Todos los interrogatorios, 15 en total en esta segunda sesión del juicio del 9-N, han sido encaminados por parte del fiscal a probar que las órdenes para sacar adelante el 9-N se dieron desde el Govern y que no se frenaron a partir del 4 de noviembre cuando llega la providencia del TC que suspendía la consulta.
Pero todos los testigos han asegurado que el trabajo ya estaba hecho por aquellas fechas y que todo lo que se hizo los días siguientes eran el desenlace de encargos anteriores, como la distribución de las urnas, y la entrada en escena de los voluntarios, entre los que había varios directores de institutos, cargos y trabajadores de la Generalitat.
La Fiscalía se ha centrado en el recibo de las llaves del Institut Pompeu Fabra de Badalona donde puso el sello la delegación territorial; en el contrato con fecha de 28 de octubre de diseño de la web y en el de mantenimiento del día 7; y en el contrato con la empresa Focus, que aunque es del día 3 de noviembre, un mail revela que se firmó el día 7 y que el Govern pidió cambiar la fecha por una anterior a la prohibición de la consulta por parte del TC. Pero su responsable, Joan Cañada, ha asegurado que "cuando se suspendió la consulta, no se introdujo ningún nuevo dato a la página web".
Cañada ha asegurado que estaban "expectantes de sí había algún tipo de aclaración sobre la providencia por si teníamos que hacer alguna acción concreta y no llegó", por parte del Govern.
"Técnicamente era imposible suspender la página web"
Joan Cañada, el responsable de supervisar todo el sistema informático de la consulta, que incluye desde la página web, hasta la distribución de los voluntarios por puntos de votación, comunicó a la vicepresidenta el día 4 de noviembre, día en que llega la providencia del TC, que "técnicamente era imposible suspender la página web". A preguntas de la Fiscalía, ha explicado que se puso en contacto por iniciativa propia, después de ver en la prensa la suspensión del 9-N y después de que su equipo le confirmara que "al estar tan duplicada (la página web) era prácticamente imposible hacerla desaparecer". Cañada ha expuesto que, de hecho, "todavía está activa y todavía se puede visitar".
Cañada ha expuesto que Ortega no tenía todavía conocimiento de la providencia del TC y que tenían que esperar.
Pero el ex director del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI), Jordi Escalé ha tumbado esta tesis y la ha dejado en falso al decir que la web se podía eliminar "en horas". Un hecho que ha hecho reaccionar al instante la Fiscalía: "En horas, kaputt?"
Todo terminado antes del 4 de noviembre
El 4 de noviembre, ha dicho Joan Cañada, "todas las tareas que teníamos que desarrollar las teníamos hechas". Asegura que a finales del mes de octubre el diseño de la web y los contenidos estaban acabados. Con todo la Fiscalía ha insistido en las fechas de los contratos.
La página se contrata el 28 de octubre y el día 7 se hace otro de mantenimiento, según el Ministerio Público.
Institutos al servicio del Govern
La Generalitat dejó claro a los directores de los institutos que los centros quedaban a disposición de la consulta y "quedó muy claramente expuesto que era una actuación absolutamente voluntaria. Quien quisiera sí, y quien no quisiera no". Así de claro lo ha dejado el inspector jefe de Ensenyament que estuvo presente en la reunión de la directora territorial con los directores del centro.
Francisco Güell ha expuesto durante su declaración, en la sesión de la mañana del juicio del 9-N, que él mismo dejó claro a los inspectores que "la titularidad del centro hacía uso de su centro" y que no tenían competencias para intervenir: "No teníamos ninguna competencia ".
Aún así dos inspectores se pusieron en contacto con la delegación del Gobierno español y aconsejaron a los directores que pidieran la cesión de los centros por escrito.
Sólo un instituto del área de Barcelona se negó a dar las llaves. Su directora también ha declarado esta mañana.