El Departament d’Interior ha archivado, sin sanción, el expediente que se había abierto contra un ciudadano que grabó la actuación de un agente de la Brigada Móvil que, presuntamente, golpeó al exdiputado de Junts y vicepresidente del Parlament Josep Costa durante la protesta convocada por grupos independentistas en la cumbre franco-española que se celebró en la ciudad de Barcelona el 19 de enero de este 2023.

El incidente de Costa con un agente de la Brimo de los Mossos es juzgado por un presunto delito de lesiones, después de la denuncia del exdiputado, pero de manera paralela, la Dirección General de Administración de Seguridad (DGAS), después de recibir el atestado policial de la actuación de los antidisturbios, identificó y abrió un expediente por la Ley 4/2015, la conocida como ley mordaza, a un ciudadano que había colgado en Twitter una fotografía identificando al policía que golpeó a Josep Costa en una de las líneas policiales que se habían organizado con el fin de evitar que los manifestantes llegaran a donde se estaba celebrando la reunión entre Pedro Sánchez y Emmanuel Macron.

 

Archivada la denuncia y la multa de 601 euros

La sanción que la DGAS había propuesto contra el hombre que se había identificado como el autor de la fotografía, y tal como marca la ley, era de 601 euros. Es la multa que corresponde a publicar imágenes de agentes de la autoridad en el desarrollo de sus funciones, "por poner en riesgo la seguridad personal o familiar de los agentes y de las instalaciones protegidas". Con todo, sin embargo, y según ha podido saber ElNacional.cat, el hombre presentó alegaciones en Interior y ayer la instructora las aceptó y ha archivado el caso, sin sanción.

La aceptación de estas alegaciones presentadas por el ciudadano y el archivo del expediente sin sanción, aunque la ley mordaza permitiría sancionar al autor de las imágenes que se publicaron de la actuación de la Brimo de los Mossos d'Esquadra, forma parte de un cambio de rumbo que ordenó el Departament d’Interior para evitar que periodistas y activistas, cuando actuaran sin violencia, no fueran sancionados por esta ley. Actualmente, eran las mismas regiones policiales quienes instruían estos tipos de denuncias y ahora la DGAS lo ha derivado a los servicios jurídicos de las delegaciones territoriales del Departament d’Interior por todo el territorio, consiguiendo así un escenario más político que policial.

El primer caso del cambio de criterio, Mireia Comas

Hay que recordar el caso de Mireia Comas, que también avanzó ElNacional.cat, quien fue denunciada por los Mossos por unas fotografías y finalmente la DGAS aceptó sus alegaciones y quedó en papel mojado. La fotoperiodista de Terrassa hizo unas fotografías en un equipo del ARRO que estaba haciendo un control en un barrio de la ciudad y le ordenaron borrar las imágenes, un hecho que ella se negó a hacer. Después, fue denunciada, pero el expediente, también en esta Ley 04/2015, fue archivada. Aquel fue el primer caso conocido que el cambio de criterio de Interior en la aplicación de la ley cuando hacía referencia a ciudadanos o informadores que publicaban imágenes de la policía.