El Govern ha aprobado este martes el plan nacional para la erradicación del amianto en Catalunya, que pretende alcanzar el objetivo europeo de retirar este material de todos los edificios públicos antes del año 2028 y al resto del país antes de 2032. Se ha habilitado un fondo específico de 10 millones de euros, ampliable con aportaciones adicionales a lo largo del año, para desarrollar este plan y conseguir eliminar las cuatro toneladas que se calcula que hay de amianto en el país. El texto validado por el Consell Executiu recoge 21 actuaciones enfocadas a la detección del amianto y la formación necesaria para los técnicos que lo tengan que sacar, entre otros. Estas actuaciones se organizan en cuatro ámbitos: la identificación, la retirada, la prevención y un nuevo marco normativo que el Govern cree que tiene que pasar por una ley específica de erradicación del amianto en Catalunya y también por una normativa estatal.
El amianto es un producto mineral ampliamente utilizado en la industria, en la construcción y en productos de consumo por sus propiedades aislantes, pero también por su bajo coste. Este material está clasificado como cancerígeno por la Organización Mundial de la Salud porque puede causar cánceres de pulmón, laringe y ovario, entre otras afectaciones. La OMS calcula que la mitad de las muertes por cáncer de origen laboral están causadas por el amianto.
El primer precedente judicial
El pasado mes de julio, el titular del juzgado de lo social número 8 de Barcelona dictó la primera sentencia que atribuye la muerte de un extrabajador del Metro de Barcelona a la exposición al amianto en el puesto de trabajo. La resolución establecía que el origen del mesotelioma que le causó la muerte el año 2019 fue por "estar en contacto con el amianto durante más de 20 años" mientras desarrollaba sus tareas profesionales, entre los años 1988 y 2008. El hombre era auxiliar técnico de mantenimiento y reparación de sistemas eléctricos y estaba adscrito a la unidad del sistema digital de datos tanto en los convoyes de transporte como las instalaciones ferroviarias, especialmente en los túneles. Por eso, la sentencia reconoció que la muerte fue por enfermedad profesional y concedía la pensión de viudedad del 100% a su mujer.
La sentencia acogía el argumento de la demanda presentada por Colectivo Ronda en representación de la familia, que señalaba que el difunto "estuvo en contacto con el amianto durante más de 20 años, sin ninguna protección ni control médico, siendo la causa de la defunción un mesotelioma pleural maligno, enfermedad que consta como profesional en el listado de enfermedades profesionales".
En la sentencia, el titular del juzgado de lo social número 8 de Barcelona señalaba con contundencia que el contacto continuado con el amianto es "con casi absoluta certeza" el origen del mesotelioma pleural que el año 2019 puso fin a la vida del trabajador, que entre los años 1988 y 2008 trabajó en el Metro, primero como auxiliar técnico en instalaciones eléctricas y posteriormente como especialista del servicio digital de voz y datos, "en contacto directo con los convoyes y con el sistema eléctrico del Metro de Barcelona".