La opción de La Ràpita se ha quedado en las puertas del 20% de la votación en la consulta sobre el cambio de nombre de Sant Carles de la Ràpita (Montsià). Este era el porcentaje que hacía falta para que cualquiera de las dos opciones fuera vinculante, según el acuerdo municipal que establecía los parámetros de la votación popular celebrada este martes en el municipio de L'Ebre.
26,72% del censo
3.329 personas han votado a la consulta, el 26,72% del censo de 12.458 electores, de las cuales 2.246 han optado por cambiar a La Ràpita (el 18,03%) y 1.045 se han decantado por mantener Sant Carles de la Ràpita, con 9 votos en blanco y 28 nulos. Ahora, el futuro de la nomenclatura del pueblo queda en manos del pleno municipal, en que tendrá que decidir si saca adelante el cambio de nombre cómo quiere ERC o mantiene el actual.
El turno de los políticos
El alcalde de Sant Carles de la Ràpita, Josep Caparrós, había indicado previamente que en caso de que no se llegara al 20% de apoyos a una de las opciones, sería trabajo de los grupos políticos decidir qué se hace con los resultados porque habría bastante con un acuerdo por mayoría absoluta del pleno del Ayuntamiento para pasar el tema a la Generalitat y hacer efectivo el cambio del nombre oficial. Teniendo en cuenta que Esquerra Republicana de Catalunya tiene mayoría absoluta en el Ayuntamiento no haría falta votar, pero el alcalde tenía claro - tal como explicó en una entrevista a El Nacional.cat - que quería dar la voz en el pueblo para que sean los vecinos los que decidan.
"Tendremos que analizar cómo ha ido la consulta porque el órgano competente para cambiar el nombre del pueblo es el Ayuntamiento, por lo tanto dependemos del resultado", indicaba.
Caparrós también explicaba que previamente se ha pedido un informe al Instituto de Estudios Catalanes (IEC) para asegurar que la opción La Ràpita tiene el aval de este organismo.
Pendiente del juicio para el 1-O
A todo esto, la Ràpita también acaba de conmemorar el 1-O y lo ha hecho muy pendiente del juicio contra el alcalde, Josep Caparrós, y el primer teniente de alcalde y delegado del Govern a L'Ebre, Albert Salvadó, justamente por el referéndum del 1 de octubre de ahora hace cuatro años. En esta entrevista también hablamos de este tema con el alcalde a quien la Abogacía del Estado pide endurecer la pena hasta los 15 años de inhabilitación.