El arzobispo de Barcelona, el cardenal Joan Josep Omella, ha reclamado la "acción coordinada" de administraciones, entidades y ciudadanía para que el acceso a la vivienda no sea una "pesadilla". En su 'Carta Dominical' de este domingo, Omella ha criticado que aunque el derecho a la vivienda está universalmente reconocido y promulgado constitucionalmente, muchas personas y especialmente los jóvenes no pueden tener acceso porque los precios de los alquileres alcanzan unos niveles "excesivos", al igual que la propiedad. Además, el religioso ha lamentado que los desahucios, "a veces con consecuencias trágicas", se dan cada día. Por todo ello, ha pedido una reflexión a todos los estamentos sociales para ejecutar "actuaciones efectivas en favor de este derecho humano fundamental".
Omella ha reivindicado que tener un hogar es "fundamental" para una "vida digna". En este sentido, el arzobispo ha recordado que según el último Observatorio de la realidad social de Cáritas Diocesana de Barcelona, publicado en 2023, tres de cada cuatro hogares acompañados por la entidad no disponen de vivienda en buenas condiciones. En el mismo informe se señala que dos de cada cinco personas de la diócesis de Barcelona sufren algún tipo de dificultad relacionada con la exclusión residencial. Ante esta situación, el religioso ha afirmado que haría falta que entre todos se hiciera "efectivo" el derecho a la vivienda con "medidas prácticas".
En su carta dominical, Omella reflexiona sobre el hecho de que la sociedad, "los cristianos", han ido madurando sobre los derechos y los deberes de las personas. "Unos derechos que, en la búsqueda del bien común, no son solo individuales, sino también sociales. Son aquellos derechos necesarios para mantener una vida humana de forma verdadera", apunta el cardenal. Entre estos ha situado la alimentación, la vivienda, el trabajo, la educación y el acceso a la cultura, la salud, los transportes, la libre circulación de las informaciones y la libertad religiosa. El cardenal ha recordado finalmente las palabras del papa Francisco: "¡Ninguna familia sin vivienda! ¡Ningún campesino sin tierra! ¡Ningún trabajador sin derechos! (...) Tierra, techo y trabajo son derechos sagrados!".
Una crisis de profundas consecuencias
Ciertamente, se vive un contexto en el cual el acceso a la vivienda es uno de los principales problemas que todavía la sociedad, especialmente en Catalunya, a causa de los prohibitivos precios crecientes de lo que parece una nueva burbuja de rentismo especulativo y de la concentración de personas en las grandes ciudades, sumados a los bajos salarios y la precariedad laboral. Se trata de una circunstancia que sufren especialmente muchos jóvenes, que a menudo no consiguen llegar a la estabilidad económica y los volúmenes de renta necesarios para poder entrar en la rueda de la vivienda y formar un hogar propio, de manera que ven postergado ad infinitum o directamente truncado su proyecto de vida.
Recientemente, un estudio del Consejo de la Juventud de España (CJE) y la ONG Oxfam Intermón puso el acento sobre el fenómeno y sus consecuencias: más de la mitad (55,6%) de los jóvenes en España con dificultades económicas y carencias materiales tiene problemas de salud mental, siendo el paro, la precariedad laboral y la crisis de vivienda algunas de las principales preocupaciones de esta generación que contribuyen a minar su bienestar emocional. Bajo el título 'Equilibristas: las acrobacias de la juventud para sostener su salud mental en una sociedad desigual', el informe alertaba de un panorama desolador.
Debate en Barcelona, punto crítico
Siendo una demanda habitual de muchos movimientos sociales y vecinales, especialmente en Barcelona, donde la situación es realmente crítica, el Ayuntamiento de la capital catalana anunció recientemente un plan de choque para abordar el problema. Si bien la aplicación y eficacia aún debe probarse, el consistorio de Jaume Collboni apuesta para recuperar 10.000 viviendas a que actualmente son pisos turísticos hacia el 2029, de manera que entonces no quede ninguno y haya un mayor parque disponible para los ciudadanos locales. Bautizado como Pla Viure, el proyecto contempla que no se renueven las licencias en los pisos turísticos que la perderán a lo largo del 2028. El Sindicat de Llogaters, sin embargo, se ha mostrado escéptico y lo califican de "humo", dado que podrán reconvertirse en otra cosa que complica el acceso a la vivienda: el alquiler de temporada, una figura sobre el cual PSC, Junts, Vox y PP votaron en el Parlament en contra de regularla.