La Fiscalía Provincial de València ha pedido a la jueza de Catarroja, que es a quien instruye la causa de la DANA, que se identifique a todas las personas que participaron en la reunión del Cecopi del 29 de octubre y que aclare en qué momento esa reunión fue exclusivamente presencial. El Ministerio Fiscal solicita el nombre completo y el cargo de todas las personas que participaron en el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) y que a las 17 horas del día de la DANA asistieron de forma tanto presencial como telemática. También ha preguntado por el periodo de tiempo en que se produjo esta reunión de manera simultánea, es decir, a qué hora empezó y a qué hora terminó, y ha reclamado que especifique cuáles de estas personas participaron en la reunión "únicamente de forma presencial".
En el mismo escrito, la Fiscalía ha pedido que se solicite a la Agencia de Seguridad y Emergencias de la Generalitat Valenciana los informes que haya elaborado para el seguimiento de la situación a consecuencia de las alertas hidrológicas decretadas el 29 de octubre en el río Magre y la rambla de Poio, y ha solicitado los informes pedidos y recibidos de la Confederación Hidrográfica del Júcar sobre las precipitaciones y la evolución de los caudales o la situación de los ríos o presas, además de las órdenes dictadas por el director del plan para que fueran difundidas por el gabinete de información a través de los medios de comunicación social.
Los desplazamientos de Mazón
En otro escrito de la Fiscalía al juzgado, el fiscal ha apoyado la decisión del juzgado de rechazar saber cuáles fueron los coches utilizados por el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, el día de la DANA, y los desplazamientos que se realizaron, ya que según indica, "esta actuación implicaría la realización de un proceso penal". En opinión de la Fiscalía, esta petición tendría como finalidad averiguar a qué lugares y a qué horas estuvo Mazón el 29 de octubre. De manera que, a su parecer, excede lo que la Generalitat debería publicar sobre el presidente, según recoge la Ley de Transparencia de la Comunitat.
No investigarán a los altos cargos
En un tercer escrito, el Ministerio Fiscal se opone a declarar como investigados al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, y a los altos cargos de la Generalitat, Javier Martín (director general de Emergències i Extinció d'Incendis), Jorge Suárez (subdirector de la Agència Valenciana de Seguretat i Resposta de les Emergències en la Comunitat Valenciana) e Immaculada Piles (jefa del servicio de Emergències de la Comunitat Valenciana).
La Fiscalía asegura que la petición del recurso interpuesto por la Asociación Damnificados Dana Horta Sud València, que pedía declarar a los cargos mencionados, no debe ser estimada porque, según fundamenta el auto, "de manera específica se ha de atender, al objeto de acordar la declaración, como querellados a los partícipes del proceso de adopción de medidas de autoprotección de la población, atribuyéndose por el momento el mismo a la máxima autoridad, la consellera, que tenía en ese momento dichas facultades, así como por su relevancia orgánica y por ende decisoria, Emilio Argüeso".