"Ah, eras boliviana" seguido de "nos vamos a contagiar de sarna, venís aquí para robar"; "que té vayas para tú casa tonto, que eras un moro tonto de mierda" o "latin king, salvatruchas, que has venido a robar, chileno ladrón". Estos son algunos de los comentarios racistas que las personas atendidas por el Servicio de atención ante situaciones de violencia institucional (SAIDAVI) de Irídia -que ofrece asistencia jurídica y psicosocial gratuita- han denunciado haber recibido por parte de agentes en actuaciones policiales en el espacio público durante el año pasado, según recoge el informe Violencia Institucional de Irídia 2022, presentado este jueves. El codirector de Irídia, Andrés Garcia Berrio, ha reclamado que el sistema judicial y las administraciones tienen que corregir esta persistente discriminación racista por parte de algunos agentes de los cuerpos policiales, como también de vigilantes de seguridad, porque es "una urgencia" y va "en aumento".
En concreto, la abogada Sònia Olivella ha informado que de las 113 consultas recibidas en el 2022, ha atendido y derivado al servicio 57 personas que han sufrido violencia institucional. Irídia detalla que "en 19 de los 57 casos hay un componente de racismo, o bien porque hay una verbalización explícita, o bien porque la manera como se ha llevado a cabo la actuación policial es racista, o porque los hechos pasan en un contexto de racismo institucional". Representan el 33,3% del total de casos. De los 19 casos con racismo: 8 fueron protagonizados por agentes Mossos de Esquadra; 6 de la Guardia Urbana de Barcelona; 2 de agentes de seguridad privada; uno de agentes de la Policía Municipal de Sabadell, uno de agentes de la Policía Local de Cornellà y uno de agentes de Policía Portuaria. Olivella ha puesto en cuestión que "no se garantiza la tutela judicial efectiva en estos casos", y que se han de impulsar desde las acusaciones particulares y populares.
La agresión a Imad
Desde de Irídia se expone que un ejemplo de este racismo institucional es la selectividad policial por medio de la perfilación étnico-racial, que ha sido señalada por varios colectivos y entidades. Una de ellas es SOS Racismo Catalunya, que ha puesto de manifiesto de manera reiterada que "hay una sobrerrepresentación de las personas racializadas y sin nacionalidad española en las identificaciones policiales".
En el acto, se ha presentado el caso de Imad, que ha explicado que agentes de la Policía Local de Cornellà le agredieron sin motivo alguno cuándo salía de la discoteca Mambo el 24 de octubre pasado; uno le dio varios puñetazos, diciéndole "moro de mierda". Imad ha asegurado que dijo a los agentes que solo sabia hablar francés, pero lo cogieron y le borraron el vídeo de la agresión, que luego pudo recuperar. Al salir del hospital, fue a la comisaria de los Mossos de plaza Espanya, y ha afirmado que no quisieron recogerle la denuncia contra agentes; y lo hizo luego con ayuda de Irídia. "Ahora tengo miedo de la policía y no salgo de fiesta", ha confesado.
Del caso de Imad, hay cinco agentes de la policía local de Cornellà investigados en el juzgado de instrucción 4 de Cornellà, acusados de los delitos de lesiones y obstrucción a la justicia con agravante de discriminación por racismo, según ha informado el gabinete de prensa del TSJC.
De los casos atendidos, se detalla que dos de los elementos que se identifican como desencadenantes de la situación de violencia son: "el no reconocimiento o el cuestionamiento de la veracidad de la información que da a la persona y, la asociación de una persona con un hecho delictivo a partir de su perfil étnico-racial". Para ejemplarizarlo, se explica el caso que agentes de seguridad privada al transporte público retuvieron y esposaron a una mujer delante de su hijo pequeño, al identificarse con un pasaporte no español. Los agentes cuestionaron la dirección que ella les estaba proporcionando.
Cuerpos policiales, más denunciados
En el conjunto de los 57 casos de violencia institucional atendidos, Irídia precisa que 35 han sido por actuaciones policiales o de seguridad privada en el espacio público; 7 por denuncias de vulneraciones de derechos en la prisión; 5 comisarias; 4 en domicilios privados, 4 en contexto de protesta; 1 en el CIE (Centro de Internamiento de Extranjeros), y otro por una situación vivida en la Fiscalía de Menores. De los 57 casos abiertos: 19 responden a actuaciones del cuerpo de Mossos de Esquadra; 21 a intervenciones del cuerpo de Policía Nacional; 7 en acciones de Policía Local (de los cuales 4 de la Guardia Urbana); 5 a actuaciones de funcionarios de prisiones, y 5 a intervenciones de personal de seguridad privada.
Se especifica que de las 57 denuncias que entraban dentro del ámbito del SAIDAVI, este ha asumido la representación letrada de 6 casos, y otro del 2021. A estas causas se suman las 55 que seguían abiertos de años anteriores, de manera que durante el año 2022 las abogadas y psicólogas del SAIDAVI han trabajado en un total de 62 litigios estratégicos. Y nuevamente, Irídia denuncia la "inactividad de la Fiscalía" y sostiene que solo ha sido activa en dos procedimientos penales.
En el último informe sobre violencia institucional, correspondiente al año 2021, se destacó especialmente el descontrol de la seguridad privada: se detectó un aumento de la gravedad de los casos de violencia institucional ejercida por efectivos de estos servicios privados, contratados por las administraciones para desarrollar funciones de seguridad que son competencia pública.
No poder interponer una denuncia en comisaría
Irídia también destaca que durante el año 2022, ha atendido a tres personas que manifestaron que se les impidió interponer una denuncia en una comisaría de los Mossos de Esquadra. En los tres casos, la persona que pretendía presentarla era un hombre, joven y racializado no blanco; y en dos de los tres casos, los hechos que se pretendían denunciar hacían referencia a un episodio de violencia policial vivido por la misma persona. "Cualquier ciudadano o ciudadana tendría que poder presentar una denuncia contra un agente en una comisaría de policía con las mismas garantías que cuando se denuncia alguien que no es policía", se exige desde de Irídia.
En uno de los tres casos, se explica que la persona fue después acompañada por un integrante del SAIDAVI, interpuso una queja al cuerpo policial por el trato recibido y por impedirle denunciar los hechos. "Delante de esta, el mando policial esgrimió el argumento de no haber entendido adecuadamente las pretensiones de la persona, al existir una barrera idiomática; aunque la persona llevaba un informe médico para aportar a la denuncia en el que se referían las lesiones a que había sufrido a causa de la agresión de unos agentes de policía local la madrugada de aquel mismo día", se sostiene.
Perfil personas de las personas atendidas
Con respecto al perfil de las personas afectadas con relación a estos 57 casos: 18 eran mujeres, 1 era una mujer trans, 37 eran hombres y 1 de las personas no quiso indicar el género. En cuanto a la edad, hay 2 que en el momento de los hechos eran menores, mientras que 22 tenían de entre 18 y 34 años; 8 de entre 35 y 64 años, y del resto no se recogieron en ser atenciones telefónicas.
Buenas prácticas
Un año más, Irídia en su informe recoge recomendaciones a todas las instituciones implicadas, desde los grupos parlamentarios al Poder Judicial, y también las buenas prácticas realizadas. Este año, afirma que a pesar de la decisión de la mayoría parlamentaria catalana "de bloquear la creación de un mecanismo independiente y externo de investigación y supervisión de las actuaciones policiales, sí que se ha acordado una serie de medidas que suponen un avance en los derechos de las personas afectadas por vulneraciones de derechos y la defensa de los derechos humanos".
Además, la entidad reconoce, que, en cumplimiento de la Moción 128/XII del Parlament, sobre las actuaciones de la policía, aprobada en el 2019, ya ha finalizado la implementación del nuevo sistema de identificación policial en las Áreas Regionales de Recursos Operativos (ARRO) del cuerpo de Mossos. Se detalla que esta medida, que hasta ahora solo se aplicaba a los agentes de la Brigada Móvil (BRIMO), implica una reducción del Número Operativo Policial (NOP) que llevan los agentes de orden público, al pasar de nuevo a seis dígitos, y una nueva codificación alfanumérica más corta. Asimismo, el número pasa a ser visible en la parte posterior y delantera del chaleco protector (hasta ahora solo lo era en la parte posterior) y a los dos laterales del caso. "Este nuevo sistema de identificación permite la lectura del NOP desde los 360 grados, lo cual reduce los vacíos existentes a la hora de identificar cualquier agente policial que haga uso de la fuerza," sostiene Irídia y que hasta ahora ha provocado el archivo de causas penales.