Con perplejidad la sociedad ha visto como, de la noche a la mañana, los jóvenes han inundado las calles de Catalunya, y de otros lugares del territorio español, por el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél . Ahora bien, diferentes jóvenes entrevistados por El Nacional coinciden en que este caso es la gota que ha colmado el vaso, pero tras las protestas se esconde el estallido de frustración y rabia de una generación sobrecualificada que ha visto como les han robado el presente y el futuro, ya que son incapaces de desarrollar un proyecto de vida, principalmente, por la falta de trabajo y la precariedad laboral.
Elena Álvarez, portavoz de Avalot-Jóvenes UGT, relata que de pequeños les prometieron que si estudiaban cuándo fueran grandes tendrían un buen trabajo. "Hemos hecho todo lo que a la sociedad nos ha pedido", precisa Álvarez, que asegura que ahora se encuentran con que no encajan con el sistema actual donde no tienen acceso al mercado laboral a pesar de ser la generación más preparada. En su caso es graduada en biología, pero está como empleada dentro del sector de la limpieza. "No podemos empezar un proyecto de vida porque los precios de los alquileres son desorbitados y los salarios, en términos absolutos, son como los de hace veinte años y la mayoría de contratos son temporales", denuncia.
Por su parte, Julia Rosanna Sánchez-Valverde, miembro de Acció Jove CCOO y representante del Consell Nacional de la Joventut Catalunya CCOO, detalla que en el 2019 el 90% de los contratos de este grupo de población fueron temporales y sólo un 10%, indefinidos. Pero no sólo sufren en las sus propias carne la precariedad laboral, sino también la imposibilidad de encontrar un trabajo, ya que el paro entre los menores de 25 años es superior al 40%.
Un grupo de jóvenes de la Vall de Boí y las Garrigues, que se quedaron sin trabajo por el coronavirus y en mayo se desplazaron hasta Seròs (Lleida) por la campaña de la recogida de la fruta / ACN
Sometidos a la inestabilidad
Sergi Claramunt, representante de los Joves d'Unió de Pagesos (UP), pone el acento en que este grupo poblacional no puede mirar más allá de su día a día. "Su futuro es nulo", sostiene. Eso se debe el hecho a que encadenan contratos temporales de pocos meses o días, aunque no cambien de empresa ni empleo, lo que perjudica sus derechos laborales. Al no tener contratos fijas, pueden prescindir de sus servicios de un día para el otro, no acumulan meses de antigüedad en un lugar de trabajo, lo que comporta que no puedan disfrutar de las vacaciones u obtener un finiquito si se los despiden. "Muchos jóvenes, como prácticamente todo el mundo, también quieren una estabilidad", alega Claramunt.
Además, sus salarios tampoco son muy elevados. Todo esto, no les permite plantear un modelo de vida a largo plazo o independizarse. "Los jóvenes acaban invirtiendo el 90% de su sueldo en la vivienda. Es precariedad y más precariedad", enfatiza Anna Clua, portavoz del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC). Eso, explica, los obliga o bien a compartir piso o a permanecer en casa de los padres. Además, argumenta que cuando una persona es estudiante no lo importa compartir un piso, pero a la treintena tiene ganas de vivir solo y eso es prácticamente imposible si no tienen una pareja con quien compartir los gastos.
Anna Clua, portavoz Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) / cedida por Clua
Una cuestión a la cual también se refiere Sánchez-Valverde, que advierte que los ínfimos sueldos que cobran los jóvenes no les permite pagar un alquiler y los estudios a la misma vez. De hecho, señala que sólo un 20% se independizan, mientras que la mayoría no se marchan de casa de los padres hasta los 29 años, una década más tarde que sus homólogos europeos. "Nos queremos emancipar y lo queremos hacerlo dignamente, pero, cuando nos emancipamos, ¿qué condiciones nos encontramos? Hay jóvenes que dejan de comer bien para pagar el alquiler", asegura.
Esta situación, indica Clua, también propicia que se produzca una fuga de cerebros, es decir, que jóvenes formados se marchen a vivir al extranjero para perseguir las oportunidades que no encuentran aquí como trabajar de lo que han estudiado o tener un sueldo más digno.
Por otra parte, esta nula o tímida entrada al mercado laboral también produce que los jóvenes hayan cotizado poco. Eso les cierra las puertas a la hora de acceder a prestaciones como el paro, la renta mínima o el ingreso vital, argumentan tanto Clua como Álvarez que denuncian la carencia de políticas públicas para el colectivo. "El futuro genera frustración y angustia", asevera a la portavoz del sindicato estudiantil.
La precariedad laboral, el paro juvenil, la falta de perspectivas de futuro, la imposibilidad de emanciparse o de construir un proyecto, el sufrimiento de no llegar a finales de mes, sin duda, hacen estragos en la salud mental de algunas personas. "El 45% de los hombres y mujeres jóvenes sienten tristeza y angustia porque no pueden llegar a final de mes, pagar el alquiler, los estudios", afirma Sánchez-Valverde.
Julia Rosanna Sánchez-Valverde, miembro de Acció Jove CCOO y representante del Consell Nacional de la Joventut Catalunya CCOO, en un programa de radio / Cedida por Sánchez-Valverde
Uno de los temas tabú, revela, es el elevado índice de suicidios que existe entre este grupo poblacional. En este sentido, según un estudio del 2017 del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, el suicidio es la tercera causa de defunción entre las personas entre 15 y 29 años, sólo superado por causas externas, como pueden ser accidentes laborales, y el cáncer.
Una situación agravada por la pandemia
La pandemia ha complicado todavía más su situación. "Con la crisis económica (del 2008) las personas mayores que se quedaban sin trabajo eran las que sufrían más la pobreza, pero con la pandemia ahora somos los jóvenes los que vivimos esta situación porque no podemos acceder al mundo laboral", explica Álvarez.
Además, como los contratos temporales son predominantes entre los jóvenes, muchos se han quedado sin trabajo a raíz de la crisis económica que ha comportado la Covid-19. "Son más fácil de destruir", precisa Sánchez-Valverde, que también apunta que la crisis se ha ensañado más con las mujeres. Eso, puntualiza, se debe el hecho que el sector más resentido ha estado el de los servicios, en el cual trabajan el 88% de las mujeres y el 80% de los hombres. Además, manifiesta que las mujeres también tienen más dificultades que los hombres a la hora de acceder al mercado laboral.
Los jóvenes son uno de los principales afectados por la crisis desatada por la pandemia, que ha comportado que se dificulte todavía más su acceso al mundo laboral / EFE
En otro contexto, Sánchez-Valverde ha sido muy crítica con el modelo de prácticas formativas porque no son remuneradas y no garantizan la continuidad del becario, ya que cada seis meses tienen otro nuevo. Con eso, razona, las empresas se ahorran contratar personal que, después, es más caro despedir. Eso, propugna, ha comportado la destrucción de sitios de trabajo. "Las prácticas formativas tendrían que ser una puerta de entrada de los jóvenes en el mundo laboral, pero en cambio se vulneran sus derechos", observa.
A pesar de no estar de acuerdo con este sistema, reconoce que, a menudo, es una oportunidad que tiene la juventud de tener un primer contacto con un trabajo relacionada con lo que ha estudiado, sea un grado universitario o uno FP. "Depende de lo que estudias es importante las prácticas", expone. Ahora bien, con la pandemia muchos alumnos no han podido acceder a ellas, ya que las empresas han dejado de ofrecerlas a la vez que hay negocios que se han pasado al teletrabajo u, otros con menos fortuna, que han tenido que bajar las persianas.
La repercusión de la Covid en las aulas
Según Clua, con la pandemia "se ha vulnerado el derecho de la educación de manera flagrante", que tendría que ser accesible para todo el mundo. En este sentido, desde SEPC denuncian que, mientras se apuesta por la enseñaza virtual, un año después de iniciarse la crisis sanitaria, no se ha reducido la brecha digital. "En los Institutos eso sucede y es muy grave porque los alumnos no tienen acceso a los dispositivos electrónicos", matiza Clua, que indica que estos les tienen que servir para seguir las clases o hacer sus deberes.
Otro de los temores de Clua es que la crisis económica desatada por la Covid se utilice para justificar recortes en educación y, con ello, imponer a un modelo de clases virtuales en la universidad. Si esto sucede, alerta, perjudicará a los colectivos más vulnerables que no tienen recursos para financiarse los aparatos electrónicos que se requieren con la formación a distancia.
Según Clua "se está mercantilizando la educación", pero no es un fenómeno nuevo de la pandemia, sino que viene de antes. Una muestra de ello, por ejemplo, es que es imprescindible cursar un máster para especializarse en un ámbito. Por eso, esta joven de 21 años que estudia un grado de Ciencias Políticas tiene claro que cuando lo acabe tendrá que seguir formándose. "Cada vez te piden que estudias más y te especialices para tener un trabajo más remunerado", relata Clua a la vez que resalta que los másters son impagables. "Todo es una barrera constante", lamenta.
En este contexto, una de las peticiones la del SEPC es que equiparen los precios de los másters con los de las carreras para que estos estudios sean económicamente más accesibles, como ya sucede en otros países de Europa.
El mundo rural
Desde el mundo rural tampoco dibujan un panorama más esperanzador para los jóvenes. En Catalunya hay un total de 43.079 prrspnes que trabajan en el sectro agrícola, de las cuales un 9,6% tienen menos de 40 años, es decir, 4.146 personas. Una de ellas es Xavier Purroy, portavoz de Joves Agricultors i Ramaders (JARC), que sigue la tradición familiar y es la cuarta generación que trabaja en el campo. En su caso, cultiva fruta dulce como nectarinas, melocotones, manzanas y peras en Alcarràs (Lleida).
El problema principal que se encuentran en este sector es el bajo precio al que venden la fruta. En este sentido, Purroy pone de ejemplo que una producto que en el mercado se comercializa a dos euros, a él le han pagado alrededor de veinte céntimos. Una experiencia que Sergi Claramunt, representante de Joves d'Unió de Pagesos (UP), también conoce de primera mano, ya que cultiva avellanas y olivos en el Camp de Tarragona. En su caso le pagan 1,95 euros el kilogramo de avellanas, mientras que después se vende a siete euros en las tiendas.
El leridano atribuye esta situación a "la especulación de los intermediarios", es decir, los que compran los productos a los agricultores para después distribuirlas en las tiendas. Tanto Purroy como Claramunt creen que es vital que se suba el precio en el cual les compran la fruta. "Por debajo de los dos euros el kilo de avellanas pierdes dinero", estima, que calcula que para que le fuera sostenible la actividad necesitaría entre unos veinte o treinta céntimos más por kilogramo. "Pedimos que nos paguen lo que es justo por nuestra fruta. No nos queremos enriquecer, sino vivir", enfatiza.
Este, sin embargo, no es el único inconveniente. Purroy realza que, como el nivel de vida se ha encarecido, también es más costoso producir los alimentos. Con todo, pone de relieve que eso no se ha traducido en un aumento de los precios de los bienes agrícolas o ganaderos, por lo cual obtienen menos beneficios por la misma producción.
Además, comenta que la tecnificación del sector ha comportado que se requiera una mayor formación a la vez que las ganancias que obtienen se tienen que reinvertir en la explotación para conseguir maquinaria nueva. En este aspecto, Claramunt apunta que se necesita de una inversión constante que no siempre es puede materializar, ya que los beneficios van ligados a las cosechas. "Puede ser que venga un temporal que te estropee todo", asevera y destaca que esto repercute en la estabilidad económica del agricultor.
Sin duda, añade Purroy, otro de los problemas es que la globalización comporta "una competencia desleal" entre países, ya que algunos pueden producir más barato y, consecuentemente, comercializar sus productos a un precio más reducido. En el caso de Catalunya también han encontrado a otro competidor al cual no le pueden hacer frente. Se trata de fondo buitres que adquieren grandes extensiones que destinan a la agricultora extensiva, apunta a Claramunt.
Para el tarraconense otro de los campos de batalla es las dificultades que se encuentran a los agricultores para poder acceder a las tierras. Uno de los principales inconvenientes es que a la hora de alquilarlas les ha surgido un nuevo rival: las empresas de energías fotovoltaicas. Estas, asegura, pueden pagar hasta tres o cuatro veces más por hectárea, así como requieren de parcelas más extensas. Por eso, los propietarios prefieren arrendarlas a estas compañías en lugar de los agricultores. "¿Cuándo no tengamos tierras agrícolas que haremos? ¿Lo importaremos todo? Eso no es sostenible", dice indignado.
Más allá de estas adversidades, la vida en el campo tampoco es sencilla y comporta muchas horas de dedicación diaria por los beneficios que reporta. "Trabajo de sol a sol, en invierno hago menos horas, pero en verano estoy de seis de la mañana a diez de la noche", narra Claramunt, que especifica que tampoco se puede tomar muchos días de vacaciones porque los cultivos necesitan un mantenimiento constante. "Es un trabajo vocacional", confiesa.
Sergi Claramunt, representante de Joves d'Unió de Pagesos (UP) / cedida por Claramunt
"Trabajamos el doble que nuestros padres, los costes se han triplicado y los beneficios se han reducido", resume Purroy, que agrega: "Vamos hacia atrás".
Con todo, recuerda que la pandemia ha puesto en la palestra la esencialidad del sector, que produce bienes de primera necesidad para la población. Por este motivo, desde la JARC creen que para que esta actividad sea sostenible tiene que contar con ayudas rápidas, flexibles y directas, así como ventajas fiscales. Por su parte, Claramunt sostiene la importancia de vender los productos más caros y facilitar a los agricultores el acceso a la tierra.
Recorte de derechos
Este malestar económico no es la única cosa que indigna a los entrevistados que consideran que se está materializando un recorte de sus derechos en varios ámbitos. Sin duda, les representants de CCOO, UGT i SEPC tienen en el punto de mira la reforma laboral aprobada en el 2012 que, coinciden, ha precarizado los contratos de los trabajadores tanto con respecto a los sueldos como por la temporalidad. Ahora bien, no es la única normativa que han puesto en el centro de la diana donde también sitúan la ley de Protección de Seguridad Ciudadana del 2015 popularmente conocida como la ley mordaza, que piensan que comporta un recorte de derechos básicos como la libertad de expresión o de manifestación.
"Ponen en la prisión a la gente para cantar, a payasos, titiriteros...Podemos estar de acuerdo o no con lo que dicen, pero la libertad de expresión tiene que existir", manifiesta con contundencia Álvarez, que también recuerda que a raíz de esta normativa hay alrededor de unos 350 sindicalistas encausados. Perceptivamente indignada, se expresa desde la otra lado del teléfono: "Te condenan a prisión por reclamar tus derechos". Una pena que, subraya, conlleva que la gente tenga miedo a la hora de reivindicar sus derechos o de expresarse libremente.
Para Clua, las manifestaciones a favor de Hasél son un síntoma más del malestar juvenil, pero la sentencia del procés "encendió las chispas de esta rabia, frustración e impotencia" que hay entre los jóvenes. También alega que el rapero no es la única persona represaliada por sus ideas como es el caso de los presos políticos o de Marcel Vivet, que este lunes fue juzgado por participar en 2018 en una manifestación que emulaba una holi party, una fiesta india que consiste en lanzar polvo de colores. Esta iniciativa se llevó a cabo como respuesta a una manifestación del sindicato de la policial nacional española Jusapol que defendía su actuación durante el referéndum del 1-O. "Queríamos poner color al fascismo", ha explicado en reiteradas ocasiones Vivet, para quien la Generalitat ha pedido una pena de casi cinco años de prisión por los presuntos delitos de desórdenes públicos, atentado a la autoridad y lesiones leves a un agente, unos acusaciones que niega.
Precisamente, por este motivo, el viernes 12 de febrero, el SEPC organizó una manifestación y huelga en apoyo de Hasél, pero también de las otras víctimas de lo que califican represión del Estado como puede ser el caso
En este contexto, Clua argumenta que tanto la reforma laboral como la ley mordaza se han creado para "restringir los derechos adquiridos". A raíz de la crisis económica, que estalló en el 2008, "la gente pierde su trabajo, la casa, lo que conlleva que haya más protestas y las élites, como se ven cuestionadas, crean estas leyes".
La manifestación de la SEPC en apoyo a Hasél, así como de otras personas represaliadas / ANC
Desde el punto de vista de Purroy todo va más allá de la ideología política de cada persona, ya que la situación económica y social afecta a todo el mundo por igual. "Todo eso estaba una bomba a punto de explotar porque no sólo afecta a unos, sino que a toda la generación", defiende.
"Vivimos en un país democrático, pero no podemos decir lo que queremos. No nos podemos quedar callados. Eso nos afecta a todos y en todas", alerta Sánchez-Valverde, quien denuncia la "violencia" y "brutalidad" que ejerce la policía cuando carga sobre los manifestantes, así como "las identificaciones arbitrarías" que efectúan los agentes a las personas que acuden a las protestas. Todo esto, critica, se le añade "la falta de respuesta política" ante la represión policial, la precariedad laboral de los jóvenes o la vulneración de un derecho fundamental como es la libertad de expresión. "Estamos hartas", recalca.
Tensión contenida
Este malestar, piensan los entrevistados, era una bomba de relojería que podía explotar en cualquier momento y el detonante ha sido el encarcelamiento de Hasél, pero las manifestaciones de los últimos días recogen años de frustración y rabia de la población joven que ven que en la sociedad presente no hay lugar para sus sueños, aspiraciones o proyectos a la vez que, si las cosas no cambian, el futuro tampoco es más prometedor. Eso, según Sánchez-Valverde, se le tiene que sumar que han perdido el miedo porque no tienen nada que perder. "¿Si no hago nada, qué hago? ¿Las perspectivas cuáles son"?, se pregunta de manera retórica.
Sánchez-Valverde en una manifestación / cedida por Sánchez-Valverde
Además, junto con Clua, pone el acento que, a pesar de ser un colectivo que está sobre cualificado, es la primera generación que vivirá peor que sus padres. Eso, explican, se debe el hecho de que han sufrido las consecuencias de dos crisis económicas, la del 2008 y la actual, que ha desencadenado la pandemia, lo que les condena a la inestabilidad y precariedad. "Nos hemos fijado con la familia y ahora vemos que no podremos acceder a ciertos recursos que tenían nuestros padres. Es muy frustrante", sentencia Clua.
Por otra parte, tanto Álvarez como Sánchez-Valverde también ponen el grito en el cielo porque consideran que se ha criminalizado el modo de vivir de los jóvenes y, especialmente, durante la pandemia. Ambas muestran su indignación sobre el hecho de que a raíz del botellón se los haya culpabilizado de ser uno de los principales focos de propagación de la Covid. Por un lado, Álvarez cree que personas que no respetan las medidas de seguridad se da tanto entre la juventud como en las de edad más avanzada, que se encuentran en casas particulares. La diferencia, argumenta, es que en el caso de los jóvenes es más visible porque se reúnen en la calle, ya que no poseen una vivienda propia.
Una vez hecha esta precisión, pone énfasis que, con la excusa del botellón, se ha estigmatizado, criminalizado y transmitido una imagen negativa de este sector de la población. "No todos los jóvenes incumplimos las normas", reivindica Álvarez a la vez que lamenta que no se haya puesto en valor las cosas buenas que han hecho por la sociedad. En este sentido, Sánchez-Valverde pone de ejemplo que durante el confinamiento los jóvenes organizaron redes de apoyo en sus barrios y municipios para poder llevar alimentos a casa de las personas de riesgo o colectivos vulnerables. Otra demostración de la solidaridad de este colectivo es que, de mediados de marzo a inicios de agosto del 2020, la Cruz Roja triplicó el número de voluntarios, principalmente, por la entrada de gente joven a la organización.
"No sólo entre los jóvenes, en Cataluña el malestar es general y la gente está quemada. Deberíamos salir más a la calle", asevera Claramunt. Esto lo atribuye, entre otras cosas, que la población cada vez tiene más dificultades para subsistir porque los salarios son más bajos, la cuota de autónomos se incrementa o el nivel de vida se encarece; mientras que las clases dirigentes mantienen sus privilegios económicos como el sueldo vitalicio de los expresidentes. También, ve con tristeza que "la gente se está peleando en la calle" como ha sucedido estos días en las protestas pro-Hasél donde se han vivido momentos de tensión entre los manifestantes y policías. "Todos somos ciudadanos, la policía también son ciudadanos y nos estamos enfrentando entre nosotros".
¿Qué reivindican?
Aunque ni el presente ni el futuro es esperanzador para estos jóvenes, se niegan a darlo todo por perdido. Tienen un clamor unánime: que se los escuche. Perciben que se ignora su voz, que no se les tiene en cuenta a la hora de tomar decisiones, pero se sienten con fuerzas de revertir esta situación y participar activamente en la construcción del modelo social, político y económico.
"Vivimos en una sociedad adultocèntrica que nos dice que tenemos que hacer y como tenemos que vivir, pero lo que queremos es cambiar a esta sociedad. Tenemos que luchar por formar parte de ella. No somos el futuro, somos el presente y tenemos derecho a un proyecto de vida como el resto", aclama a Álvarez, que añade: "Queremos que se respete y se escuche nuestra opinión porque también formamos parte de la población". Desde su punto de vista, la transformación social tiene que propiciar la mejora de los derechos laborales, garantizar la libertad de expresión y manifestación, así como respetar el medio ambiente.
De una manera similar se expresa Sánchez-Valverde: "Se hacen políticas para los jóvenes, sin jóvenes. Las personas que mayores deciden por nosotros. Hay mucho movimiento juvenil organizado, estos espacios existen y queremos participar en el cambio, no como futuro, sino como presente"
Para Purroy ha llegado el momento de hacer una "revolución" para que se tenga en cuenta los jóvenes y sus inquietudes. "Nos tapan la voz, opinamos y no nos hacen caso. Queremos ser escuchados", sentencia el agricultor.