En un escenario social en el que el racismo en España es un tema candente a raíz de los insultos que recibió al futbolista del Real Madrid Vinícius en Mestalla, este jueves se ha conocido que el Ministerio de Igualdad del gobierno estatal, encabezado por Irene Montero (UP), trabaja desde hace más de un año en la elaboración de una futura ley contra el racismo, de la cual hay de momento algunos borradores y prevé multas desde los 300 hasta los 500.000 euros y modificaciones del Código Penal para endurecer las penas de prisión por discriminación y acciones de odio con motivos racistas. Según ha adelantado El País, que ha tenido acceso a un borrador de 80 páginas del proyecto de ley, la normativa incluirá la obligación para las empresas de más de 250 trabajadores a hacer planes contra el racismo y la discriminación en el ámbito del trabajo y también formación educativa contra la discriminación para cuerpos de policía, profesores y jueces.
El anteproyecto de ley orgánica en el cual trabaja Igualdad considera "infracciones graves" las expresiones que "propaguen, inciten, promuevan o justifiquen el odio basado en el racismo". El marzo pasado se hizo una consulta pública para recoger opiniones de organizaciones y personas a las cuales se dirige potencialmente la nueva norma, en la cual participaron activistas y asociaciones. Según ha afirmado el diario madrileño que lo ha avanzado, a partir de la polémica por los insultos racistas a Vinícius a Mestalla, la ministra Montero ha instado al PSOE a acelerar la tramitación de la norma, para "ir a la raíz del problema". Aun así, solo se trata de un borrador de propuestas que se estudian, y no está previsto que se tramite la ley a corto plazo ni en esta legislatura, que acabará con las elecciones generales previstas por finales de año.
Modificación del Código Penal
La normativa en la cual trabaja el ministerio de Montero prevé un endurecimiento de las penas por discriminación y racismo e incluye como comportamiento punible la negación de genocidios. Se proyectan penas mayores por la discriminación en el ámbito laboral, ya previstas en el artículo 314 del CP; por la denegación de prestaciones por razones de ideología, religión, sexo, creencias o raza; y finalmente se incluye un castigo de hasta dos años de prisión para justificar, trivializar, enaltecer o negar genocidios y delitos contra lesa humanidad.
Multas en función de la gravedad
El anteproyecto de ley estudia una división de las infracciones y sanciones en tres categorías: leves, graves y muy graves. Las infracciones leves incluyen el uso de expresiones vejatorias racistas contra personas cuando no sea constituir de infracción penal, con multas de entre 300 y 10.000 euros. En cuanto a las graves, se prevén sanciones de entre 10.000 y 40.000 euros por acciones como discriminar en procesos de selección de trabajo buscando información personal de los candidatos o negar una oferta de compra o alquiler o el inicio de un negocio por motivos discriminatorios. Finalmente, las sanciones más graves, con multas de entre 40.000 y 500.000 euros, incluyen represalias contra quien haya denunciado discriminación, o negar la atención a la víctima de racismo. Las infracciones leves prescribirían al año, las graves al cabo de tres años y las muy graves a los cuatro años.
Administración proactiva y formación de los trabajadores públicos
El borrador incluye la obligación del Estado de analizar el "racismo estructural" en las administraciones, hacer políticas proactivas y recoger estadísticas sobre discriminación, racismo y refugiados por persecución racial, con informes anuales. También se contempla la educación y formación en materia de racismo para fiscales, jueces, profesores y para los cuerpos de policía: Policía Nacional, Guardia Civil, Mossos y Ertzaintza. En cuanto a las policías, se quieren prohibir los perfiles raciales o étnicos "sin una justificación objetiva" en las actividades de vigilancia e investigación policial.