Los expertos sostienen que la salud mental de la ciudadanía ha empeorado o han aflorado problemas latentes después del confinamiento por la pandemia de la Covid-19. Precisamente, la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) en un reciente acuerdo ha expresado su "preocupación" cuando se detecta que un juez, magistrado o juez sustituto "presenta un problema de salud mental o de adicciones que impide el normal funcionamiento de los órganos en los cuales está inscrito" y no coge la baja médica. Por eso, ha pedido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) qué se tendría que hacer, y si tendría que enviarse a la sección de Prevención de Riesgos Laborales de la carrera judicial del CGPJ, con la finalidad que haga un seguimiento de la situación y evitar los "riesgos existentes para los procedimientos judiciales y para los usuarios" de la Administración de Justicia, o -añade- si no es posible legalmente iniciar ninguna actuación. El TSJC también le ha comunicado su preocupación porque "no hay mecanismos de control de ciertas bajas médicas", de las que se sospecha que no son reales porque se asegura que el juez de baja, por ejemplo, "está activo en las redes sociales". El órgano de gobierno de los jueces ya ha asumido las dos consultas y las ha derivado en el gabinete técnico del CGPJ.
Actualmente, en Catalunya hay una plantilla de 855 jueces y magistrados, 418 fiscales, 671 letrados de la Administración de Justicia y unos 7.626 funcionarios (incluyendo a los 2.374 jueces de Paz), según la estadística del Departament de Justicia del abril pasado. Catalunya arrastra un déficit de jueces hace años y el presidente del TSJC, Jesús María Barrientos, denunció que 32 juzgados estaban sin jueces titulares ni sustitutos, en el acto de recibimiento a los 92 nuevos jueces y juezas, el febrero pasado. Añadía que el Ministerio de Justicia no da soluciones para evitar la marcha de jueces constante del territorio catalán, ya que la mayoría son otras comunidades y vuelven a sus ciudades. ¿A la elevada movilidad de jueces se añade ahora bajas médicas sin control o simuladas? ¿Y de una parte de la plantilla con problemas de salud, que afecta al funcionamiento de los juzgados hace tiempos colapsados? No ha trascendido ningún caso de gravedad en Catalunya, pero los jueces toman decisiones muy importantes, como decretar la prisión provisional o no de una persona o decidir la custodia de hijos menores, según su especialización. Ha habido casos de ansiedad o de depresión por la elevada carga de trabajo, indican algunos profesionales.
Las licencias por enfermedad, sin control
La sala de gobierno del TSJC ha realizado una segunda consulta al CGPJ, además de sobre cómo actuar con jueces y magistrados en activo a quienes se les detecta un problema de salud mental. También ha planteado si se puede "protocolizar para todos los tribunales superiores de justicia del Estado un sistema para comprobar de forma excepcional las licencias por incapacidad temporal solicitadas por jueces, magistrados y jueces sustitutos, dentro y fuera de los respectivos tribunales superiores" cuando se estime oportuno. En este sentido, se pide que se detallen los organismos o entidades que tendrías que realizar las comprobaciones: el cuerpo nacional de médicos forenses, facultativos del servicio médico concertado por la Mutualidad General Judicial a la cual pertenezca el juez, o los servicios de la Seguridad Social. Además, de comprobar si el reglamento de la carrera judicial que detalla que las licencias se tienen que acompañar de informe médico, teniendo en cuenta la ley de protección de datos, es o no conforme a la normativa europea.
Asistencia médica adecuada
La presidencia del TSJC justifica esta consulta porque, según su opinión, "no existen medios eficaces para averiguar o comprobar algunas bajas médicas" porque con el fin de preservar la información sobre la salud de los afectados no se indica la causa en los atestados médicos que se reciben. Deja claro que "la inmensa mayoría de los jueces y juezas cumplen con sus labores de forma abnegada y eficiente, a pesar del ingente número de procedimientos incoados,", pero la sala de gobierno del TSJC añade que "no puede dejar de mostrar su preocupación" con ciertas situaciones, todo y -matiza- no frecuentes.
El TSJC detalla: Se ha comprobado que grandes retrasos en la resolución de los asuntos que se produce en algunos juzgados son, algunas veces, anteriores a bajas médicas; en concreto por algún problema de salud mental que les impide decidir sobre los asuntos que se encuentran a su cargo, no siendo conscientes a veces de la situación". Añade que "eso no se tiene que resolver con actuaciones disciplinarias, como se hace en otros supuestos, sino a la comprobación y en su caso control por la organización judicial de la asistencia médica adecuada, para que los profesionales afectados puedan salir de estos escenarios y a la hora el servicio público no se vea perjudicado".
Activos en las redes sociales
En un segundo supuesto, el TSJC, expone que las bajas vienen precedidas "de problemas personales" entre los magistrados del órgano colegiado o con otros funcionarios; o también con la adjudicación de destinos alejados de los deseados o bien con la apertura de expedientes disciplinarios" situaciones -añade- que "hacen sospechar de la inexistencia de razones médicas que las ocasionen, y más cuando se comprueba que los jueces afectados están activos en las redes sociales y en otras actividades a las cuales dan publicidad". A criterio del TSJC, tampoco hay medidas eficaces para comprobar estas bajas que "causan graves disfunciones en el normal funcionamiento de los tribunales". No se dan cifras de estas situaciones, aunque el TSJC añade que "desaparecido el deber de residencia, no es infrecuente que el juez no esté ni en el partido judicial donde ejerce, sino ni siquiera en la comunidad autónoma". Por todo ello, el TSJC pide que se detallen como actuar en estas situaciones que no desarrolla el reglamento de la carrera judicial, aprobado por el pleno del CGPJ en el 2011.
Además de problemas de salud derivados del trabajo, como tienen todas las profesiones, también falta ampliar la plantilla jueces, según reivindica la judicatura, además de las mejoras salariales conseguidas recientemente. El Estado español está a la cola de Europa en número de jueces por ciudadanos (11,3 jueces por 100.000 habitantes frente a los 17,60 europeos), y Catalunya tiene el número más bajo del Estado: 9,3 jueces. Solo Castilla-La Mancha (9 jueces) está igual de desequilibrada, según datos del CGPJ de este año. Según este informe del Poder Judicial, la media de edad de las juezas y magistradas (que son mayoría) que ejercen en Catalunya es de 48 años y su antigüedad de 15,6 años, mientras la edad media de los jueces y magistrados es de 52 años y 18, 3 años de antigüedad. Y sobre permisos y licencias, Catalunya es la que menos registra.