La Generalitat ha propuesto a las administraciones supramunicipales y locales prorrogar el plazo de negociaciones con las empresas suministradoras de electricidad y de gas a fin de que suscriban la propuesta de convenio contra la pobreza energética que se les presentó el mes de enero pasado. Todas estas administraciones seguirán trabajando y estudiando las propuestas que las compañías formalicen sobre el convenio inicial que se les propuso.
El acuerdo, que contemplaba la adhesión de las empresas en un plazo de dos meses, que se cumplían este pasado viernes, requiere que las suministradoras de luz y gas no hagan ningún corte a familias vulnerables.
Desde el Gobierno se indica que el alargamiento del plazo permitiría dar continuidad a las negociaciones que han mantenido las diferentes partes durante estos dos meses, que han servido para acercar posiciones pero no se ha concretado todavía en la firma de ningún convenio con empresas suministradoras. Por su parte, las suministradoras han mostrado voluntad de seguir negociando para consensuar un convenio acordado, ya que ven carencias de procedimiento en la ley catalana 24/2015.
La propuesta de convenio consensuada entre las diferentes administraciones catalanas recoge compromisos de las suministradoras como el de dirigirse a los servicios sociales antes de proceder a cualquier interrupción del servicio, facilitar información a los usuarios sobre sus derechos y colaborar con las administraciones para hacer frente a los gastos derivados de la pobreza energética.
También incluye que promocionen medidas como el bono social o la optimización de la potencia contratada o la creación de una ventana única para determinados trámites vinculados a la pobreza energética.