"¿Cómo puedo pagar cuando voy al Mercadona?", "¡Tengo hijos que no están comiendo!". La desesperación de un grupo de toreros y trabajadores del mundo de este tipo de espectáculos irrumpió en una oficina del SEPE en Sevilla saltándose las normas impuestas para protegerse del coronavirus, y amenazando a los funcionarios que estaban atendiendo a los ciudadanos en aquel momento.
Una veintena de hombres, algunos sin mascarilla, acorralaron al director de la oficina andaluza del Servicio Público de Empleo Estatal, Enrique González. Se enfrentaron a él, se acercaron poniéndole la frente en su cara, lo acosaron e incluso estuvieron a punto de tirarle la pantalla del ordenador que tenía en la mesa. Y todo, bajo la mirada del vigilante de seguridad que tan sólo trataba de calmar el estado de ánimo de estos.
El escrache que se vivió duró un buen rato. Los manifestantes exigieron al funcionario que gestionara el cobro de las prestaciones que el mundo de los toros reclama y González respondió que es "el Gobierno quien debe hacer estas apreciaciones". Rápidamente, uno de los que amenazaba le preguntó si avalaba estas políticas y le exigió que firmara un papel conforme no estaba de acuerdo y no aprobaba las políticas del gobierno de Pedro Sánchez.
La Fundación Toro de Lidia ya ha presentado conjuntamente con la Unión Nacional de Picadores y Banderilleros Españoles una querella criminal contra el director de esta oficina sevillana por denegar, "de forma reiterada", las solicitudes de prestación extraordinaria presentadas. Los toreros y todos sus profesionales consideran que son artistas de espectáculos públicos y por lo tanto tendrían que tener acceso a las prestaciones aprobadas en el Real Decreto Ley 17/2020. Unas ayudas que, no obstante, no llegan a todo el mundo y, por lo tanto, no están recibiendo un trato discriminatorio sino que sufren, como el resto de la ciudadanía, los estragos de la crisis económica que ha comportado esta pandemia.