La Agencia Catalana de Consumo ha propuesto sancionar a Renfe con 700.000 euros para vulnerar los derechos de los consumidores al considerar que estuvo falta de información a los viajeros y de atención al cliente a raíz de la avería en la R2sud el pasado mes de mayo causada por un incendio en un cuadro de señales en Gavà (Baix Llobregat). Concretamente, Consumo observó deficiencias en la información a los usuarios en relación a la alteración del servicio, los horarios y los transportes alternativos; detectó puntos de atención al cliente cerrados o que se vendían billetes en las máquinas automáticas para trayectos suprimidos o que se anunciaban como directos o semidirectos cuando en realidad se acababan deteniendo en todas las estaciones.
La Generalitat imputa a la operadora el cargo de "realizar prácticas desleales, por acción o por omisión" que hizo que los usuarios estuvieran mal informados a la hora de comprar billetes. Por Consumo, es una infracción muy grave "atendida la alteración social producida" y la "desconfianza que se ha generado en las personas consumidoras hacia este servicio ferroviario y la situación de predominio que Renfe tiene en el mercado". El mes de mayo, la Agencia Catalana de Consumo inició tres expedientes sancionadores en Barcelona, Tarragona y las Terres de l'Ebre por infracciones muy graves y ya avisó de que las multas podían oscilar entre 100.001 y un millón de euros, de acuerdo con el régimen sancionador del Código de Consumo.
Todavía hay dos expedientes por analizar
Los inspectores se desplegaron el día 3 de aquel mes a las estaciones de Rodalies de Barcelona-Sants, el Passeig de Gràcia, el Camp de Tarragona, Reus y l'Aldea-Amposta-Tortosa para comprobar si Renfe daba cumplido en sus obligaciones con los consumidores y si llevaba a cabo las medidas oportunas para minimizar las consecuencias de la incidencia. La propuesta de sanción de 700.000 euros solo hace referencia al primero de los expedientes, mientras que los de Camp de Tarragona, Reus y l'Aldea-Amposta-Tortosa todavía continúan en trámite. Eso podría hacer subir todavía más el importe total de la posible sanción si Consumo determina que también hubo irregularidades.
La avería se produjo el pasado 1 de mayo en Gavà y aunque inicialmente Adif lo atribuyó a un rayo, según el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) aquel día, no cayó ningún rayo en Gavà, ni en la zona del Baix Llobregat. Las pocas perturbaciones que se detectaron aquella noche estaban muy lejos de la incidencia sobre el cuadro de señales que afectaba esta línea de Rodalies. La hipótesis de Adif, gestor de infraestructuras, y el Ministerio de Transportes sobre el hecho que un rayo podría haber causado la incidencia de Gavà no se sostenía. El informe añadía que el día antes, el 30 de abril, las tormentas sí que afectaron al Baix Llobregat, pero que "el rayo más próximo al punto de interés (estación de tren de Gavà, con coordenadas UTM 31N X = 417162 m Y= 4572904 m) tuvo lugar a unos 4,5 km, en el municipio del Prat de Llobregat (16:01:13 UTC). Así se descartaba que hubiera hecho impacto al punto de interés.
Una incidencia con grandes afectaciones
Como consecuencia del incendio, la circulación de la R2 sur quedó gravemente afectada y durante unas tres semanas circularon, de forma progresiva, entre uno y cuatro trenes por hora y sentido hasta que el 20 de mayo se pudo restablecer el servicio. En la zona, los trabajos se alargaron durante 18 días para analizar los daños y reparar la infraestructura. Además de reparar el hilo de contacto, se repusieron ocho kilómetros de cable, entre otros.
La respuesta de Renfe
Renfe ha asegurado este martes que todas las modificaciones del servicio de la incidencia de Gavà el pasado mayo se consensuaron con la Generalitat, que es la titular del servicio. Así lo indican fuentes de la operadora después de que conocer que la Agència Catalana de Consum propone sancionar a la operadora. Según Renfe, se hizo un esfuerzo para garantizar la movilidad y para mantener informados a los clientes a través de todos sus canales de comunicación y atención al cliente a pesar de la complejidad de la situación.
La compañía tiene previsto analizar la propuesta de sanción con la Generalitat -como titular del servicio- y estudiar las medidas a adoptar. Renfe dispone ya de la notificación de Consumo y ahora tiene diez días para presentar alegaciones. El plazo máximo legal para resolver los expedientes sancionadores es de un año y por tanto podría ser que no se ejecutara hasta mayo de 2024, según apuntan fuentes del Departamento de Empresa.
Renfe también asegura que estuvo en "comunicación permanente" con la Generalitat desde la incidencia del pasado 1 de mayo y que, señala, se produjo de forma "totalmente sobrevenida provocando una importante afectación entre Castelldefels y El Prat". Desde entonces, la operadora dice que trabajó con el objetivo de garantizar la movilidad de los ciudadanos y que la reprogramación de los servicios fue ligada a la mejora de la capacidad operativa de la infraestructura, combinando el servicio ferroviario y por carretera.