La organización Human Rights Watch (HRW) denuncia en un informe que España incumple su obligación de cumplir con el derecho de las personas a la alimentación, lo que, a raíz de la crisis económica derivada de la pandemia del coronavirus, ha obligado a muchas de ellas a buscar ayuda no gubernamental. El estudio publicado este jueves "El fracaso de España en la protección de los derechos en medio del aumento de la pobreza vinculada a la pandemia" incide en que la inseguridad alimentaria y la pobreza son "problemas persistentes" en nuestro país. Además de la seguridad social a nivel nacional, la investigación de la ONG también hace referencia a los sistemas de asistencia específicos de las ciudades de Barcelona y Madrid, así como de las comunidades autónomas a las que pertenecen estas dos ciudades.

Aunque desde HRW consideran que para paliar los efectos de la pandemia el Gobierno implantó programas de apoyo al desempleo y de asistencia "con buenas intenciones", estos se quedaron "cortos" debido a los defectos existentes en el sistema de seguridad social y el diseño de las nuevas formulas de ayuda. Esto provocó, denuncian, que muchas personas siguiesen dependiendo de la ayuda no gubernamental para alimentar a sus familias y encontrasen dificultades para satisfacer sus necesidades básicas. "Las colas para conseguir alimentos en las iglesias, las asociaciones de vecinos y los centros comunitarios, con carros de la compra abandonados en filas ordenadas a la espera de la distribución, se convirtió en algo habitual", expone el estudio.

Medidas insuficientes

De este modo, decenas de miles de españoles que viven en la pobreza han sufrido dificultades para garantizar sus derechos a la alimentación, a la seguridad social y la asistencia social durante la pandemia, lamenta. Las medidas tomadas por el Gobierno –el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y los ERTE– no fueron suficientes para satisfacer las necesidades de la ciudadanía, apuntan desde HRW. El Ingreso Mínimo Vital, "aunque admirable", resultó "extremadamente difícil" de acceder debido a los estrictos criterios de elegibilidad y los requisitos de documentación, lo que derivó en que tres cuartas partes de las solicitudes fuesen rechazadas. Además, explica el informe, los niveles de ayuda son "inadecuados" para satisfacer las necesidades básicas.

En cuanto a los ERTE, el informe recalca que dejaron fuera a las personas que trabajan en la economía sumergida y que no cubrieron de forma adecuada la pérdida de ingresos de las personas que trabajan de forma estacional. Para hacer frente a estas dificultades, HRW insta al Ejecutivo a acelerar el proceso de asistencia a las personas con bajos ingresos que necesitan acceder al IMV y hacer que el proceso de solicitud sea más eficiente, así como a revisar las pensiones. También alude a los gobiernos autonómicos y les recomienda tomar medidas concretas para reducir la dependencia de sus departamentos de servicios sociales de derivar a personas necesitadas a fuentes de ayuda alimentaria caritativa.

Los más afectados

Del informe se desprende que los grupos sociales más afectados por el impacto económico de la pandemia y la inadecuada respuesta estatal son los pensionistas, migrantes, familias con hijos y trabajadores de sectores como la hostelería. La clausura casi total del sector de la hostelería y el turismo durante el estado de alarma, seguidos de periodos de reapertura y nuevos cierres, dejó sin ingreso a muchos trabajadores. Además, como muchos de sus contratos son de temporada, no tuvieron derecho a las mismas prestaciones por desempleo que aquellos que gozan de un contrato indefinido. Los migrantes indocumentados y los solicitantes de asilo también han sufrido debido a la "defectuosa" respuesta estatal y, abocados a trabajar en la economía informal, han tenido dificultades para acceder a la seguridad social y a los bancos de alimentos, añade.