La jueza de Catarroja, que instruye la causa penal sobre la gestión de la dana del 29 de octubre, se mantiene firme en su decisión de no citar a declarar como investigado al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, y doce personas más en esta misma condición. Así lo recoge un auto facilitado este jueves por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), en que la jueza responde a la petición de uno de los dos investigados en la causa, al ex secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, que se imputara cuatro cargos públicos, entre ellos Polo.
Además, la jueza afirma que la "tesis de la ignorancia" que expuso Argüeso a su declaración judicial sobre la evolución de la emergencia es "difícilmente admisible", ya que además de los datos a su alcance podría solicitar él mismo que se le informara". Otros de los testigos citados son el jefe del Consorcio Provincial de Bomberos de València el día de la dana, José Miguel Basset; el director general de Emergencias, Alberto Javier Martín; el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez; y las alcaldesas de Paiporta, Maribel Albalat, de Catarroja, Lorena Sirvent y el alcalde de Sedaví, José Francisco Cabanes.
"Sin indicios de delito"
La instructora argumenta su decisión de no investigar al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar porque "no concurren indicios de delito" que justifiquen su imputación y destaca que no se puede alegar un desconocimiento de los responsables de emergencias de la Generalitat del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH), ni de la posibilidad de acceder. También cuestiona que se quiera atribuir responsabilidad penal a Polo y "prácticamente todos los cargos, directivos o no, de este organismo," y señala que el organismo envió correos electrónicos entre las 16.13 horas y las 18.43 horas sobre el caudal del barranco de Poio y el SAIH proporcionaba información.
Además, señala que la provincia de València estaba en emergencia por "un gravísimo riesgo de inundación" y recuerda que Argüeso envió un mensaje a las 14.44 horas en que decía "los barrancos están a punto de colapsar", hecho que "supone un conocimiento claro que podían producirse desbordamientos, no solo por la zona de Carlet, sino con respecto al barranco de Poio". "Se olvida de manera reiterada de que tiene que haber una conexión entre las muertes, la posición de garante y la inactividad de quien ocupaba esta posición", indica a la jueza sobre la petición de Argüeso.
Los otros testigos|testimonios citados
Con respecto a los otros cargos públicos a quien Argüeso pedía imputar -el jefe del Consorcio Provincial de Bomberos de València, la jefa del servicio de coordinación de 112 y la técnica de comunicación de Emergencias-, la jueza afirma que estar en el Cecopi o formar parte de la administración encargada de la emergencia no es "elemento suficiente" para eso, y los cita como testigos y no como investigados. Indica que el secretario autonómico no podía limitarse a "esperar que se le informara, todavía que datos, circunstancias, llamadas, informes estaban plenamente a su alcance", y en cualquier caso los podría haber solicitado ante un "acontecimiento meteorológico gravísimo".
El resto de personas que se citarán como testigos son la comisaria de Aguas de la CHJ, el director de la empresa pública SGISE, la directora general de prevención de incendios forestales y la comisaria jefe de la Unidad Adscrita de la Policía Autonómica que estuvo en el Cecopi el día de la dana.
La reunión del Cecopi
Lo que sí que tendrá que hacer a la jueza de Catarroja es identificar a todas las personas que participaron en la reunión del Cecopi del 29 de octubre y que aclare en qué momento esta reunión fue exclusivamente presencial. A petición de la Fiscalía Provincial de València, tendrá que solicitar el nombre completo y el cargo de todas las personas que participaron de manera tanto presencial como telemática y ha reclamado que especifique cuáles de estas personas participaron en la reunión "únicamente de forma presencial".