Después de casi tres años de sequía en Catalunya, con lluvias a nivel mínimos, y un otoño seco por tercer año consecutivo, el área metropolitana de Barcelona entrará en situación de emergencia previsiblemente a finales de noviembre o principios de diciembre —como ya lo están 23 municipios de las comarcas del Berguedà, el Solsonès y el Ripollès que dependen del río Llobregat—, y el director de la Agencia Catalana del Agua (ACA), Samuel Reyes, no descarta que puedan llegar barcos con agua potable como ya pasó con la sequía del 2008, una medida que, aunque descarta que sea a estas alturas urgente, "está sobre la mesa", según ha afirmado el director del máximo órgano relativo al agua en Catalunya este miércoles en una entrevista en Catalunya Radio.
La llegada de barcos con agua, valora Reyes, es una medida con "un impacto más visual, de concienciación o percepción,", pero señala que, de momento, no es prioritario, y que hay otras actuaciones previas que se están haciendo antes de tener que tomar tal medida: como mejorar las plantas potabilizadoras y las plantas de reutilización, para hacer una producción más eficiente, y concienciar la población para que haya un consumo más consciente. En este sentido, Reyes lamenta que no ve en la sociedad una percepción de sequía y de preocupación, "como si había en el 2008", "Eso es un problema", apunta, a su vez señalando que pronto saldrá una campaña de concienciación por parte de la ACA.
"Hay muchos ciudadanos que todavía no saben que están en sequía, porque no ha habido cortes en su casa", ha valorado el director del máximo órgano relativo al agua a Catalunya, especialmente apuntando a Barcelona y el área metropolitana, donde no se ha vivido de momento un impacto tan grande como en algunos municipios más pequeños en zonas más afectadas, donde ha habido cortes y límites más estrictos de consumo. "No hemos visto un cambio grande, quizás el césped más seco," ha señalado Reyes, mientras que en poblaciones como Vallirana han visto sus pozos secos. A partir de finales de noviembre y diciembre, cuando haya situación de emergencia en Barcelona, los ciudadanos lo notarán, ya que se dejarán de regar todas las zonas verdes y árboles. Eso sí, en el grifo de casa "puede ser difícil" que se note, puesto que se establece un límite de 200 litros por habitante y día, y quizás los hogares no llegan.
Reducir la presión y garantizar el abastecimiento a la actividad económica
En este sentido, Samuel Reyes ha explicado que operadores como Aigües de Barcelona, lo que están probando es a reducir la presión, de forma que con menos caudal en el grifo, se consumiría menos. Una medida que es, sin embargo, "difícil de gestionar" en ciudades con pisos altos, como Barcelona, y que no es el mismo que gestionar la presión del agua y que el servicio funcione adecuadamente en un pueblo donde todas las casas tienen la misma altura. El objetivo, explica al director del ACA, es garantizar el abastecimiento, especialmente en la actividad económica, ya que "tras esta vive allí mucha gente".
Conciencia en el consumo y ser más eficientes
Al mismo tiempo, el ACA afirma que apuesta por hacer inversiones y propiciar un modelo alternativo de producción de agua potable que no dependa tanto de la lluvia. Y Reyes lo ejemplariza con el hecho de que enero del 2021, sin alerta, el 85% del agua que consumían antes venía de los embasamientos, mientras que ahora de los embalses viene el 50%, mientras que el otro 50% viene de agua subterránea, desalinización y reutilización. Eso sí, ante esta vía, el director del ACA explica que se podrían hacer más desaladoras, pero se pregunta si este es el modelo de país que queremos, "con los costes energéticos altos e invadiendo la costa". Por eso, señala como preferible que haya más conciencia, una reducción del consumo y una producción más eficiente. "El objetivo es ahorrar sin que haya cortes", concluye.
Sanciones a municipios
Hasta el día de hoy, solo se han sancionado en los municipios que no pasaban al ACA los datos de consumo y los municipios de más de 20.000 habitantes que no estaban aplicando el plan de sequía, que es obligatorio. Ahora, explica Reyes, mirarán los expedientes, con los datos de septiembre, para sancionar en los municipios que consumen más agua de los límites permitidos en situación de emergencia por sequía. "Sin intención de recaudar", asegura, sino para un "uso racional del agua, porque hay poca".