La Casa de Aba se enfrenta desde el 2023 a una investigación judicial por la explotación de unos pozos ilegales que tiene en su finca Aljóbar, ubicada en Aznalcázar (Sevilla), en las puertas del Parque Nacional de Doñana, a raíz de una denuncia presentada por Ecologistas en Acción y la posterior intervención de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y el Seprona, que detectaron el uso irregular de nueve pozos que no contaban con autorización. La empresa familiar que gestiona la finca es Eurotécnica Agraria, representada legalmente por Luis Martínez de Irujo Hohenlohe-Langenburg, nieto de la duquesa de Alba, que hasta ahora es el único miembro de la familia que ha tenido que declarar como investigado ante el magistrado que lleva la causa, Pablo Aragón, titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Sanlúcar la Mayor (Sevilla). La Fiscalía de Medio Ambiente de Sevilla, que investiga un presunto delito ambiental (artículo 325 del Código Penal) y desobediencia, ha pedido ahora al juez que instruye la causa que impute a tres hermanos de la Casa de Alba, Eugenia, Cayetano y Fernando Martínez de Irujo, que figuran como consejeros de la empresa Eurotécnica Agraria, junto con el representante legal, Luis Martínez de Irujo.
Petición para ampliar la instrucción
En el escrito elevado en el juzgado, la fiscalía pide que sean citados como investigados "los diferentes miembros del consejo de administración" de la empresa Eurotécnica Agrària, así como la misma entidad como persona jurídica; y que "se oficie a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) a fin de que, cuanto antes mejor, remita copia de cuántos expedientes sancionadores" haya incoado contra la empresa en cuestión. La fiscalía también ha pedido al juzgado que amplíe seis meses más el plazo de la instrucción de la causa al considerar que son indagados "hechos que serían como mínimo constitutivos de un presunto delito contra el medio ambiente, vista la extracción sistemática y de carácter industrial de agua en una superficie muy extensa y mantenida durante muchos años con grave perjuicio para el medio natural".
Extracción de 6.600 millones de litros
La familia aristocrática reconoce tener nueve pozos ilegales en su propiedad, utilizados para regar 200 hectáreas de cultivos de cítricos, entre ellos las naranjas gourmet que comercializa la Casa de Alba, y olivar superintensivo. Según la investigación de la Guardia Civil (Seprona), entre el 2014 y en el 2021 se extrajeron aproximadamente 6.600 millones de litros de agua del acuífero Aljarafe Sur, vinculado a Doñana. El daño ambiental se estima en más de seis millones de euros, con posibles efectos irreversibles en el acuífero interconectado en Doñana. Eurotécnica Agraria, la empresa familiar que gestiona la finca, inició trámites para regularizar los pozos mientras avanzaba la investigación judicial. El juez Pablo Aragón ordenó una serie de medidas administrativas y cautelares en un auto con fecha de 31 de enero, como la citación de Luis Martínez de Irujo, el precinto de ocho pozos ilegales y la retirada de las bombas de extracción. La violación de esta medida puede derivar en un delito de desobediencia a la autoridad judicial. La causa también puede derivar en sanciones y multas que podrían llegar a los 4 millones de euros, además de reparaciones de los daños ambientales.
Eugenia, presidenta de la empresa
Eurotécnica Agraria tiene una presidencia rotatoria entre los miembros de la familia Martínez de Irujo Fitz-James Stuart. Eugenia Martínez de Irujo, duquesa de Montoro, figura como presidenta de la empresa en el periodo investigado, según los documentos judiciales, y Luis Martínez de Irujo Hohenlohe-Langenburg actúa como representante legal y gestor operativo de la finca Aljóbar, aunque no participa en el funcionamiento diario. Eugenia Martínez de Irujo fue la primera imputada en esta causa, pero finalmente el magistrado aceptó la petición de la empresa de excluir a la duquesa de Montoro con el argumento que no estaba en el día a día de la gestión de la finca y nunca ha participado en la gestión de la explotación agrícola de naranjas de la finca, lo que acabó con Luis Martínez de Irujo como investigado y declarando ante el juez el pasado 20 de febrero.
Argumentos de la defensa
El representante legal de la empresa reconoció la falta de contadores en los pozos para medir el agua extraída, aunque alegó que el riego se ajustó al volumen autorizado (605.150 m³ anuales). La Casa de Alba también se ha defendido afirmando que los pozos mejoraron la hidrodinámica del acuífero y presentaron un contrainforme para desacreditar el peritaje del Seprona, acusando a la Guardia Civil de tergiversar los datos. Pero tanto los peritos como la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir rechazaron estas afirmaciones, señalando que el acuífero ya estaba sobreexplotado y que las extracciones agravaron su deterioro. Luis Martínez de Irujo también declaró que desconoce los detalles operativos de la finca y atribuyó la gestión diaria a otros responsables. También mencionó intentos de regulación de los pozos después de la denuncia de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en el 2023. La Fiscalía de Medio Ambiente de Sevilla, sin embargo, mantiene la acusación por un presunto delito ambiental (artículo 325 del Código Penal) y pide que se impute a los tres hermanos miembros del consejo de administración de la empresa mientras el juez Pablo Aragón evalúa la apertura de juicio oral.