalitat no tuvo en cuenta la directiva europea de Medio Ambiente en vigor, y permitió a la cementera eludir controles, como por ejemplo pruebas de contaminación de la zona y de ruidos, concluye el fiscal.