Las dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que anulan los proyectos educativos de dos escuelas públicas por tener el catalán como lengua vehicular han hecho saltar las alertas en el departament de Educació y el Govern. Según anuncian desde la conselleria en un comunicado, los servicios jurídicos del departamento y del Govern "estudiarán con detenimiento" el recorrido judicial de estas sentencias que condenan al departament a fijar un mínimo del 25% de la enseñanza en castellano y anulan el proyecto lingüístico de dos centros.
"El TSJC está actuando basándose en la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) contra el Estatuto y de unos recursos de la época del PP, cuando era vigente la Ley Wert", denuncian, calificando esta ley de enseñanza como "la norma educativa más regresiva que se ha hecho nunca en el Estado en materia educativa".
Educación defiende las competencias educativas de la Generalitat
Desde el departament recuerdan que "corresponde a la Generalitat la competencia sobre el tratamiento de las lenguas y la inmersión lingüística en la escuela". "Así lo establece la Ley de Educación de Catalunya (LEC) en el Título II, que estuvo validado constitucionalmente", aseguran.
El departamento de Educación defiende que "el TSJC está actuando basándose en la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) contra el Estatuto". / Pau de la Calle.
Añaden que la nueva ley de educación estatal, la LOMLOE, popularmente conocida como ley Celaá "lo ratifica y, por lo tanto, establece que corresponde a la Generalitat las decisiones en materia lingüística". En este sentido, dudan de que los jueces del TSJC "vayan mucho más allá de las funciones legislativas que les son atribuidas y que entren en un debate que es 100% pedagógico y educativo".
"El catalán ha sido y seguirá siendo una lengua de oportunidades"
Para el Departament de Educació, "el catalán ha sido y seguirá siendo una lengua de oportunidades" para todo el mundo. "Nadie merece ser excluido de su correcto aprendizaje", defienden en el comunicado.
Las sentencias del TSJC conocidas ayer parten a raíz de unas querellas las interpusieron unos padres de un centro educativo de la ciudad de Barcelona y otro de Abrera (Barcelona) asesorados jurídicamente por la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB). En los dos casos, la sala contenciosa-administrativa (sección quinta) ha resuelto por unanimidad.
Las sentencias, que no son firmes y se pueden recurrir ante el Tribunal Supremo, resuelven los recursos de los demandantes contra la resolución del conseller d'Ensenyament del 25 de julio del 2018 que desestimaba la solicitud de modificación del régimen lingüístico del sistema educativo público catalán.