Grandes ciudades metropolitanas como l'Hospitalet de Llobregat, Terrassa, Badalona, Sabadell o Mataró ven cómo el ocupación ilegal de viviendas se está convirtiendo en un foco importante de los problemas de convivencia en los barrios. El fenómeno del ocupación no es nuevo y ya la crisis económica del 2008 dejó a muchas familias en la calle que ocuparon pisos vacíos de grandes tenedores. Pero con lo que se encuentran ahora los ayuntamiento es que este ocupación lo protagonizan sobre todo personas con perfiles delincuenciales que ponen al límite los nivel de tolerancia de la ciudadanía. Los ayuntamientos consultados por la ACN, reclaman al Estado y la Generalitat más recursos y protocolos policiales claros para poder combatir el fenómeno.
"Los ocupaciones no tienen nada que ver con las que provocó la crisis hipotecaría. Entonces eran personas con una necesidad real de vivienda. Ahora son personas que vienen de fuera de la ciudad, que van de un municipio al otro y que nos ocasionan muchos problemas de convivencia con las comunidades de vecinos", explica el alcalde de Terrassa, Jordi Ballart
También en este sentido se expresa el alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, que rechaza la idea de que los ocupas se presenten como víctimas: "La víctima de verdad son en muchas ocasiones los vecinos que sufren las consecuencias del incivismo y la delincuencia". "Tenemos problemas en casi todos los barrios", se lamenta.
Pisos de grandes tenedores en el punto de mira
Los ayuntamientos señalan los pisos vacíos de los grande tenedores como principal foco de conflictividad, ya que son el objetivo prioritario de los ocupas. En Mataró, uno de los principales conflictos que se ha vivido recientemente fue el ocupación, hasta el verano pasado, de dos bloques de la Sareb en el barrio de Cerdanyola, donde vivía un centenar de ocupas con antecedentes policiales para robos.
Se los pudo desalojar por el estado insalubre del inmueble, que es hoy por hoy la vía más eficaz que té la administración local. "Las ocupaciones conflictivos acostumbran a estar asociados a viviendas muy degradadas y la única cosa que podemos hacer es por la vía administrativa, si hay alguna cosa que hace que la vivienda sea inhabitable," explica el alcalde de Mataró, David Bote.
Y es que en los casos de pisos que son propiedad de grandes tenedores, el resto de trámites no son siempre ágiles, como denuncia el alcalde de Terrassa, Jordi Ballart: "Intentamos hablar con los propietarios pero es complicado porque a menudo no tenemos un interlocutor válido porque hay detrás fondos buitres".
Ante la falta de herramientas para actuar, muchos ayuntamientos centran esfuerzos al evitarlas antes de que se produzcan. Uno de los ingenios más destacados es el dron que utiliza desde este verano a la Guardia Urbana de Badalona. El aparato sobrevuela la ciudad con una cámara termográfica, una cámara nocturna y un altavoz para poder enviar mensajes.
Demandas en el Estado y la Generalitat
Con todo, los alcaldes apelan a la colaboración de las administraciones supramunicipales para encontrar soluciones estructurales a la problemática. "Es muy complicado desde el mundo local poder hacer frente a todo eso. Pedimos más capacidad normativa, herramientas y recursos," reclama al alcalde de Terrassa. "Necesitamos más instrumentos legales", insiste el teniente de alcalde de l'Hospitalet.
También el alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, asegura que "hasta que el Estado no entienda que tiene que cambiar la legislación", los ayuntamientos están "atados de manos y pies". Albiol lamenta que actualmente "la ley beneficia y protege los ocupas ante los propietarios o los vecinos y esta realidad se tiene que cambiar".
Entre las peticiones de Albiol hay también "penalizar los ocupaciones ilegales" y habilitar a la policía para que pueda desocupar "cuando es evidente que una vivienda ha estado ocupada ilegalmente". En esta línea, Mataró pide la creación de la figura del fiscal especializado. Hacen falta, dice David Bote, soluciones "estructurales" para poder hacer desalojos de manera más rápida.
Las demandas que hacen los ayuntamientos, sin embargo, no se quedan sólo en el ámbito policial y judicial con el fin de garantizar la seguridad y la convivencia en los barrios. Reclaman también recursos para poder dar respuesta a la crisis habitacional que genera parte de los ocupaciones, aunque no sea las más conflictivas.