Un juez de Barcelona ha citado como investigados a cuatro vecinos, a quienes la fiscalía acusa del delito contra los derechos fundamentales y libertades por haber hecho tuits "humillantes" contra la familia de Canet de Mar, que consiguió que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ordenara a la escuela Turó del Drac que la clase de P5 donde va su hija se realice el 25% de clases en castellano. El titular del juzgado de instrucción 12 de Barcelona los ha citado a declarar este septiembre.

La fiscalía de Delitos de Odio y Discriminación, dirigida por Miguel Ángel Aguilar, abrió una investigación el diciembre pasado, al recibir diferentes denuncias de Vox, Hablemos Español y la Asamblea por una Escuela Bilingüe por estas afirmaciones en Twitter, y en algunos casos archivó las diligencias para algunas personas y en otros los ha denunciado ante el juzgado, como estos cuatro vecinos de Barcelona. Hay otra denuncia de la fiscalía presentada en un juzgado de l'Hospitalet de Llobregat, que está pendiente de si se admite a trámite.

La fiscalía afirma que era para que la familia desistiera

La denuncia de la fiscalía de Odio expone que los cuatro denunciados publicaron en Twitter expresiones "humillantes e hirientes" contra la familia de una menor escolarizada en la escuela Turó del Drac, que al obtener una sentencia a favor del 25% de castellano solicitaron su aplicación y los denunciados les señalaron de forma expresa "en represalia para humillarlos y vejarlos y solicitando incluso el aislamiento de la menor respecto del resto de compañeros", y, por lo tanto, su exclusión social por el hecho de ejercer su derecho a usar la lengua castellana en los términos fijados por los tribunales". Con estas acciones, según la fiscalía, los denunciados "perseguían generar en la familia sentimientos de angustia, zozobra y amedrentamiento que les hiciera desistir de su pretensión, sirviéndose además de aviso para otras familias que pudieran tener idénticos planteamientos lingüísticos. "

Uno de los acusados identificó a la familia

Con respecto a los tuits, publicados en diciembre de 2021, uno de los acusados insulta a los padres y les pone "Ñ de ñordo" y pide que se deje sola la niña la escuela, "con las consecuencias humillantes que comporta", según la fiscalía. Otro publicó los nombres y apellidos de la familia a fin de que fuera reconocida públicamente y "señalada por sus reclamaciones lingüísticas, haciendo un llamamiento para que sufran un infierno mediático y que se marcharan del pueblo", y sostiene el fiscal "todo en un tono de menosprecio y animadversión para todo el mundo que habla castellano en Catalunya". El tercero también proponía aislar a la niña y tildaba a los padres de "colonos no integrados y terroristas".

"Cosifica a la menor" para hacer canalones

El cuarto acusado, según el fiscal, hizo mofa públicamente de la menor castellanohablante "rebajándola y cosificándola como si fuera carne para hacer canelones, y atribuyendo a su familia la condición de fascista, con la consiguiente humillación, individualizada y señalándola públicamente por hablar en castellano". Con esta denuncia, el juez Sergio Escalona ha resuelto que pueden ser hechos delictivos castigados hasta dos años de prisión y cita a los cuatro acusados a declarar como investigados el 1, el 5 y el 12 de septiembre.

Ante las denuncias por estos insultos en las redes sociales y sobre un supuesto intento de hacer daño a la familia, el centro escolar aclaró que ni la menor ni los padres habían recibido ningún insulto ni amenaza por parte de otras familias del centro.

Polémica lingüística

La resolución del TSJC que impuso en una clase el 25% de castellano sí que provocó que una treintena de familias de otros menores de esta clase, con el apoyo legal de Òmnium, pidieran al TSJC que parara la ejecución de la sentencia porque también se sentian perjudicados. El tribunal no lo aceptó como medida cautelar y ahora tiene que resolver el fondo. El tribunal es el mismo que ha enviado al Tribunal Constitucional (TC) las dos normas lingüísticas de Educació aprobadas por el Govern y el Parlament para superar la sentencia del 25% y que las califica de "inconstitucionales".