Un juzgado de Barcelona investiga dos mandos de la policía española y dos mandos de los Mossos d'Esquadra por|para presuntas irregularidades en una operación contra el tráfico de armas. El juzgado de Instrucción 19 de Barcelona los ha citado a declarar el próximo 25 de enero. Los investigados son dos Inspectores Jefe de la Policía Nacional y dos Jefes de Unidad de los Mossos d'Esquadra por irregularidades durante la investigación de la Operación Yakir contra el blanqueo de capitales procedente del tráfico de armas. Sueño cuatro integrantes del Equipo Conjunto de Investigación (ECI) y los investigan por delitos contra la Administración de Justicia y falsedad, según informa el despacho de abogados Matilla&Blay. Las imputaciones parten de una denuncia que presentó en el 2017 uno de los investigados en la operación Yakir. El denunciante se personaba como víctima de un delito de extorsión por las supuestas amenazas que estaba recibiendo de personas que le pedían sumas millonarias a cambio de no presentar documentos falsos a las autoridades que lo incriminaban como responsable de un delito de blanqueo de capitales.
Los investigados por parte de la Policía son la Inspectora en jefe del Grupo 2.º de la Sección de Europa del Este de la Unidad Central de Delincuencia especializada y Violenta de la Comisaría General de Policía Judicial y el Inspector Jefe del Grupo 3.º de la UDEF de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Barcelona. Las de los Mossos son el Jefe de la Unidad Central de Organizaciones Criminales Internacionales del Área Central de Crimen Organizado y el Jefe de la Unidad Central de Blanqueo del Área Central de Delitos Económicos.
La operación Yakir
El Juzgado de Instrucción 19 de Barcelona inició las investigaciones y solicitó a los Mossos que féssin las comprobaciones e informaran del resultado. Pero los Mossos nunca presentaron ningún atestado a pesar de los diversos recordatorios del Juzgado, e incluso llegaron a pedir marzo del 2018 más tiempo para poder analizar la multitud de datos que contenía la denuncia. Dos años después, el 10 de noviembre del 2020, varias personas eran detenidas en la Operación Yakir por orden del Juzgado Central de Instrucción 2 de la Audiencia Nacional. Tres de los arrestados fueron a la prisión. Uno de ellos era el presidente de la naviera Lumar, A.D., autor de la citada denuncia de extorsión y a lo que, según la investigación de la Audiencia Nacional, se le atribuye haber dirigido una trama de tráfico de armas y blanqueo.
Según explican sus abogados, mientras el 22 de marzo del 2018 el ECI comunicaba al Juzgado de Barcelona que necesitaba más tiempo por analizar todos los datos de la denuncia, el día 15 había presentado un atestado de 50 folios delante de la Fiscalía Anticorrupción "con un análisis completo de todos los datos de la denuncia". El atestado señalaba la existencia de un barco, el Mekong Spirit, detenido en Grecia el 2017, con 52 contenedores cargados por Maxam en Santander y 29 contenedores en Turquía de TArget Multiactivities, para transportar explosivos y armamento en grupos militares en el Sudán. También recogía el pago de 1,6 millones de euros en la empresa Tomex Teams relacionada con el tráfico de armas y el pago de 3,2 millones de euros por el rescate del barco MV Faina con destino Kenia con 33 tanques a bordo.
Relataba además que el delito de blanqueo de capitales se hacía supuestamente a través de varias empresas en el extranjero; todo cometido en el seno de una organización criminal liderada por Vadim Alperim, conocido en Ucrania como "el rey del contrabando". En aquel mismo atestado el ECI aseguraba encontrarse bajo la tutela del Juzgado de Instrucción 19 de Barcelona, "lo cual ha sido negado rotundamente por el Juzgado al conocer la existencia de la denuncia", destaca el despacho de abogados. Recuerda además que en septiembre del 2020, a duras penas dos meses antes de las detenciones, los tribunales Griegos dictaron sentencia declarando legal la carga y la destinación. También se descubrió que la empresa Tomex Teams pertenece al gobierno de Ucrania y que nunca ha tenido relación con el tráfico de armas ni con Alperim, que no figura como investigado en la causa.
Con respecto al pago del rescate del Faina, el despacho sostiene que la Sección cuarta penal de la Audiencia Nacional estableció en junio del 2021 que no tiene ninguna relación con los investigados y que solamente se conoce su existencia por publicaciones de internet. Todo el relativo al origen del dinero, se está resolviendo en la instrucción de la Audiencia Nacional, "donde finalmente se obtendrá un auto de archivo o una sentencia absolutoria". "No sólo porque el procedimiento está repleto de irregularidades, no sólo las denunciadas ahora, sino muchas otras, sino también porque los hechos no existen o no están probados" y por eso los abogados del autor de la denuncia contra el ECI lamentan que la Audiencia Nacional mantenga en la prisión "a una persona inocente".