Un agente de los Mossos d'Esquadra ha admitido hoy ante un tribunal que instaló una cámara al vestuario de mujeres de la comisaría de Badalona (Barcelonés) para observar diversas de sus compañeras mientras se cambiaban, por lo que la Fiscalía pide para él cuatro años de prisión.
En la sección quinta de la Audiencia de Barcelona ha quedado hoy visto para sentencia el juicio contra el agente, Iván P., que ha reconocido en que entre en diciembre del 2014 y en julio del 2015 dejó varias veces una mochila con una cámara en su interior en el vestuario femenino de la comisaría con el objetivo de filmar a sus compañeras mientras se ponían el uniforme o se duchaban.
El acusado, para quien la acusación ejercida por las diecisiete compañeras a las cuales grabó pide también once años de inhabilitación, ha mostrado su arrepentimiento ante unos hechos que, ha reconocido, "no se pueden justificar de ninguna manera" y que lo avergüenzan.
No obstante, ha alegado que en aquella época se encontraba en "una situación personal complicada" y que, en todo caso, desea reparar a las víctimas "en todo lo que sea posible".
De hecho, el acusado ya ha abonado a las diecisiete agentes de los Mossos afectadas una cantidad total de 60.000 euros en daños morales, como había solicitado la Fiscalía.
De su lado, las diecisiete agentes afectadas han relatado ante el tribunal los sentimientos de "vulnerabilidad", "traición" e "intimidación" que sufrieron cuando se descubrieron los hechos y han señalado que también se han visto afectadas en su día a día, porque muchas personas les han preguntado continuamente por las grabaciones y porque algunos compañeros las han acusado por "ser unas aprovechadas" y para "intentar arruinarle la vida" al procesado.
Además, las agentes han resaltado que mantenían una relación cordial con el acusado, aunque dos de las víctimas han puntualizado que este les había hecho en alguna ocasión comentarios jocosos con respecto a su físico.
En el juicio, las diecisiete afectadas se han reconocido a sí mismas numerosas veces en las grabaciones, ya sea en ropa interior, vestidas o saliente de la ducha, aunque nunca completamente expuestas.
Según ha declarado uno de los responsables de la comisaría, la cámara y la mochila fueron encontradas en el vestuario femenino por diversas de las víctimas, e inmediatamente después el acusado reconoció ser el propietario, aunque se mostró "incapaz" de aclarar sus motivos porque, según ha aclarado al testigo, se encontraba "en estado de choque".
Por todo eso, la Fiscalía pide para el acusado cuatro años de prisión, una multa de 11.680 euros y una indemnización de 10.000 euros para cada uno de los diecisiete perjudicados, así como la inhabilitación especial para el cargo de Mosso D'Esquadra durante el tiempo de condena.
El abogado de la acusación particular, Albert Requena, ha pedido para el acusado, a más de cuatro años de prisión, una inhabilitación de once años para cualquier cargo en la Administración, ya que ha afirmado que se valió de su posición de agente de los Mossos d'Esquadra para acceder al vestuario femenino, y que el hecho de que sea un miembro de las fuerzas de seguridad añade todavía más "repulsa social" al delito.
De su lado, el letrado defensor ha tildado la petición de la acusación particular de "desproporcionada" y ha rechazado la inhabilitación total, alegando que la profesión del acusado no tiene que ver con el delito, porque hay otras personas autorizadas a entrar en los vestuarios de las comisarías, como personal de limpieza o de mantenimiento.
Además, el abogado ha destacado que el acusado confesó inmediatamente que era el propietario de la cámara y que la "repulsa social" para ser mosso no es una cosa que se tenga que judicializar, porque "hay" que valorar" hechos, no aquello que piense la gente".
Por todo eso, la defensa ha pedido para el acusado una condena de siete meses y medio de prisión y una multa de 270 euros, rechazando también la indemnización de 10.000 euros a cada una de las afectadas, cantidad de la cual la Generalitat figura como responsable civil subsidiaria.