Un agravio pendiente de resolver. Uno de los temas urgentes del Departament de Justícia i del Govern de ERC para el 2023 es conseguir que el Gobierno apruebe una partida presupuestaria para poder hacer efectiva la jubilación anticipada de los funcionarios de las prisiones catalanas, tal como acordó la consellera Lourdes Ciuró (Junts) con todos los sindicatos (CCOO, UGT, Intersindical- CSC, CSIF i IAC-CATAC)en diciembre de 2021, y se aprobó por el Govern, todavía de ERC y de Junts, el marzo pasado. Ahora todo son prisas para no volver a perder esta aprobación, y los sindicatos piden al gobierno de Pere Aragonès "que se haga valer" para obtener luz verde de Pedro Sánchez. Actualmente, hay unos 4.000 funcionarios de prisiones con una plantilla "muy envejecida", y los sindicatos aseguran que la media de edad ya roza los 54 años, y en algunas prisiones, como la de Ponent, llega a los 60 años. El acuerdo es que los funcionarios de prisiones se puedan jubilar a 60 años con unos 35 años de servicio cotizados, como ya hacen los funcionarios de prisiones del resto del Estado español, ya que están adscritos a Muface, y solo Catalunya (1986) y el País Vasco (a finales del 2021) tienen transferida la gestión de las prisiones.
La nueva consellera de Justicia, Gemma Ubasart, ha afirmado públicamente que su departamento trabaja para que la jubilación anticipada de los funcionarios de prisiones sea una realidad. El Departament de Justícia, sin embargo, admite que es un tema complicado y técnico y que no se habían hecho todos los deberes para hilvanarlo. Detalla que se han activado dos vías: la legislativa, a través de una enmienda al Proyecto de Ley de Eficiencia Procesal, que presentó el grupo de ERC al Congreso el noviembre pasado; y la técnica, en la cual se elabora la documentación de solicitud en el Ministerio de la Seguridad Social para justificar la necesidad de anticipar la jubilación de este colectivo, y que se puede presentar formalmente este enero. Los sindicatos de UGT, CSIF y AIC/CATAC consultados definen como "prioritario" conseguir la jubilación anticipada del colectivo por cuestiones de seguridad y del necesario rejuvenecimiento de la plantilla, especialmente en régimen interior, donde se realiza la vigilancia de los reclusos. Precisan que el informe técnico sobre la plantilla de prisiones ya se hizo, a partir de un trabajo en grupo en el 2020. Añaden que hasta ahora "ERC no había mostrado interés para alcanzar este acuerdo", y le reclaman que presione el Gobierno —el cual, recuerdan, necesita el apoyo del grupo republicano para aprobar los presupuestos generales— para alcanzarlo. También reclaman que se impliquen todos los grupos políticos catalanes.
El ejemplo de los Mossos: 500 jubilaciones anticipadas
La reivindicación de los funcionarios de prisiones es equiparable a la lucha histórica que protagonizaron los sindicatos de los Mossos de Esquadra para obtener la jubilación anticipada, como tienen el resto de cuerpos policiales del Estado español. Lo consiguieron a finales el año pasado, y según el Departament d'Interior, este año 2022 se habrán jubilado de forma anticipada unos 500 agentes de la policía catalana, y el año que viene y el 2024 serán unos 200 cada año. En las prisiones trabajan dos cuerpos técnicos: el de tratamiento y el de régimen interior o vigilancia, además del cuerpo de Mossos. Cuando se firmó el acuerdo con los sindicatos, el Departament de Justícia informaba de que en los próximos 10 años se podrían acoger a esta modalidad de jubilación en torno a 1.500 profesionales de los servicios penitenciarios, que representan el 40% de la plantilla sobre un total de 3.700 trabajadores.
La reclamación de los sindicatos
Xavier Martínez, portavoz de la UGT-Presons, sindicato mayoritario en los centros penitenciarios catalanes, afirma que ahora es "una cuestión de negociación política" para que, finalmente, los funcionarios de prisiones catalanes se puedan jubilar a los 60 años. "La nueva consellera ha dicho que lo quiere aprobar, pero hace falta que ERC haga su trabajo", insiste. Martínez detalla que la enmienda en la ley de eficiencia procesal no se votará hasta este febrero, y que se mantienen "expectantes" de la actuación que hará el gobierno de Pere Aragonès. Además, insiste en que por ahora no se trabaja para rejuvenecer la plantilla de los centros penitenciarios catalanes. "La oferta pública aprobada por la Generalitat en el 2022 cuenta con más de 800 agentes de los Mossos, mientras que de funcionarios de prisiones, solo 144, que son los que se jubilaron en el 2021, y este año serán más. En régimen interior hemos perdido unos 600 efectivos, que implica una reducción de más del 15%", lamenta Martínez.
El representante de CSIF-Presons, Alberto Gómez, es más tajante: "Es una vergüenza. No han hecho nada desde el acuerdo con los sindicatos de diciembre del año pasado y ahora todo es voluntad política." Gómez sostiene que el informe sobre la plantilla de trabajadores de prisiones nace a partir de un trabajo inicial que hizo la CSIF en el 2016, el cual después se ha actualizado con el trabajo conjunto, y que miembros de su sindicato hace un mes fueron al Ministerio de la Seguridad Social para que aprobase la jubilación anticipada de este colectivo.
Representantes del sindicato IAC/ CATAC manifiestan que "Junts llegó tarde al presentar una enmienda y que hasta ahora ERC no estaba por la labor" y aseguran que su sindicato volverá a hacer una acción política para que se apruebe en Madrid. Reconocen que "se sienten muy solos" porque los funcionarios del Estado español ya tienen la jubilación anticipada, y que si se tarda demasiado ya no se llegará a tiempo, porque ahora ya se jubilan en régimen ordinario entre 50 y 100 trabajadores cada año. IAC/ CATAC plantea una alternativa. que es que se amplíe a toda la administración de la Generalitat la segunda actividad que pueden realizar funcionarios de prisiones, ahora limitado a los centros penitenciarios, y al cual han ido unos 66 funcionarios. El sindicato expone que se han acogido mandos de vigilancia de 57 años a la segunda actividad ante la presión que implica su trabajo, y sostiene que "tendría que ser una preocupación para Justícia, porque se pierde capacitación y experiencia".
El reconocimiento de agentes de la autoridad
Por otra parte, el portavoz de la CSIF, Alberto Gómez, afirma que una segunda reivindicación histórica es que los funcionarios de prisiones sean reconocidos como agentes de la autoridad, lo que, en su opinión, reduciría el número de agresiones que sufren por parte de reclusos violentos. El portavoz de la UGT, Xavier Martínez, también es tajante en este punto: "Si somos agentes de la autoridad, se reducirán las agresiones, que sufrimos y que ahora salen gratis. Se nos verá como un colectivo fuerte." Actualmente, la reforma de la ley orgánica penitenciaria para incluirlo está en tramitación.