Vuelve la angustia y el desconcierto a víctimas de los atentados terroristas en Barcelona y Cambrils el 17 de agosto de 2017. La sentencia de los atentados, dictada por la Audiencia Nacional, en mayo de 2021, ha pasado a ser firme desde que el Tribunal Supremo la confirmó, el 27 de noviembre pasado, haciendo modificaciones, pero mantiene el reconocimiento de las víctimas, a las cuales el magistrado Alfonso Guevara aseguró en la primera resolución que "han sido las grandes olvidadas en esta instrucción". La firmeza de la sentencia implica que el Gobierno tendrá que indemnizar a unas 300 víctimas reconocidas en la vía penal, según las cifras a las que ha tenido acceso ElNacional.cat. Hay víctimas que ya fueron indemnizadas por la Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior, como los familiares de las 16 personas asesinadas, a las cuales se indemnizó con 125.000 euros a cada uno de sus progenitores o familiares directos. Hay otras víctimas, que seis años después de los hechos, no han sido localizadas ni contactadas por las administraciones.
Robert Manrique, víctima de los atentados de Hipercor y asesor de la Unidad de Atención y Valoración a Afectados por Terrorismo (UAVAT) -cerrada el mayo pasado por falta de apoyo institucional, aunque mantiene un espacio cedido por el Ayuntamiento de Barcelona en la Torre Jussana- ha vuelto a atender esta semana a víctimas del 17-A que no saben qué hacer para que el Gobierno las indemnice. Manrique afirma que Interior tendría que contactar con todas las víctimas para saber cómo están y si las personas indemnizadas han requerido nuevas operaciones o han estado de baja, hecho que implicaría nueva indemnización, aparte de las que nunca indemnizó. Un total de 74 víctimas fueron reconocidas por la Audiencia Nacional con los informes de la UAVAT y representados por la Asociación 11-M "la única que se ha preocupado por las víctimas del 17-A", sostiene Manrique, que espera que ahora Interior abra un plazo para que se pueda aportar la documentación.
Partida de 9,8 millones
Un año después de los atentados de Barcelona y Cambrils, el Ministerio del Interior indicó que había 16 personas muertas y 137 de heridas. Y, que de forma provisional había tramitado 130 expedientes de los 407 generados y que el Estado ha destinado 9.800.000 euros a indemnizaciones y ayudas a las víctimas. No ha habido más actualizaciones. Las resoluciones judiciales indican que la dirección general de apoyo a las víctimas se quedó corta con respecto a personas heridas. En concreto, la Audiencia Nacional ha reconocido a unas 176 personas heridas la Rambla por la furgoneta asesinada conducida por Younes Abouyaaqoub, aparte de otras 86 personas con secuelas físicas y psíquicas, después de ser evacuadas de la zona del atentado, algunas de las cuales rechazadas por el Gobierno, que ahora tendrá que rectificar. Además, hay 21 personas heridas en los ataques de los jóvenes radicalizados de Ripoll en el paseo marítimo de Cambrils, y finalmente, 33 personas heridas en las dos explosiones del chalet con explosivos de Alcanar, la mayoría de los cuales agentes de los Mossos y de los Bomberos, indemnizados por el Estado español.
"El Estado será responsable civil directo con los límites cuantitativos del artículo 20 de la Ley 29/2011, deduciéndose de las indemnizaciones aquí establecidas lo que ya hubiera abonado, así como el satisfecho por daños por el Consorcio de Compensación de Seguros, subrogándose si es el caso en el ejercicio de las acciones civiles contra los referidos acusados. Todas las indemnizaciones civiles se incrementarán con el interés legal del dinero incrementado en dos puntos desde la fecha de la presente sentencia", manifiesta la resolución de la Audiencia Nacional.
El tribunal, incluso, fija la cantidad de 60 euros por día impeditivo, elevándose a 80 euros si está de hospitalización y a 120 euros si lo es en UCI y reduciéndose 40 euros el día de curación o estabilización no impeditivos. Además, hace responsables de los afectados por las explosiones de Alcanar a los condenados Driss Oukabir, hermano mayor de uno de los terroristas, y Mohamed Houli Chemal, que sobrevivió a la explosión de la casa de Alcanar, donde murieron el imán de Ripoll, Abdelbaki Es Satti, y Joussef Aalla, y donde concentraban grandes cantidades de peróxido de acetona para hacer los explosivos.
En la primera sentencia, la Audiencia Nacional afirma que el juez instructor abrió una pieza separada de personas muertas y otra de lesionados, pero que "lamentablemente su tramitación ha carecido de sistemática, impidiendo conocer el verdadero número de personas lesionadas en los diferentes escenarios, así como determinar el alcance de los perjuicios sufridos desde el momento en que faltan informes periciales forenses, tanto de lesionados extranjeros, como de residentes en España. Los treinta tomos de la pieza de lesionados se han tramitado de forma meramente acumulativa de denuncias, partes médicos, mezclándose los de las diferentes víctimas, lo cual se ha tratado de paliar por las acusaciones al formular sus conclusiones provisionales solicitantes, muchas de ellas, pruebas periciales anticipadas. Añade que "en cuanto a los daños materiales, el olvido del juzgado ha sido absoluto, ningún ofrecimiento de acciones fuera del cual se realizó por Mossos de Esquadra en el atestado unido a la pieza de daños, ni se practicó ninguna tasación".
Asociaciones de víctimas
Consultada por ElNacional.cat cuando iniciará y actualizará las indemnizaciones del 17-A, la Dirección General de Apoyo a las Víctimas de Terrorismo ha contestado que "cuando se le notifique la firmeza de la sentencia, empezará a trabajar en su aplicación", sin dar ningún detalle más, y añade: "Las asociaciones de víctimas ya han sido informadas de este proceso". Una respuesta que ha molestado a Manrique porque asegura que "aparte de la Asociación 11-M ninguno ha dado apoyo a las víctimas del 17-A" y pregunta: ¿"De qué sirven las subvenciones a las entidades, que aseguran que trabajan por las víctimas, si no han dado ninguna partida económica ni las han buscado?", y afirma que actualmente "no hay ninguna asociación que vele por las víctimas en Catalunya". La mayoría de asociaciones ha visto cómo su trabajo o dirección ha sido politizada.
La Asociación 11-M Afectados del Terrorismo ha recibido 175.128 euros de subvención este año, y con Pilar Manjón al frente es la única -según la UAVAT- que ha ayudado directamente a víctimas del 17-A al asumir su representación legal (una forma de devolver el apoyo recibido del Govern por el atentado de 2004, con 192 muertos y miles de heridos en Madrid), mientras que la Associación Víctimas del Terrorismo (AVT), con una subvención de 268.947 euros el 2023, y Covite, 81.587 euros, entre otras, no consta que hayan aportado alguna ayuda directa a víctimas ni catalanas, ni españolas ni extranjeras del 17-A, como una decena más de entidades que reciben subvenciones oficiales.
Reclamos
Ante esta realidad, Robert Manrique expresa las tres prioridades de la UAVAT (aunque ahora solo tiene una sede) para las víctimas del 17-A y también las anteriores en Catalunya. La primera es que "hace falta una Ley autonómica de víctimas del terrorismo, que cubra las carencias que la ley estatal no aporta" y declara: "Es una vergüenza que queramos y tenemos que ser un país, y estemos a la altura de comunidades autónomas, con todo mis respetos, como Asturias, Baleares, Canarias o Ceuta y Melilla, cuando en Catalunya hemos tenido atentados desde 1960."
La segunda reclamación es que se vuelva a abrir la oficina de atención a víctimas de terrorismo, que la exconsellera de Interior, Montserrat Tura, abrió y el Govern cerró por la crisis económica, para acompañar a las víctimas y asesorarlas. Y finalmente, que "se actualice los protocolos para no repetir errores, como por ejemplo en filiar víctimas o de no contactar con ellas en atentados terroristas, o de confiar en la administración competente que lo hará, como pasó en el 11-M en Madrid y aquí". "No queremos que otras personas sufran por mala praxis de las administraciones", concluye Manrique.
En la foto principal, familiares de víctimas en el segundo aniversario del 17-A en la Rambla de Barcelona. / Foto: Carles Palacio