A veces las formas pueden hacer que la razón quede en un segundo plano y deje de ser lo más importante. Eso es lo que le ha acabado pasando a la vecina de Mataró que en el 2021 fue a la comisaría para denunciar que en una tienda de telefonía la obligaron a hablar en castellano y le negaron la hoja de reclamaciones, y el agente de la policía local que la atendió dio la razón en el establecimiento y le sugirió que hablara en castellano. La vecina había llamado a la comisaría para pedir ayuda a la policía para que defendiera sus derechos, pero se encontró con la actitud contraria del agente y después de un enfrentamiento, la gritó en castellano y la amenazó con una multa. La vecina acabó yendo a la comisaría, donde perdió los nervios, con ellos las formas y su enfrentamiento verbal con el agente acabó con insultos que ahora le saldrán caros. En septiembre del 2022, y después de varios procedimientos, el Ayuntamiento acordó una sanción administrativa de 500 euros, una de 300 por "desobediencia a la autoridad" y otra de 200 euros por "obstrucción de los servicios públicos". Ahora, un Juzgado Contencioso Administrativo de Barcelona ha dado la razón al Ayuntamiento y ha confirmado estas sanciones.
"¿No sabes que dice el Estatut?"
La sentencia, a la cual ha tenido acceso la ACN, relata que la mujer entró gritando y trató a un agente como "inculto de mierda" porque le propuso que hablara al dependiente en castellano. Cuando dos cabos intervinieron, para advertir a la vecina que de continuar con su actitud se exponía a una sanción, ella respondió "prevarica, so cabrón", según recoge la sentencia. La mujer fue a comisaría "gritando", según la sentencia, y pidió una prueba de sonometría cuando le pidieron que bajara el tono de voz. La mujer se enfrentó al policía que lo había atendido previamente por teléfono lanzándole: "Inculto de mierda, que no sabes qué dice el Estatut?". Después de un primer aviso advirtiéndola que tendría que salir de las dependencias policiales si no dejaba de gritar, un agente le facilitó una hoja de reclamaciones. El juez apunta que este policía le "tiró" la hoja arrugada diciéndole: "Ten, quieres otro"? En la sentencia, el juez también relata que la mujer desafió a dos cabos que la avisaban de que su comportamiento era sancionable según la ordenanza de civismo, y que ella acabó arrugando la hoja de reclamaciones que le habían entregado hacía unos minutos.
Vulneración de los derechos lingüísticos
Cuando el Ayuntamiento acordó la sanción administrativa de 500 euros, la vecina acusó al agente que la atendió inicialmente de vulneración de derechos lingüísticos porque el hombre le dijo que se se dirigiera al dependiente hablando en castellano si aquel era el motivo de conflicto. El caso acabó en los juzgados, y en enero del 2023 se dictó sentencia "constatando versiones contradictorias" entre la mujer y el policía local. En abril del 2023, la vecina aseguró que había presentado un recurso extraordinario para anular la sanción económica que le impusieron, con el apoyo legal de Plataforma per la Lengua.
Según relata la ACN, la vecina pidió al Ayuntamiento una revisión extraordinaria de su multa porque la consideraba nula después de la sentencia, pero el consistorio se la denegó. La mujer acudió al Juzgado Contencioso Administrativo para impugnar la negativa a la revisión de su caso y ahora este tribunal le ha desestimado el recurso, concluyendo que el Ayuntamiento tenía razón.
Según el tribunal, la sentencia de enero del 2023 "no se contradice con la descripción de la conducta de la mujer, que supuso una efectiva alteración del orden". En este sentido, el Contencioso Administrativo concluye que es "acertado" que el Ayuntamiento haya denegado una revisión extraordinaria de la multa porque la sentencia del juzgado de lo penal se limita a analizar si hubo o no un delito de coacciones, y no entra a valorar el comportamiento de la mujer.