La destrucción ocasionada por la DANA del 29 de octubre de 2024 en el País Valencià podría haber generado unas pérdidas globales de más de 17.000 millones de euros, según un estudio presentado este viernes por el Institut Valencià d'Investigacions Econòmiques (Ivie) —entidad de la Generalitat Valenciana con colaboración privada de Bankia, BBVA, CaixaBank, Iberdrola Ford o Mercadona—. Esta cifra supone, al menos, el 20% de los activos totales privados y públicos ubicados en la zona de afección de la riada (viviendas, comercios, industrias, bienes agrícolas, maquinaria, equipamiento e infraestructuras).
El Ivie advierte de que, aunque todavía no se conoce la cifra exacta de las pérdidas, el impacto de las inundaciones será mucho más elevado que el que se reflejará en la caída del PIB inicial, ya que el cálculo de esta magnitud no tendría en cuenta la destrucción de activos que supone la depreciación súbita y extraordinaria de buena parte del 'stock' de capital. Las estimaciones que ofrece el informe se refieren a los 89 municipios afectados (excluyendo el municipio de València, porque sus daños alcanzan solo a las pedanías del sur de la capital), un área cuya población se ha duplicado entre 1960 y 2024 hasta superar el millón de habitantes.
El estudio ofrece también los datos para los 20 municipios de l’Horta Sud y pone el foco en las quince localidades más dañadas, la llamada "zona cero". El 65% de los activos de la zona son viviendas (con un valor estimado de 56.295 millones de euros), mientras que el 35% restante está integrado por infraestructuras públicas y otras construcciones privadas (23.605 millones de euros). El Ivie destaca en su informe que el aumento poblacional ha incidido en los cambios en la cobertura del suelo (que hasta los años 60 era preferentemente agrícola), aumentando los usos artificiales del mismo, como edificaciones (residenciales y no residenciales) e infraestructuras.
Poca inversión en infraestructuras hidráulicas
"Una de las consecuencias más destacables de la expansión de superficies artificiales es que disminuye radicalmente su permeabilidad al agua", apunta el informe, que resalta el contraste entre la intensa ocupación de la zona y su carácter inundable, así como el "limitado esfuerzo inversor en infraestructuras hidráulicas durante los últimos quince años" en la zona de València. Al respecto, recuerda que la mayor parte de las inversiones hidráulicas las realizan las administraciones públicas y las confederaciones hidrográficas, pero en ambos casos se produce "un fuerte ajuste a la baja a partir de 2009, como resultado de los recortes en las inversiones públicas". De unas cifras anuales de inversión en infraestructuras hidráulicas en la provincia situadas en torno a 200 millones de euros, se pasa a menos de 50 millones al año a partir de 2011, lo que supone una caída del 75% que se prolonga hasta los años más recientes.
La zona afectada es el 40% de la población y el 30% del PIB
En su conjunto, los 89 municipios afectados concentran el 40% de la población, el 35,6% de las empresas, el 30,7% del empleo y el 29,7% del PIB de la demarcación de València. "La zona representa una de las mayores concentraciones de empleo industrial, comercial y logístico" del País Valencià, añade, "por lo que las alteraciones de los flujos de actividad, a lo largo de los meses en los que prolonguen sus efectos, supondrán fuertes impactos en el empleo y el PIB". En el caso del empleo, según los últimos datos disponibles sobre los ERTE solicitados, los expedientes de empleo resueltos entre el 30 de octubre y el 8 de enero de 2025 afectan a 30.584 trabajadores en el conjunto de los municipios (29.046 si se excluye València), de los cuales 14.539 son de l’Horta Sud y 13.786 de la zona cero. La zona inundada, a su vez, supone el 5,2% de la superficie total provincial de València. Este porcentaje asciende hasta el 31,1% del territorio de l’Horta Sud y al 21% de los 15 municipios más gravemente afectados.
Así piden las ayudas
Entre las recomendaciones necesarias para afrontar la reconstrucción, el Ivie considera que la estimación de las pérdidas de activos debe ser la referencia para cuantificar la necesidad de ayudas directas. "Es fundamental —advierte— que las ayudas tengan la potencia, agilidad y duración para responder a la magnitud del desastre y reponer los recursos y los ingresos perdidos; y también se requiere un sistema de indicadores que permita monitorizar la recuperación". Por otra parte, se destaca el potencial de las herramientas de análisis georreferenciadas y se insiste en la necesidad de elaborar un plan de acción para amortiguar los daños de futuros eventos similares, revisando "las prioridades del gasto público" y "aumentando el esfuerzo en infraestructuras hidráulicas". "Hay que aprovechar la estrategia de recuperación para modernizar y mejorar el tejido productivo valenciano", recomienda el Ivie antes de reclamar una "potente organización de respuesta a las emergencias, con personal especializado, y una adecuada formación de la ciudadanía".