La fiscalía de Barcelona ha presentado un recurso a los juzgados de Martorell para exigir que los nueve profesores del IES El Palau de Sant Andreu de la Barca (Baix Llobregat) denunciados por presuntamente señalar a hijos de guardias civiles en clase sean investigados en una sola causa.
Ahora mismo dos jueces investigan a los nueve maestros.
El recurso se ha presentado ante el titular del juzgado de instrucción número 3 de Martorell, que ayer decidió investigar sólo uno de los nueve profesores del IES El Palau de Sant Andreu porque su intervención en clase se limita al 20 de octubre pasado, mientras que los hechos por los cuales el resto de docentes están acusados pasaron el día 2.
De su lado, el titular del juzgado de instrucción número 7 de Martorell tiene a sus manos la denuncia de la fiscalía contra los otros ocho profesores por sus intervenciones en clase el pasado 2 de octubre y tiene que decidir ahora si lo admite a trámite.
Antes de que este magistrado tome una decisión, el ministerio público ha recurrido la división de su denuncia argumentando que los nueve profesores tienen que ser investigados en un mismo procedimiento, ya que la intervención del docente ante los alumnos del día 20 de octubre no se entiende sin tener en cuenta lo que pasó el 2 de octubre.
Concretamente, el titular del juzgado de instrucción número 3 de Martorell investiga David T., profesor de tercer curso de ESO que el pasado 20 de octubre pidió en clase que levantaran la mano los hijos de guardias civiles, con motivo de la huelga estudiantil de 48 horas "a favor de la República" que se había convocado para unos días más tarde.
Según mantiene la fiscalía en su denuncia, el profesor emplazó entonces a los hijos de guardias civiles a acudir al instituto en las jornadas de huelga y a asistir a clase con normalidad, de manera que, sostiene la fiscalía, los puso en "evidencia" ante todos los alumnos, "señalándolos de esta forma para ser blanco del rechazo y la hostilidad de sus compañeros de aula".
El juez ha acordado investigar a este profesor por los delitos contra los derechos fundamentales en su modalidad de lesión de la dignidad de las personas por motivos de discriminación por nacionalidad y contra la integridad moral.
En su denuncia, el ministerio público acusa a los 9 profesores —incluido David T.— de haber creado a clase un "clima de hostilidad" hacia los hijos de guardias civiles, criticando la actuación policial para impedir el referéndum y tildando a los agentes de "animales", "salvajes" o "perros rabiosos".