"Lo mató que fuera cada día a curarse al CAP de Igualada Nord. Teníamos una falsa sensación de control". Así lo declara Antònia Puiggròs, hermana de Josep, de 52 años, que murió el 26 de septiembre de 2023 de una fascitis necrotizant (denominada enfermedad devoradora de carne), originada por una grave infección a raíz de un absceso cutáneo mal curado en el centro médico, a pesar de que fue  trece días seguidos. Su hermana, a través del despacho Fontanilla Abogados, presentó una demanda por daños y perjuicios contra la aseguradora del ICS (Instituto Catalán de la Salud) y del Servicio Catalán de Salud (SCS) ante la "desproporción" de la patología a tratar con el resultado de muerte.

Al final, sin llegar a juicio, Salud ha admitido "una deficiente atención médica" a Josep Puiggròs y ahora ha abonado unos 30.000 euros a su hermana como indemnización. Puiggròs ha querido explicar el caso del su único y querido hermano a ElNacional.cat para denunciar esta negligente actuación de enfermeras del CAP de Igualada Nord porque "era una muerte evitable".

Diabetes sin valorar

Josep Puiggròs trabajaba en una fábrica de papel reciclado, era fuerte y activo, y tenía un poco sobrepeso. Fue a la CAP de Igualada Nord porque le había salido un grano infectado por un pelo en la ingle, que le hacía daño. Fue al centro sanitario el 12 de septiembre de 2023 y cada día hasta el día 25, "disciplinariamente" para que le hicieran las curas. En la demanda, se explica que responsables sanitarios del centro no tuvieron en cuenta que tenía diagnosticado diabetes mellitus II, potenciador de la infección. Tampoco se le hizo un análisis del patógeno que provocaba la infección, aunque en los informes se recogía que la herida supuraba mucho, apestaba, y él se quejaba de dolor. Y a pesar de su empeoramiento y dolor, ningún médico lo visitó.

Trece días después, Josep se cayó al suelo en su casa, donde se lo encontró su hermana todavía con vida, todo y que débil y desorientado. En el hospital no pudieron hacer nada para salvarle la vida y murió de un choque séptico. La infección grave se le había extendido por toda una parte de cuerpo.

Negligencias en cadena

Antònia Puiggròs explica que su hermano no tenía una enfermedad grave. "La bacteria del dolor de garganta, que tenemos todos, se le puso en la herida. Nadie vio nada. Le dieron dos antibióticos que no le hicieron nada, y al final le hicieron un cultivo porque él se quejaba, aunque no le sirvió de nada. Ni se miraron el resultado. Lo dejaron para el lunes, y murió antes", declara afectada. "Fue una negligencia detrás de la otra", manifiesta.

Sus abogados, Irene Palomo Amat y José Antonio Fontanilla Parra, encargaron una pericial médica crucial, que detalla todos los errores sanitarios cometidos con su hermano y que incluyeron en la demanda. No se valoró que era diabético, ni se buscó el origen de la infección. "Como no se había llevado a cabo una investigación para conocer el antibiótico específico que le convenía para eliminar el patógeno, al paciente se le prescribió un antibiótico genérico enfrente del cual en realidad era resistente el patógeno, es decir, un antibiótico que era inadecuado para su erradicación", se detalla.

Medios disponibles

Los dos abogados concluyen: "La falta de pruebas fundamentales y el retraso en el diagnóstico y adecuación del tratamiento al concreto patógeno fue injustificable. El CAP de Igualada tenía a su disposición los medios para haber evitado y controlado la progresión de la infección, y el dolor con los cuales señor Josep vivió sus últimos días; y también su defunción, provocado por una gangrena que se extendió hacia un lado muy considerable de su cuerpo a causa de la falta de control y de atención sanitaria que precisaba."

Inicialmente, la aseguradora del ICS  no quería admitir la deficiente atención y la hermana del difunto tuvo que presentar la reclamación en los juzgados, finalmente cerrada por el acuerdo. El abogado Antonio Fontanilla lamenta que Salud no aceptara un acuerdo desde el inicio  porque “hubiera permitido evitar el gasto económico, el tiempo y desgaste emocional del procedimiento judicial”.

Se precisa que el importe transaccionado, de 30.000 euros,  es bajo por el hecho de que se toma como referencia el Baremo de Tráfico, aunque no es obligado. Sobre ello, Antònia Puiggròs declara que "más importante que la indemnización era Salud admitiera la negligencia", que la aseguradora le ha llamado deficiente atención médica para aceptar el acuerdo.

"Fue una desgracia evitable", concluyen Puiggròs y sus abogados.