María Tardón, jueza de la Audiencia Nacional, tiene previsto comunicar este lunes al abogado Gonzalo Boye su procesamiento junto a otras 45 personas, entre ellas el narcotraficante gallego José Ramón Prado Bugallo, más conocido como Sito Miñanco, que introducía droga desde Sudamérica, según Europa Press. En el caso de Boye, defensa del president Carles Puigdemont o del cantante Valtònyc, la juez lo acusa de haber participado presuntamente en este entramado criminal para blanquear el dinero del narcotráfico.
Boye ha negado reiteradamente esta acusación y la considera una imputación basada en la guerra sucia policial, aprovechando las declaraciones a la policía de un supuesto confidente al que después pusieron en libertad.
Las investigaciones de este caso se iniciaron en febrero de 2016, cuando Sito Miñanco se encontraba cumpliendo condena de 16 años en el centro penitenciario de Algeciras por un delito contra la salud pública, pero disfrutaba del tercer grado, que le dejaba salir fuera de la cárcel. La instrucción, finalmente, se terminó en diciembre pasado.
Diferentes delitos
La titular del juzgado central de instrucción número 3 imputa a los investigados diferentes delitos como, por ejemplo, contra la salud pública relativo a sustancias que causan grave daño, con la agravante de notoria importancia, cometido en el seno de organización criminal y de extrema gravedad; blanqueo de capitales; delito continuado de falsificación de documento oficial o tenencia ilícita de armas.
Prado Bugallo, con un marcado carácter personalista, dirigía este entramado criminal con colaboradores de su máxima confianza como Enrique García Arango y Juan Antonio Fernández Fernández, también condenados por narcotráfico. La actividad de Miñanco continuaba siendo la introducción y distribución de sustancia estupefaciente en España, ja que mantenía sus contactos en organizaciones suministradoras de la droga en Sudamérica.
Para ello tenía a su disposición "un bien nutrido grupo de individuos, que, en muchos casos, ya habían acumulado una apreciable experiencia criminal en el negocio del narcotráfico, y que estaban dispuestos a participar en estas operaciones, ejecutando de forma casi reverencial cualquier actividad", afirma la magistrada en su auto, según Europa Press.
Boye es el abogado del president Carles Puigdemont / ACN
Operación Thoran
En el marco de esta investigación, tal como detalla el auto, se intervino el buque Thoran en 2017 mientras transportaba 3,3 toneladas de cocaína, así como la localización en noviembre de ese año de un contenedor con 615 kilogramos de cocaína en Países Bajos.
La jueza mezcla en el sumario a los abogados Gonzalo Boye, Jesús Morán Castro y Alejandro Guerra Medina, con la participación determinante de Lara Bolarín, y sostiene que fueron informados por el grupo de narcotraficantes de la existencia de determinadas letras cambiarias y el carácter ficticio de una operación comercial.
La magistrada acusa a los letrados de "diseñar y confeccionar los documentos con el objeto de simular que otro de los procesados había vendido dichas letras de cambio días antes de la aprehensión y las presentaron en el expediente sancionador a sabiendas de su falsedad y de que las operaciones de compraventa eran ficticias, con el objeto de recuperar el dinero intervenido y ocultar que el mismo procedía del narcotráfico en última instancia".