El gobierno balear no podrá retirar la condición de funcionario a los interinos que superen las oposiciones de estabilización, pero que al cabo de dos años no acrediten su dominio del catalán. Así, el Gobierno ha obligado al ejecutivo de Francina Armengol a eliminar esta cláusula incluida en el decreto regulador del procés|proceso de estabilización de interinos. Ahora, el nuevo acuerdo entre el ministerio de Política Territorio y el gobierno balear recoge que la no acreditación del catalán "supondrá la adscripción del funcionario de carrera con carácter provisional". Un nuevo estatus de provisionalidad que, para el gobierno balear, supone la posibilidad de destinar al funcionario no conocedor de la lengua catalana a otro lugar|sitio.

Inicialmente, el decreto 6/2022 cerrado por el ejecutivo de Armengol establecía que "si transcurridos los dos años no se acreditaba el conocimiento de la lengua catalana, estos trabajadores serían removidos del puesto de trabajo por falta de adecuación a las funciones". Ahora, sin embargo, esta posibilidad se ha desvanecido. Así pues, los funcionarios del Plan|Plano de Estabilización que obtengan una plaza fija a la administración pública balear y que no acrediten el conocimiento de catalán no perderán la condición de funcionario, tal como marcaba el decreto inicial.

Fuentes del gobierno balear han explicado al diario ABC que con el estatus de "provisional" el Gobierno central solo ha hecho un "apunte jurídico" sobre la consecuencia de no acreditar el nivel de catalán exigido. Un "apunte jurídico" que, según el ejecutivo balear, mantiene la posibilidad de mover de lugar|sitio de trabajo al funcionario desconocedor de la lengua catalana. Es decir, el trabajador perdería el lugar|sitio de trabajo, pasando a otro del mismo rango, pero no perdería la plaza de funcionario.

Obligan a los consells insulars a utilizar el castellano para optar a una subvención

Plataforma per la Llengua denuncia que el ministerio de Política Territorial obliga a los consejos insulares de las Illes Balears a presentar la documentación en castellano para pedir una subvención para la transformación digital y la modernización de la administración. Por el momento, la ONG del catalán ha anunciado que enviará una carta a la ministra, Isabel Rodríguez García, para expresarle su malestar con la discriminación que sufre el catalán y reclamarle un cambio normativo.

"Es un ejemplo más de una discriminación sistemática de los catalanohablantes por parte del Estado español y es fruto de una visión supremacista de los derechos lingüísticos: hay que tener en cuenta que los ciudadanos castellanohablantes y las instituciones situadas en un territorio de lengua propia castellana tienen siempre el derecho de utilizar su lengua en todo el Estado y con todas las administraciones", concluye la entidad en el comunicado colgado en su web.