Barcelona no tiene más delincuencia que otras ciudades turísticas; lo que hay es un embotellamiento en los juzgados para resolver los hurtos y robos: faltan recursos, materiales y de personal, y al menos 6 juzgados de lo penal más para juzgar y ejecutar las condenas, especialmente a los multirreincidentes. Lo ha afirmado la decana de los juzgados de Barcelona, Cristina Ferrando, ante las últimas noticias que, nuevamente, han provocado alarma a la ciudadanía, en un encuentro con periodistas, este lunes. Ferrando sostiene que los jueces están trabajando mucho, por encima de los módulos fijados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), como los Mossos de Esquadra y lo que hace falta -según su opinión- es ajustar el engranaje judicial para que sea efectiva la reforma legislativa, con la Ley Orgánica 9/2022, que ordena condenar a prisión a ladrones multirreincidentes, norma que entró en vigor el agosto de 2022, y que exige unos requisitos, no solo su detención  -incluso más de 10 veces-, como alertan la policía catalana y políticos de la ciudad.

En concreto, los delitos leves son los que castigan los hurtos y acciones contra el patrimonio que no superen los 400 euros. La pena es una multa. Para aplicar la multirreincidencia, la reforma legal del 2022 exige que la persona tenga tres condenas firmes y que lo que ha hurtado en la cuarta ocasión supere los 400 euros de valor, y por eso hay que hacer una tasación. Este peritaje lo hace una empresa contratada por el Departamento de Justicia y actualmente estas periciales tardan 8 meses en presentarse al juzgado, según Ferrando, y, por lo tanto, va en contra de la rapidez del procedimiento. Paralelamente, para dictar una medida cautelar de prisión, Ferrando también recuerda que hacen falta pruebas y que el riesgo de reiteración delictiva no se puede medir con detenciones policiales. Hay que diferenciar al multidetenido del multirreincidente en el ámbito jurídico, en opinión de la decana de los juzgados de Barcelona.

Colegio de Abogados de Barcelona

Precisamente, el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y el decano del Colegio de Abogados de Barcelona (Icab), Jesús M. García, presentan este martes una propuesta de reforma legislativa para que sea más efectiva la lucha contra la multirreincidencia y la okupació de viviendas, que consideran esencial. En este sentido, el Parlament -con el impulso de Junts y la abstención de ERC- pidió, recientemente, que se plantee una modificación legislativa, aunque es una competencia del Gobierno, para castigar de forma más eficiente a los delincuentes que roban relojes y móviles, así como reclamar un refuerzo a los juzgados colapsados.

Creados para las Olimpiadas

La magistrada Cristina Ferrando explica que Barcelona es pionera en la tramitación rápida de los delitos leves. Fue en 1992, coincidiendo con las Olimpiadas, que se ampliaron de 2 a 4 los juzgados de guardia. Los 33 magistrados y magistradas hacen una rotación para asumir, aparte de sus casos, lo que se llama los juicios inminentes para delitos leves, como los hurtos. Después de la pandemia, volvió el turismo y el aumento de los hechos delictivos, y saltó la alarma porque los juzgados estaban colapsados y los delitos leves quedaban impunes porque prescriben al pasar el año. El Poder Judicial acordó prorrogar el funcionamiento del segundo juzgado de delitos leves en el partido judicial de Barcelona hasta el 30 de junio de 2024.

Ahora, la decana pide que para evitar disfunciones se cree de forma fija este turno del segundo juzgado delitos leves. El CGPJ es el encargado de validar esta propuesta, pero la última palabra la tiene el Ministerio de Justicia, que es quien tiene que poner el dinero para sufragarlo (sueldo de jueces y LAJ), y el Departament de Justicia, el de los funcionarios. Precisa que cada uno de los dos juzgados celebra  24 juicios al día. La mayoría son hurtos en el metro, donde el acusado puede no estar en el juicio, y la víctima tampoco si es en grado de tentativa. En estos casos, la agenda de los juicios se comparte con los Mossos, que pueden citar la persona al juicio. La sala de gobierno del TSJC ha permitido abrir la agenda de estos juicios rápidos a la espera de que se amplíe su continuidad. El engranaje de los juzgados de guardia y los juicios inminentes es compartido por todos los operadores jurídicos, como los fiscales y abogados, pero hacen falta recursos para que funcionen, insiste Ferrando.

Más juicios que Madrid

Aparte del delito leve, está el delito menos grave, que se imputa a la persona  que roba material por valor superior a los 400 euros, además de alcoholemias, y agresiones sexuales menores; y el delito grave, que es ya con violencia. En estos casos, el juez tiene que hacer una mínima instrucción, unas diligencias previas con declaración del acusado, víctimas y testigos, y se pueden hacer los llamados juicios rápidos por parte de juzgados de lo Penal, con penas que no superan los 5 años de prisión; y son diferentes de los juicios inmediatos, que les hacen los jueces de instrucción. En estos casos, se puede grabar la declaración de la persona (lo que se denomina la prueba preconstituida), si es turista y se puede marchar a su país.

La decana demuestra con cifras que el trabajo en los juzgados de Barcelona es mayor. Por ejemplo, detalla que el año 2022 en Madrid se tramitaron 5.490 juicios rápidos y se celebraron unos 5.600, mientras que Barcelona tramitó 7.492 juicios, pero los juzgados de lo penal solo celebraron unos 5.000 por la falta de jueces y funcionarios. Actualmente, los juzgados de lo penal también celebran juicios rápidos, hay 2 jueces que hacen 18 vistas al día. Se ha aplicado un plan de refuerzo, con jueces de adscripción territorial (JAT), que el año pasado hicieron unos 2.000 juicios y las respectivas sentencias.

¿Cuándo se ejecuta?

Una vez dictada la sentencia, esta se tiene que ejecutar, y se encargan de hacerlo otros juzgados, los cuales ya superan el trabajo en un 50% de lo que fija el Poder Judicial. Por eso, Ferrando reclama 2 juzgados más de ejecutorias, sumados a los 4 juzgados de lo penal. Y propone un servicio de guardia de juzgados penal, como tienen a instrucción.

Recursos de Justicia

En cuanto a los recursos, la consejera de Justicia, Gemma Ubasart, ha presentado, este lunes por la tarde, el presupuesto del Departament de Justicia para el 2024, que se eleva a 1.219 millones de euros, unos 70 millones más que el 2023. Ha recordado que ha pedido al Gobierno que este año son necesarios 25 juzgados nuevos en Catalunya, y que la dotación en personal sería de unos 8 millones de euros. 

Además, Ubasart ha destacado "el refuerzo" en la justicia gratuita, "con una cifra récord por segundo año consecutivo", con una dotación de 80 millones de euros, y la ha comparado con Madrid, que destinará 56 millones de euros. La Abogacía Catalana, pero, ya anunció que será insuficiente.

 

En la foto principal, la decana de los juzgados de Barcelona, Cristina Ferrando, en una imagen de archivo. /Foto: ACN