La Iglesia católica siempre ha intentado ocultar los casos de pederastia del clero y nunca ha querido revelar las condenas judiciales que han tenido que pagar, tanto en los tribunales como en acuerdos con las víctimas de los abusos. Sin embargo, la lista secreta con la gestión de los 806 casos admitidos por la Iglesia, revelada por El País, destapa algunas de las denuncias reconocidas por la diócesis y órdenes que redactó y filtró a los obispos Alfredo Dagnino —el topo de la Conferencia Episcopal Española (CEE)— en la auditoría del bufete Quemadas & Calvo-Sotelo, y que después fue despedido por eso. La información filtrada por Dagnino desapareció del informe Para dar luz de la CEE. Esta lista secreta revela un caso muy reciente en la diócesis de Asidonia-Jerez de la Frontera, un acuerdo en el cual se llegó en el 2022, donde el obispado hizo de mediador entre la víctima y el orden de los marianistas, y que se resolvió con un pago de 70.000 euros por abusos en el colegio de la orden a Jerez entre 1964 y 1976.
Las indemnizaciones de la iglesia
El estudio apunta que hay cantidades superiores de dinero en otras sentencias judiciales, según destapa El País este lunes. La indemnización más elevada conocida, aunque, es para varias víctimas, es la que pagó al profesor del colegio agustino de Valdeluz, en Madrid, condenado por el Supremo el año 2019 a 49 años de prisión para abusar de 12 alumnos. La compensación económica que asumió la iglesia fue de 142.000 euros, con responsabilidad civil subsidiaria del centro. Después de esta, la más elevada es la del marista Joaquín Benítez, de la escuela de Sants-Les Corts de Barcelona, fue de 120.000 euros por abusar de cuatro alumnos entre 2006 y 2009, en concreto, fueron 60.000 a una víctima, 40.000 en otra y 10.000 en otras dos. En este caso, la Fundación Champagnat fue responsable civil subsidiario, y la compañía de seguros de los maristas, responsable civil directa. Estos casos son los únicos que se han podido juzgar porque no habían prescrito de al menos 26 víctimas que acusaban de abusos en Benítez, de 1980 a 2011. Los maristas llegaron a un acuerdo con otras 25 familias, a las que pagaron 353.000 euros, según los datos de la orden, con pagos entre los 4.000 y los 50.000 euros.
Con todo, la compensación económica más alta a una sola víctima conocida hasta el momento, es la dictada por el Tribunal Superior de Castilla-La Mancha en 2022 contra el sacerdote J. L. G., que elevó el gasto a 100.000 euros, sin que la iglesia fuera considerada responsable civil subsidiaria.
Expulsión de la diócesis
El citado diario destaca que casi ningún proceso canónico contempla el pago de indemnizaciones. A pesar de que, algunas diócesis lo han hecho por iniciativa propia pero llegando a acuerdos con la víctima. En el resto de casos, simplemente han apartado al acusado o se expulsa, pero no se compensa la víctima. En otros casos, el acusado es condenado por la vía canónica, pero no en los tribunales. El año 2010, en Sevilla, el arzobispado comunicó que el juzgado archivó el caso por falta de pruebas, pero fue suspendido por "reconocimiento de los hechos por el victimario". También destacan casos donde se producen absoluciones canónicas, que después eran condenados en los tribunales. En otros casos, no hay indemnización a la víctima, pero la diócesis corre con los gastos de la terapia. En Cádiz y Ceuta, al menos constan siete niñas víctimas de abusos en una parroquia, el año 2010, que la diócesis se ofreció tratamiento psicológico y psiquiátrico. Cinco lo aceptaron, y el obispado les pagó un total de 21.847 euros, "a razón de 800 euros en el mes". En la misma diócesis pasó un caso igual el año 2008 con otras dos menores por abusos en casa de un sacerdote, y según la entidad prefirieron no denunciarlo, y se les pagó 18.710 euros de terapia.
En esta lista secreta también se destapa otras prácticas de algunas diócesis para pagar la indemnización que se imponen a un sacerdote, en forma de préstamo, para después ir descontándolo de su sueldo. Es el caso de la diócesis de Asidonia-Jerez, donde el obispado abonó la indemnización de un sacerdote, pero después se le hacían una serie de "retenciones mensuales al salario". Lo mismo sucede a Pamplona, donde el arzobispado asume una condena de 50.000 euros "en forma de préstamo que le concede al sacerdote condenado, que lo reembolsa mensualmente."
53 condenas a la iglesia
Con respecto a las condenas que la Iglesia ha sufrido en los tribunales, en la citada lista secreta, constan al menos 53 órdenes y diócesis, todo y que el informe de Dagnino, la cifra suma hasta 67. Por lo tanto, hay obispados y congregaciones que no las han declarado, una prueba que apunta a las lagunas del informe. Un caso es el del Camino Neocatecumenal, que en el informe declara que no conoce ningún caso, pero una de las sentencias localitzdes, de 2015, apunta que "adulto se introduce en la Comunidad del Camino Neocatecumenal donde hace actividades con jóvenes, de los cuales consigue abusar sexualmente: 2 delitos de abuso sexual, 1 delito de exhibicionismo y 1 delito de exhibición de material pornográfico". En este caso, la condena fue de 14 años.
Hay otras condenas judiciales que han estado ocultas por la iglesia. Un caso especialmente sorprendente se dio en Ourense, donde el obispo duda de la neutralidad del fiscal en un caso y apunta: "se advierte expresamente sobre los problemas derivados de la actuación de la Fiscalía de Ourense por falta de objetividad y de imparcialidad". Aunque es un cura denunciado dos veces y condenado, según el informe. La diócesis, por su parte, señala que "se informa sobre una actuación del Fiscal responsable de la gestión de la acusación pública en causa que se reputa reprobable por supuesta falta de objetividad e imparcialidad por causa de la condición sacerdotal del imputado". El informe no especifica el caso, pero según detalla el diario, es el del rector de Avió, Pablo Serafín E. D. sobre unos hechos del 2006 durante las horas de catequesis. La sentencia de la audiencia Provincial es de 2022, con una pena de 18 meses de multa, 2.700 euros. Cuando el caso se publicó en la prensa, apareció una segunda denuncia.