Desde final de 2020 que varios funcionarios de la prisión de Lledoners, en el Bages, estaban bajo sospecha por, presuntamente, haber agredido a un preso muy peligroso de nacionalidad georgiana que estaba interno en este centro durante una inmovilización. A raíz de unas lesiones que presentaba el hombre, que había protagonizado varios capítulos muy violentos y que incluso lideraba una facción georgiana en el interior de prisión, que había instado a amotinarse, se inició un procedimiento interno y judicial para aclarar si la actuación, durante uno trasladado, fue correcto.
El preso estaba ingresado en el DERT, la zona de alta seguridad y de castigo de las prisiones, e intentó agredir a funcionarios e instar a rebelarse a los internos. Después de este hecho, donde tuvo que ser inmovilizado, fue trasladado, esposado y con funcionarios con equipos antidisturbios, a la prisión de Tarragona. Los cuatro funcionarios que participaron en esta inmovilización y traslado fueron apartados por el departamento de Justicia y Servicios Penitenciarios, que envió toda la información del caso a la Fiscalía, que siguió con el caso. De manera paralela, sin embargo, el departamento también aplicó medidas cautelares a los funcionarios y suspendió de empleo y sueldo a dos de las jefes de servicio de Lledoners durante seis meses; incluso anunciado la medida en una nota de prensa, tal como denunciaron en su momento las asociaciones de trabajadores como Marea Blava.
El juzgado de Manresa ya no vio ningún delito
El caso, sin embargo, cuando llega al juzgado de Manresa se desestima, ya que el magistrado no ve ninguna comisión de delito por parte de los funcionarios. Sin embargo, pero, si bien Justicia archivó el expediente en dos de los funcionarios, va mantuvo una sanción contra las dos jefes de servicio de Lledoners que participaron en la intervención por una falta grave por incumplimiento de deberes y obligaciones al ordenar la inmovilización del interno y mantenerla más allá del tiempo necesario, si bien el juez no había visto ninguna irregularidad. En vez de seis meses de sueldo y trabajo aplican una sanción de 16 y 18 por estas faltas. Del expediente sí que desaparecieron las faltas que se habían hecho constar en un primer momento y que no pudieron ser probadas.
La defensa de las dos jefes de servicio llevó esta sanción del departamento al contencioso-administrativo que, finalmente, la semana pasada, notificó en las partes que anulaba la sanción que había impuesto el departamento a uno de los dos jefes de servicio. El auto firmado por el juez del juzgado número 17 del contencioso-administrativo de Barcelona declara nula la sanción y también que la Generalitat pague el sueldo de los 16 días que estuvo sancionado sin trabajo y sueldo, más los intereses. También ha condenado a Justicia a pagar 500 euros de gastos procesales. Hará falta ahora también que se celebre el juicio para revocar la sanción en el segundo jefe de servicios expedientado. El bufete de abogados Fuster y Fabra, quien ha llevado la defensa de este primero ninguno de servicios, confía en que la justicia siga el mismo dictamen y anule también la sentencia contra el segundo ninguno de servicios sancionado.
Marea Blava pide que las conselleres Capella, Ciuró y Ubasart se disculpen
La asociación de personal de prisiones Marea Blava felicita el funcionario a quién judicialmente le han retirado la sanción de Justicia y apunta que esta sanción, que incluso un juez había considerado la actuación como correcta, era una "ofensiva ideológica perpetrada por la administración penitenciaria con la finalidad de atemorizar a la plantilla e imponer, meses después, la circular sobre medios de contención en los centros penitenciarios".
Aunque la condena es contra la Generalitat, desde Marea Blava recuerdan que esta sanción se hizo bajo la dirección del departamento de las conselleres Capella, Ciuró y Ubasart y de los secretarios generales Armand Calderó, Quim Claveguera –quien firma la sanción- y Sergi Blàzquez. Desde esta asociación piden que todas estas personas pidan disculpas a los funcionarios expedientados y sancionados ahora que se ha demostrado que erraron; sin embargo, pero, aseguran que no esperan ninguna muestra de rectificación pública ni de dimisión, como también les han pedido.