La Audiencia de Barcelona juzga a partir de este viernes a tres exresponsables de la Fundació Catalunya i Territori, afín a Unió. Se enfrentan a penas de hasta 17 años de prisión y están acusados de estafar a bancos a través de un conglomerado de empresas con el que también desviaron presuntamente más de 200.000 euros a la formación.

La sección sexta de la Audiencia de Barcelona inicia mañana el juicio a la presunta trama de estafa financiera, en la que el Fiscal, en su escrito de acusación, sitúa a UDC como responsable civil y le pide que, al lado de los exresponsables de Catalunya i Territori imputados, vuelva a su fundación afín los casi 61.500 euros de la suma desviada que todavía no le ha abonado.

El origen del proceso es una querella de la Fiscalía de Barcelona contra una trama financiera integrada por una treintena de empresas de escasa actividad que orbitaba en torno al grupo empresarial IMS y de la Fundació Catalunya i Territori, que compartían responsables.

La Fiscalía sostiene que los acusados utilizaron este grupo empresarial, del que dependían varias empresas sin actividad real y gestionadas por testaferros, para conseguir créditos con los que ir tapando los agujeros bancarios que dejaban unas y otras sociedades, en lo que se conoce como "pelota financiera", entre 2003 y 2007.

El ministerio público acusa también a los administradores de IMS de haber falsificado facturas para conseguir que el Institut Català de Finances (ICF) les diera en 2003 un crédito de un millón de euros con garantía hipotecaria sobre un inmueble, una concesión que la Fiscalía también considera irregular.

En su escrito de calificación, de hecho, el fiscal Emilio Sánchez-Ulled constata un "cúmulo de anomalías que apunta razonablemente a un inexplicable trato de favor hacia el prestatario" por parte del ICF, aunque precisa que no se ha podido determinar qué responsable de la entidad pública realizó las gestiones para otorgar el crédito "en las concretas condiciones en que sorprendentemente se concedió".

Al margen de estos presuntos fraudes financieros, la Fiscalía acusa a los responsables del IMS de haber desviado fondos a UDC al pagar, con dinero de la Fundació Catalunya i Territori nutrida de aportaciones de particulares, media docena de facturas que la formación debía a la empresa Kontrast por la organización de acontecimientos, que ascendían a casi 116.500 euros.

En este presunto desvío de fondo resultó clave el exgerente de Unió Josep Maria Núñez, que según la Fiscalía indicó a Kontrast que cargara a IMS los servicios prestados a la formación, aunque uno no se sentará en el banquillo, ya que murió en abril del 2014.

El desvío de fondo que denuncia al fiscal se perpetró también mediante la condonación de las cuotas de alquiler por unos locales que Unió tenía arrendados a su fundación afín en Tarragona, Lleida y Tàrrega (Urgell) y por la posterior venta de estos inmuebles a la formación democratacristiana a un precio inferior al del mercado.

Cuando la instrucción del caso estaba próxima a su fin, UDC pagó a la Fundació 160.000 euros pendientes por la compraventa de los locales y otros 35.700 por los alquileres dejados de abonar desde 2005, aunque la Fiscalía sigue reclamando a la formación -actualmente en concurso de acreedores- otros 61.500 euros que según su opinión faltarían para saldar la deuda.

Las penas

A los exvocales de la Fundación Joan Albert López y Miguel Ángel Cortés, que también eran administradores del grupo IMS, la Fiscalía les pide las mayores penas, de 17 años de prisión, mientras que solicita otros 8 para el expresidente de la entidad, Josep Boqué, que fue director general de Consum en los años 90.

También plantea el fiscal en su escrito condenas de tres años y un mes para el administrador de la constructora Copisa José Cornado, que aportó fondos de su compañía para que el grupo IMS sufragara una deuda de 1,1 derivada del desvío de fondo de la Fundació, y un año y once meses para Xavier Soriano, también vinculado a la entidad política.

El juicio empieza este viernes pero los acusados no declararan hasta el 17 de febrero.

El primer día la Audiencia de Barcelona escuchará la exposición de las cuestiones previas y proseguirá el lunes que viene con las declaraciones de los testigos, que irán desfilando ante el tribunal en las próximas semanas.

La sala ha permitido a los acusados que declaren una vez lo hayan hecho testigos y peritos, por lo cual su interrogatorio está previsto en la recta final del juicio.