Un caso de gravedad. La Audiencia de Barcelona ha juzgado este miércoles a un funcionario de la prisión de Brians 2, en Sant Esteve Sesrovires, a quien la fiscalía ha pedido cuatro años y dos meses de prisión por los delitos de torturas, amenazas y uno continuado de coacciones a un recluso, a finales del año 2016. Esta irregularidad fue denunciada por la dirección de Servicios Penitenciarios del Departament de Justicia a la fiscalía de Sant Feliu de Llobregat, que impulsó la acusación. En el juicio, en la sección 3.ª, la víctima ha declarado que el funcionario lo agredió y después lo amenazó con denunciarlo de haber violado al compañero de celda para que no dijera nada, y que no lo denunció "por miedo". Por el contrario, el funcionario ha negado la agresión y ha asegurado que "paró al recluso con la mano y sin tocarlo" porque iba corriendo hacia el despacho de funcionarios.
En el escrito de acusación, la fiscalía expone que en el 2016 el funcionario era jefe de la unidad de Servicio Interior del módulo 13 del penal Brians 2, donde hay algunos reclusos condenados por delitos sexuales. El 7 de noviembre del 2016, el recluso estaba en el comedor del módulo 13, cuando vio una fuga de agua y que una parte del techo del despacho de los funcionarios se desprendió y fue para ayudarlos. El acusado, según el fiscal, con "absoluto menosprecio a la integridad física" del recluso, lo cogió y le pegó tres puñetazos en el pecho y uno a la nuca, y lo hizo retornar violentamente al comedor. El segundo incidente se sitúa entre el 7 de noviembre y el 11 de diciembre de 2016, cuando el funcionario ordenó al recluso que denunciara a su compañero de celda diciendo que lo había violado, cuando era totalmente falso. En el juicio, hoy, el funcionario ha negado estas amenazas. Y, la víctima ha aclarado que era a él, a quien amenazaba con que lo denunciaría de haber violado al compañero de celda.
Testigos
En el juicio, en la sección 3.ª de la Audiencia de Barcelona, un exrecluso ha declarado que eran en el comedor cuando cayó una parte del techo y su compañero, la víctima, "asustado" fue a decírselo a los funcionarios, y que dentro del despacho el acusado "lo cogió por el cuello y de una forma un poco violenta". En su declaración, la víctima ha ratificado la agresión y que "tenía "miedo y lloraba y pidió a sus padres" que lo dijeran a la dirección de la prisión. "Me insultaba y me llamaba violador y abusador de niños", ha declarado el exrecluso, que ha cumplido una condena de 12 años de prisión.
Una funcionaria, que estaba en el despacho de los funcionarios, ha afirmado que "no recuerda" si su compañero agredió al recluso en el pecho y las amenazas, aunque en el juzgado lo aseguró, según le ha recordado el fiscal. Con todo, la funcionaria ha confesado que "se sentia incómoda" con el acusado y entonces jefa del módulo. La abogada de la defensa ha insistido que los funcionarios que inicialmente acusaron al jefe de servicio es porque ellos, después, fueron descubiertos en un caso de tráfico de drogas y "quizás podrían querer actuar contra él". Dos funcionarios, aportados por la defensa, han asegurado que "nunca" vieron al acusado pegar o faltar a un recluso, y que imponía "orden y organización", en palabras de su abogada.
Un agente de los Mossos de Esquadra ha explicado al tribunal que recibieron la orden de la fiscalía de investigar si se había producido un trato degradante a los reclusos por parte del acusado, porque se denunció que los insultaba y les decía "violadores". Ha expuesto que no hay imágenes de los hechos porque la dirección de Brians 2 les dijo que supieron de la agresión un mes después y que no guardan las imágenes de las cámaras.
Penas
Al final de la vista, el fiscal ha mantenido la petición de las penas. En concreto, le pide: dos años de prisión por un delito continuado de coacciones; un año y tres meses de prisión por un delito de torturas y ocho años de inhabilitación absoluta; once meses de prisión por el delito de amenazas, y por el delito de lesiones leves, una multa de 360 euros.
Además de denunciar los hechos en la fiscalía, el Departament de Justicia suspendió de trabajo al funcionario durante seis meses, el máximo que permite la ley, de forma cautelar, y el expediente disciplinario se mantiene abierto hasta que no se resuelva la vía judicial. La abogada del funcionario ha pedido su absolución porque "los hechos no sucedieron" y porque el recluso no lo denunció ni al médico del centro. El funcionario, a preguntas de su abogada, ha explicado que hace 29 años que trabaja en las prisiones catalanas y que actualmente es jefe de unidad en la prisión de Puig de les Basses.