Carlos García Juliá, condenado por la matanza de los abogados de Atocha de 1977 y recientemente extraditado a España desde Brasil, ha salido a primera hora de este jueves de la prisión de Soto del Real (Madrid) tras la nueva liquidación de condena que realizó la Audiencia Provincial de Ciudad Real.
Carlos García Juliá / Europa Press
La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Ciudad Real propuso una nueva liquidación a petición de la defensa de García Juliá, que rebajaba los años que tenía que continuar en prisión sin cumplir los 12 años que le restaban por su participación en la matanza de Atocha, cometida el 24 de enero de 1977 en un bufete de abogados laboralistas por miembros de la extrema derecha.
Más de 20 años en búsqueda y captura
García Juliá, preso en la cárcel madrileña de Soto del Real, fue entregado a España por las autoridades brasileñas a principios del pasado mes de febrero después de que estuviera más de 20 años en búsqueda y captura. Tras ser condenado por la matanza de Atocha a 193 años y cumplir varios años de cárcel, se fugó cuando disfrutaba de un permiso a principios de los noventa.
Cuando ingresó en Soto del Real el 7 de febrero pasado, al terrorista le quedaban por cumplir 3.845 días, esto es, diez años de condena, concretamente hasta agosto de 2030. Entre otras cosas, el tribunal le ha aplicado 787 días de liquidación por redención extraordinaria y 429 días por la estancia en prisión en Brasil tras ser arrestado en diciembre de 2018.
El abogado de García Juliá se dirigió a la Audiencia Provincial de Ciudad Real solicitando la práctica de una nueva liquidación de condena por ser el último tribunal que emitió una sentencia en su contra, en este caso por una causa distinta a la de la matanza de Atocha.
Que no salga de España
La Fundación Abogados de Atocha ha pedido a la Justicia que adopte las medidas necesarias para que Carlos García Juliá no pueda abandonar España.
La Fundación presentó un recurso de súplica ante ese tribunal y una petición de amparo al Tribunal Constitucional, que aún no ha decidido si lo admite, según ha indicado a Efe Cristina Almeida, la abogada que, tras diez años jubilada sin ejercer, ha vuelto a darse de alta en el Colegio de Abogados para llevar este asunto.