Este martes será el primero de muchos. Los sindicatos del mundo de la enseñanza decretaron hace dos semanas cinco días de huelga para protestar contra el cambio del calendario escolar, y para insistir en reclamaciones que se originan en la crisis económica de la pasada década y que ya se han vuelto históricas. Hay un día más de huelga, que caerá en 23 de marzo, pero en aquel paro no participarán todos los sindicatos, ya que es para protestar contra el 25% de castellano en las aulas catalanas. De todos modos, los cinco días de huelga se dividirán en dos partes. Esta semana habrá un paro durante tres días seguidos, martes, miércoles y jueves; mientras que los otros dos días se sitúan a finales de mes: el 29 y el 30 de marzo. Los sindicatos convocantes de este paro son USTEC, CCOO, la Intersindical, Aspepc, UGT, CGT y USOC.
Ante estas paradas, el Departament d'Empresa i Treball ha decretado los servicios mínimos para los días 15, 16, 17, 29 y 30 de marzo a fin de que las escuelas puedan funcionar con la máxima normalidad posible. Todo dependerá, evidentemente, del seguimiento que tenga el paro por parte de los docentes. De todos modos, el Govern ha dictado que en estos cinco días haya un 33% del profesorado activo, de manera que habrá un mínimo de un profesor por cada tres aulas. Eso tiene efecto desde Infantil 3 a 4º de ESO. Por otra parte, los servicios mínimos aumentan hasta el 50% en la educación especial y en las guarderías. Y también tendrá que estar la mitad del personal del servicio de comedor, de acogida, extraescolar y la atención a los alumnos con necesidades especiales. El Departament también pide que en todo momento haya, como mínimo, una persona del equipo directivo trabajando. Y, en las guarderías, tiene que trabajar una persona del claustro.
¿Por qué?
Todo empieza con un anuncio inesperado por parte del president de la Generalitat, Pere Aragonès, y el conseller d'Educació, Josep Gonzàlez-Cambray. En una rueda de prensa desde el patio de una escuela barcelonesa anunciaron que el próximo curso empezaría el cinco de septiembre, y no después del Onze de Setembre, como es habitual. Los sindicatos no tardaron nada en cargar contra la decisión -que tildaban de "bomba de humo" - y en pedir la dimisión de Cambray. Consideraban que era una maniobra del Govern para apartar del debate la obligación de tener que introducir el castellano como lengua vehicular y de la propuesta de nuevo currículum en la escuela. Y lo peor de todo: la comunidad educativa denunció que el Departament había tomado la decisión sin consultarla previamente con los sindicatos y el Consell Escolar.
Más tarde, los sindicatos protagonizaron la ocupación del edificio del Departament d'Educació, ubicado en la Via Augusta de Barcelona. Pidieron a toda costa una reunión con Cambray, que finalmente consiguieron. No obstante, el conseller se negó a hacer marcha atrás, y aseguró que el calendario se alteraría, tal como había anunciado de la mano del president de la Generalitat. Ni siquiera aceptó un aplazamiento de un año de esta modificación, una propuesta que se le hizo en una reunión extraordinaria del Consell Escolar convocada por él mismo.