La Abogacía Catalana ha denunciado que la justicia en Catalunya y en el Estado español "acumula un importante déficit de inversiones" en los últimos años que "está llevando a la cronificación de importantes carencias que impiden disponer de una administración eficiente y de calidad", según un manifiesto, muy crítico, hecho público este miércoles, y en lo que pide "un gran pacto para modernizar la justicia". Y es que el adelanto de las elecciones generales al 23-J ha provocado que decaigan leyes importantes, como el proyecto de ley de eficiencia organizativa del servicio público de justicia, que se anunciaba como el gran revulsivo.
El Consejo de la Abogacía Catalana, que representa los 14 colegios de abogados del país, añade que la Administración de Justicia se tiene que adaptar a las "necesidades de las nuevas realidades sociales". Sostiene que en los últimos meses los juzgados reciben "la incapacidad de las administraciones para gestionar las diferentes huelgas", iniciada por los letrados de la Administración de Justicia, seguida por funcionarios (que se mantiene), y la amenaza de los jueces (que llegaron a un acuerdo), que -según la abogacía- "provocan importantes retrasos y disfunciones en el sistema judicial que causan un grave perjuicio a toda la abogacía y a la ciudadanía en general". El Ministerio de Justicia, que dirige Pilar Llop, es el responsable de los funcionarios de los juzgados, mientras que la Generalitat, de las infraestructuras. La Abogacía sostiene: "Hoy tenemos una justicia a punto del colapso, con una situación que favorece una inadmisible vulneración de derechos y que ocasiona pérdidas económicas no solo al sector de la abogacía, sino ya a la economía en general."
Las medidas reclamadas
Por todo eso, el Consejo de la Abogacía Catalana manifiesta que el actual estado de la justicia en Catalunya y en España "es insostenible en una democracia que tiene la obligación de proteger el estado de derecho", y por eso pide a todos los operadores jurídicos y a las administraciones implicadas "un gran pacto por la justicia que resuelva todos los déficits acumulados y a avanzar hacia una justicia moderna, eficiente y de calidad".
En este sentido, se considera imprescindible una apuesta firme de las administraciones para: desencallar las inversiones necesarias para modernizar y poner al día la administración de justicia; garantizar anualmente una dotación presupuestaria suficiente para dotar la justicia de los mejores recursos y herramientas, para situarla como un elemento fundamental del estado del bienestar y de preservación de los derechos fundamentales.
El reclamo de los jueces de Pau
La ley de eficiencia organizativa del servicio público de la Justicia incluía la supresión de la figura de los jueces de Paz, que el Govern quería revertir en Catalunya porque es una figura clave, mientras a gran parte del Estado es obsoleta. Actualmente, 898 municipios catalanes del total de 947 tienen juez de paz, mientras el resto tienen juzgado de instrucción y primera instancia. Con el anuncio de elecciones de Pedro Sánchez, y la consecuente disolución del Congreso de los Diputados y del Senado para discutir la ley de eficiencia, la Asociación Catalana en pro de la Justicia, que preside Xavier Ten, también ha emitido un comunicado en defensa de los jueces de paz "como miembros del Poder Judicial que ejercen funciones judiciales y defiende la competencia en materia de justicia de paz y de proximidad que el artículo 108 del Estatuto de Autonomía de Catalunya atribuye a la Generalitat de Catalunya". La asociación reivindica que defenderá que "los ciudadanos y ciudadanas de Catalunya no dejen de tener una justicia de proximidad y de paz, un servicio público y un derecho reconocido en el Estatuto de Catalunya".