Los Testigos Cristianos de Jehová es una confesión religiosa reconocida legalmente en el Estado español desde 1971. Ahora, la magistrada Raquel Chacón, titular del juzgado de Primera Instancia número 6 de Torrejón de Ardoz, ha concluido que también se trata "de una secta", ya que, se impone un "control excesivo" sobre sus fieles, en especial, en "la insistencia por conocer" todos los detalles sobre sus relaciones, así como por la "supervisión insistente" de las vidas privadas de sus seguidores, y también por forzarles a no tener "una relación fluida" con todas aquellas personas que no compartan su fe, ejerciendo así un "aislamiento y segregación social" para conseguir mantenerlos vinculados al culto. Así lo destapa este jueves El Mundo, que ha tenido acceso a la sentencia que declara la posibilidad de calificar de "sectario" este culto que en España reúne cerca de 120.000 fieles, y hasta 8 millones en todo el mundo.
Los extestigos, considerados "víctimas"
La rama española de los Testigos de Jehovà —dirigidos desde Nueva York desde 1881—denunció a la Asociación Española de Víctimas de los Testigos de Jehová por una presunta intromisión en el derecho al honor por denominarse así, una denuncia que provocó ya hace 1 año un largo juicio en Torrejón de Ardoz —donde se sitúa la sede central de la confesión en España— donde realmente se juzgó si las prácticas ejercidas por el culto podían ser nocivas para sus adeptos, y, por lo tanto, causar daños. En el juicio, hubo 12 declarantes por el lado del culto y 12 de las víctimas, que formaban parte de los Testigos de Jehová.
En una sentencia de 74 páginas, la jueza desmonta las presuntas prácticas "sectarias" del culto, y recoge todos los argumentos expuestos por los abogados de las víctimas, e incluso, expertos sobre cultos sectarios a escala internacional. Con todo, Chacón considera que la confesión "controla excesivamente" a sus fieles en aspectos que son considerados como positivos por parte de la sociedad española, como estudios universitarios, la relación con personas externas al culto o los matrimonios entre personas con diferentes ideales religiosos. Con los argumentos da credibilidad a las víctimas, que aseguran que los Testigos los instan a no estudiar a la universidad para así poder dedicar el máximo tiempo posible a trabajar para la confesión, o no relacionarse libremente con personas ajenas al culto.
La jueza apunta que alguna de las víctimas declararon en la sala que no solo habían sufrido "diferentes daños" dentro del culto, sino varios delitos, como "abusos sexuales o su encubrimiento". Chacón también considera probado que los declarantes se sienten víctimas de "la justicia paralela" de los Testigos, que según la asociación hacen un llamamiento a sus fieles a no acudir a la justicia ordinaria en caso de que se dé un conflicto o un mal, y encomendarlo todo a los denominados "comités judiciales" internos de la congregación, donde tres "ancianos" —sacerdotes de los Testigos— juzgan y sentencian cualquier situación e imponen penas en "nombre de Jehová".
Categoría de "secta"
La jueza da luz verde para la categorización de "secta" para los que se consideran víctimas de los Testigos, lo hace desde la definición de secta que indica que es "una comunidad cerrada, de carácter espiritual, guiada por un líder que ejerce un poder carismático sobre sus adeptos". Además, la sentencia afirma que "el reconocimiento de 'notorio arraigo' —otorgado por el Estado español— no debilita la veracidad de las declaraciones de todos los exfieles y de la Asociación que la denomina como 'secta', atribución que hacen numerosos exmiembros según sus propias experiencias porque está íntimamente relacionada con los comportamientos criticados. No existe ninguna norma en nuestro ordenamiento jurídico que, una vez reconocida oficialmente como confesión religiosa, impida criticar esta condición".
Los testigos hacen un llamamiento a sus fieles a no acudir a la justicia ordinaria, al considerarla "de Satanás", sin embargo, la denuncia a la Asociación se hizo junto con otros contra algunos de sus miembros. En todos los casos, las víctimas denuncian la justicia paralela que ejerce la confesión y les impide ir a los tribunales ordinarios, y a todos aquellos que salen del culto les impiden relacionarse con todos aquellos que se mantienen dentro, provocando, incluso que familias se lleguen a romper. Además, las víctimas también señalan una práctica generalizada "de aislamiento de la sociedad", ya sea por la prohibición de celebrar fiestas y aniversarios, así como la imposibilidad de recibir transfusiones de sangre, unas normas que tienen el objetivo de cohesionar el grupo. La jueza asume que el "abuso de conciencia o psicológico produce daños graves en la salud mental de las personas, de lo que no está exenta ni inmunizada ninguna confesión religiosa, pues, por sagrado que sea el dogma, están aplicados por seres humanos". Todas las prácticas denunciadas llevan a la jueza a pensar que la confesión ejerce un "maltrato psicológico por coacciones y reducción de la libertad individual". Chacón también considera "amenaza" el sistema de acusaciones denunciado por las víctimas.
Por su parte, los Testigos de Jehová señalaron que no existe ningún tipo de coerción en la confesión. Además, su portavoz, Joan Comas, aseguró a El Mundo que se encuentran "tremendamente disgustados", y que estudian acciones legales para defenderse de las acusaciones.