Durante seis años, el Juzgado de Instrucción 5 de Badalona ha estado investigando las presuntas emisiones contaminantes procedentes de la incineradora de TERSA. Ahora, un informe de la Guardia Civil advierte sobre los riesgos sobre la salud humana y para el entorno natural generados por la empresa pública TERSA, bajo la presidencia de Eloi Badia, exconcejal de Emergencia Climática en Barcelona y actualmente diputado de Sumar en el Congreso, que sigue como imputado por las emisiones contaminantes de la instalación, junto con el jefe de explotación.  

En abril del 2023, Eloi Badia declaró ante un juez en Badalona y defendió que la planta cumple la normativa, con la debida autorización medioambiental otorgada por el Departament d'Acció Climàtica de la Generalitat.

En concreto, en el informe se destaca que durante los años 2017-2022 se registraron datos de temperaturas de trabajo anormales para la incineración de residuos sólidos urbanos que no se pueden justificar por medios físicos. También que se observan ciertas anomalías como emisiones en procesos de parada y ausencia de datos sobre los contaminantes atmosféricos como el ácido fluorhídrico y amoníaco, o también anomalías en las temperaturas de combustión T2s con valores aberrantes. 

En el informe se llega a poner de manifiesto incluso que no ha sido posible encontrar un razonamiento físico que justifique tanto las temperaturas extremas observadas en los datos, así como los cambios bruscos en tan cortos periodos de tiempo sin consecuencias como daños estructurales en el material de los hornos, así como que no es posible dar fiabilidad a que los procesos de combustión se estén dando de manera que aseguren la destrucción de contaminantes como las dioxinas y furanos, los cuales son formados de manera espontánea en estos procesos.  

Ante esto el informe concluye que “no superar el umbral crítico de temperatura de destrucción de dioxinas y furanos mantenido en el tiempo, supone un riesgo de emisión de los mismos a la población, que, por sí mismo o conjuntamente con otros puede perjudicar significativamente el equilibrio de los sistemas naturales, suponiendo, además, un riesgo de perjuicio para la salud de las personas”. 

Airenet solicita diligencias de investigación 

A pesar del contundente informe de la Guardia Civil, TERSA ha solicitado el archivo de la causa, lo que ha generado preocupación entre los residentes y los grupos ambientalistas que han estado presionando para abordar los posibles riesgos asociados con la actividad de la incineradora.  

La asociación Airenet, que es uno de los demandantes, ya ha expresado en múltiples ocasiones su preocupación por la situación. Recientemente, solicitó una serie de diligencias de investigación relacionadas con el informe de la Guardia Civil. Entre ellas se incluye la investigación de las personas específicas dentro de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic (DGQAC), responsables de supervisar las actividades contaminantes de TERSA. En concreto, Airenet pedía que se citara en calidad de testigo a Mireia Boya, actual directora de la DGQAC y a Catalina Cerdà Pons, jefa del Área de Asesoramiento Jurídico en el Ámbito de Medio Ambiente. 

Además, se han reiterado las diligencias que incluyen requerimientos a TERSA para identificar personal clave relacionado con la supervisión del cumplimiento normativo en materia ambiental y energética, así como para aportar documentación relevante sobre la responsabilidad de ciertos miembros en la empresa.