Indignados, ofendidos, disgustados. Así es como se sienten los afectados por el hundimiento de 144 nichos en el cementerio de Montjuïc ahora hace un año. El juez no ha admitido a trámite la querella presentada contra los responsables del accidente porque considera que "no hay indicios de delito que permitan la apertura de una instrucción penal", según explican desde el bufete de abogados de las víctimas Duran & Duran y Palacio Lasaletta.
Los letrados creen que la decisión del juez es "absolutamente injusta" y que deja a las familias sin su derecho a que se investiguen "las graves conductas cometidas" por los responsables de Cementerios de Montjuïc. Por esta razón, tienen previsto presentar un recurso de apelación.
El bufete de abogados Duran & Duran Asociados i Palacio Lasaletta / Foto: G.R
Lamentan que el juzgado no practique ni una sola diligencia de investigación "ni tenga en cuenta las conclusiones del propio Síndic de Greuges que advirtió al estado de abandono del cementerio". De hecho, una de las afirmaciones que aparecen al acta, según los abogados, dice que "en ningún caso se puede sostener que el hundimiento lo originó un absoluto abandono en materia de conservación".
Respecto del delito de profanación a causa del tratamiento que se dio a los restos humanos -que se retiraron con una excavadora- denuncian que la instructora asegura que "no parece posible otra manera de actuar (...) en una zona colapsada".
Sobre el delito de malversación, las familias afectadas se preguntan "a qué se ha dedicado el dinero de las tasas de conservación que los familiares pagaban"
Los abogados consideran que se trata "de una resolución ajena" a las reglas de la lógico.
Presentan querella criminal
En el mes de juliol, una cincuentena de famílias afectadas por el hundimiento presentaron una querella criminal contra el Ayuntamiento de Barcelona y más en concreto, contra el concejal Eloi Badia, el gerente de Cementerios de Barcelona, Jordi Valmaña y la antropóloga responsable de la exhumación e identificación de los restos humanos. Se les acusa de un delito de daños, profanación, falsificación de documentos, prevaricación y malversación.