La huelga indefinida de los Letrados de la Administración de Justicia, que empezó el 24 de enero, ha implicado la suspensión de 2.259 actuaciones entre el 30 de enero y el 3 de febrero en los juzgados de Catalunya, según ha informado el gabinete de prensa del TSJC este martes. Es decir, que se han suspendido juicios programados o declaraciones previstas. Precisamente, este martes el Consejo de la Abogacía Catalana ha reclamado al Ministerio de Justicia y a las organizaciones convocantes que "exploren todas las vías de diálogo y negociación para facilitar un acuerdo que permita desconvocar la huelga lo antes posible" porque afecta directamente a la ciudadanía y a la abogacía. El cuerpo de letrados de la Administración de Justicia, formado por unos 4.300 funcionarios en el Estado español, reclama al ministerio, que dirige Pilar Llop, que cumpla con las mejoras salariales acordadas al asumir más trabajo y responsabilidad en los juzgados.
Esta es la tercera semana de huelga en los juzgados. Un 25% de los letrados de la Administración de Justicia que ejercen en Catalunya secundaron el primer día de huelga indefinida, convocada en todo el Estado español. De los 641 antiguos secretarios judiciales, siguieron la huelga, unos 162, según los datos facilitados por el Departament de Justicia. Los datos no se han actualizado más ni se ha detallado si se cumplen los servicios mínimos.
Las cifras desglosadas
La afectación más importante registrada, entre la semana de 30 de enero al 3 de febrero, se ha concentrado en los juzgados de la demarcación de Barcelona, con 1.600 actos suspendidos: 431 en el partido judicial de Barcelona y 295 en el partido judicial de Sabadell. En Tarragona se han suspendido 444 actuaciones, de las cuales 186 en el partido judicial de Tarragona y 172 en el partido judicial de Reus; en Girona se han anulado 167 actuaciones programadas, y en Lleida, 48 actuaciones. Con respecto a jurisdicciones, la civil es la más afectada, con un total de 1.043 suspensiones, seguida por la jurisdicción penal, con 842 actos aplazados, según los datos recogidos por el TSJC.
Reclamo de la Abogacía para los vulnerables
Además de un acuerdo rápido, la Abogacía Catalana, presidida por Encarna Orduna, pide que "se vele escrupulosamente para que en los servicios mínimos establecidos se prioricen los casos que afecten personas en situación de vulnerabilidad, especialmente en los casos de familias, mujeres y niños vulnerables".
La Abogacía también alerta que la huelga "aparte de su afectación directa en el funcionamiento de los órganos judiciales, está teniendo también unos efectos indirectos que provocan la paralización de otras actuaciones rutinarias de los juzgados que no se tendrían que ver afectadas por la huelga, causando un perjuicio añadido a la ciudadanía", y por eso "insta a la administración competente" a establecer medidas.
Y, los 14 colegios de la Abogacía se ofrece en el TSJC "para trabajar en la mejora de los mecanismos de comunicación e información sobre la huelga, con el objetivo de poder anticipar en las 24 horas previas las previsiones de procedimientos suspendidos o afectados por la huelga y evitar los graves perjuicios de todo tipo que se están causando a la ciudadanía y a la abogacía".
Por su parte, las tres asociaciones convocantes -la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ), el Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justícia (CNLAJ), y la Asociación Independiente de Letrados de la Administración de Justicia (AINLAJ)- insisten en que "no es una huelga política, sino justa y legítima" para conseguir la adecuación salarial del cuerpo, que tiene el nivel A1 "peor pagado" en todas las administraciones.
