Ninguna irregularidad. El gerente del grupo Iturri, Eduardo José Díaz, ha negado hoy cualquier irregularidad en el contrato del mantenimiento de vehículos de los Bombers de la Generalitat, hoy ante la titular del juzgado de instrucción 14 de Barcelona, que investiga este caso de supuesta corrupción investigada por los Mossos, según fuentes judiciales. Díaz, citado como investigado, ha explicado a la jueza que "hacía muchos años" que se arrastraba un problema de falta de presupuesto en el contrato de los Bombers, y que se tenían que esperar a la renovación de créditos para poder facturar reparaciones de meses anteriores, pero "nunca" se habían duplicado o triplicado reparaciones, como indica el atestado policial. La declaración de Díaz se ha tenido que parar pasada una hora del interrogatorio porque faltaba una documentación en la causa. Así, Díaz volverá a ser citado el próximo 25 de febrero, como también el exdirector de Servicios de Extinción de Incendios, Manel Pardo, que ha venido a la Ciudad Judicial de Barcelona. Al destaparse este caso, el Departamento de Interior, con el conseller Joan Ignasi Elena, rescindió el contrato con Iturri.
La magistrada Júlia Tortosa es la que primero ha interrogado al gerente del grupo sevillano, que desde finales de los 90 tenía contratado este servicio con los Bombers de la Generalitat. Eduardo José Díaz ha asegurado que puede dar explicaciones y respuestas a todas las supuestas irregularidades que aseguran haber descubierto los Mossos, y que él atribuye a un contrato con falta de presupuesto, según fuentes judiciales. Ha insistido en que las facturas seguidas de un mismo vehículo eran de meses diferentes, y se adjuntaba todo cuando había presupuesto. Para garantizar el derecho de defensa de Díaz, la jueza ha parado la declaración, cuando la fiscal le ha preguntado por una documentación que no tenían las partes. Pardo, con su abogada Judit Gené, también tendrán que volver la semana próxima.
Declaraciones
Hace semanas, la abogada del Departamento de Interior que denunció irregularidades en el mantenimiento de los vehículos de los Bombers de la Generalitat declaró en el juzgado, como testigo, que desconocía si había alguna práctica de corrupción en este contrato ni tampoco detalló nada de la supuesta comisión del supuesto 2% anotado en su expediente, según fuentes judiciales. Desde hacía más de diez años el Grupo Iturri de Sevilla hacía a este servicio, suspendido con el nuevo conseller Joan Ignasi Elena. El juzgado de instrucción 14 de Barcelona abrió en noviembre de 2021 una investigación a raíz de una denuncia de la fiscalía sobre irregularidades en el contrato de mantenimiento de los coches de Bombers de la Generalitat, que el conseller Miquel Sàmper le envió, cuando ya se marchaba del departamento. La primera jueza que era al frente del juzgado permitió la intervención telefónica de cargos públicos, con secreto de sumario. Inicialmente, hay siete cargos investigados de la Dirección General de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamentos (DGPEIS) por los delitos de malversación de fondo público, prevaricación y falsificación de documento público.
Los interrogatorios de los investigados seguirán este febrero y en marzo. Los principales son: el exdirector del servicio de extinción de incendios, Manel Pardo, cargo que dejó el junio pasado y asumió, Joan Delort. Delort tendrá un abogado de la Generalitat. Los otros investigados de la DGPEIS son: Julio Vázquez, responsable del parque móvil de los Bombers; Máximo del Valle, responsable del parque móvil; Antonio Ramos, subdirector general técnico de la Dirección General de Prevención y Extinción de Incendios, y Martín Hernández, ninguno de presupuestos.
Comisiones
El contrato de mantenimiento de los vehículos de los Bombers de Catalunya hace años que es deficitario y se agota su presupuesto antes de tiempo. Según fuentes judiciales, desde al menos el año 2014 hasta el año pasado se usaba lo que se conoce como mecanismo de reconocimiento extrajudicial de crédito, figura que no está en la ley de contrato, sí en el código civil, que el mismo Govern de la Generalitat aprobaba para ir pagando estas reparaciones. El año pasado, pero la secretaría general de Interior expresó que no quería utilizar más este mecanismo, pero no se rescindió el contrato. Entonces el exdirector Pardo fue a explicar a Claverol esta situación, que al final explicó a la abogada que detectó la irregularidad. Según la defensa de Pardo, este le detalló que el contrato arrastraba problemas de gestión del gasto, y además se incluían unos recargos que ahora eran del 2%, no obstante, se habían llegado a pagar hasta un 9,5%. Ella interpretó una comisión de corrupción y lo elevó a sus superiores, y el conseller Sàmper, lo derivó en la fiscalía y esta en el juzgado.
Este dinero, inicialmente no ha ido a parar a los bolsillos de ningún funcionario ni trabajador del departamento, aseguran desde Interior y de fuentes judiciales, después de que no se haya encontrado ninguna prueba en las escuchas telefónicas, hechas en diciembre del año pasado. En la resolución del 22 diciembre pasado, la magistrada deja bien claro que no hay ninguna acción de soborno del Grupo Iturri hacia los investigados de la Dirección general responsable del cuerpo de Bombers. La instructora asegura: "En ninguna de las comunicaciones intervenidas, de las cinco personas que han conversado sin cautela, no se deriva ningún indicio que hubiera una posible compensación dineraria o de cualquier otra naturaleza por parte de Iturri en favor de los funcionarios implicados."
Con todo, el secretario general del Departamento de Interior, Oriol Amorós, anunció el martes pasado a la Comisión de Interior del Parlamento de Catalunya, que hará una auditoría a fondo de todas las facturas que durante los años 2020, 2021 y 2022 se ha pagado a la empresa. A finales del año pasado ya se encargó una auditoría por unos 15.000 euros.