El Govern de la Generalitat y el Ministerio del Interior han reunido, tras años de espera, la Junta de Seguridad. Con el president Salvador Illa y el ministro Fernando Grande-Marlaska al frente, y con toda la cúpula del Departament d'Interior y también de los cuerpos españoles que operan en Catalunya, se han encontrado en el Palau de la Generalitat después de, al menos, dos aplazamientos en los últimos años. El primero fue por la convocatoria de elecciones generales tras las municipales, y el segundo, por el adelanto electoral de Aragonès del año pasado, en el mes de marzo. La situación, en Catalunya y en el Estado, ha cambiado como de la noche al día.
La reunión, que tenía que servir para rubricar los pactos que el gobierno de Esquerra y el conseller Joan Ignasi Elena habían cerrado con el Ministerio del Interior para transferir las competencias de seguridad ciudadana en puertos y aeropuertos a los Mossos, y que ya se ha firmado con el gobierno vasco, ha tenido poco contenido, y los acuerdos han desaparecido completamente del mapa. En la rueda de prensa que han ofrecido la consellera Núria Parlon y el ministro español en el Palau de la Generalitat, no se ha hecho referencia a este acuerdo, que ya estaba listo y que, por ahora, se ha dejado en un cajón.
Lo que sí han anunciado —aunque todavía no está cerrado y se deberá estudiar— es un incremento del techo de plantilla de 25.000 agentes de los Mossos para 2030 y también la incorporación de la Policía Nacional y de la Guardia Civil al teléfono de emergencias 112. Hasta ahora, solo los cuerpos operativos catalanes estaban relacionados con él y los dos cuerpos policiales españoles no recibían los avisos generados por las salas de coordinación directamente, sino que tenían que pasar por los Mossos. El ministro lo ha presentado como una "normalización" y un refuerzo de la colaboración entre todas las fuerzas de seguridad del Estado dentro del modelo autonómico. Esta inclusión de las policías españolas en el servicio CAT112 era una reivindicación de los sindicatos y asociaciones de la Policía y la Guardia Civil, que ahora, con gobiernos socialistas en Barcelona y Madrid, ha encontrado el momento idóneo para hacerse realidad. Desde el inicio de la legislatura, Parlon reivindica la cooperación con las policías españolas en Catalunya. Con esta integración, las policías españolas, de facto, podrán asumir servicios e incidentes que antes solo gestionaban los Mossos, según han contado fuentes policiales.
"No sacaré a agentes de la calle para ponerlos en otros sitios"
La consellera de Interior y el ministro han comparecido conjuntamente para anunciar estas novedades: la inclusión de las policías españolas en el 112 y otros acuerdos. Sin embargo, no han podido ocultar que ha sido una Junta de Seguridad de Catalunya descafeinada, sin poder cerrar el acuerdo para incluir a los Mossos en la Europol o anunciando un acuerdo que desde 2022 ya está en marcha, como es la competencia de los Mossos en el control de precursores de explosivos. Todos los demás acuerdos que el gobierno español y el Departament d'Interior habían pactado, sobre todo en la transferencia de la seguridad ciudadana y el orden público en los aeropuertos estatales y de la Generalitat a Catalunya —reservando a la Guardia Civil el papel de control fiscal y de fronteras, y a la Policía Nacional la inmigración—, así como la posibilidad de que los Mossos d'Esquadra investigaran delitos y tuvieran la responsabilidad de seguridad ciudadana en los puertos y también en las aguas continentales, han desaparecido del orden del día. El ministro ha dicho que "todavía no hay acuerdo", sin entrar en detalles.
Preguntada sobre qué ha motivado no aprobar esta cesión de competencias a los Mossos, la consellera Parlon ha asegurado que el Govern de Catalunya "no quiere hacer ruido y espectáculo" y solo aceptará las competencias cuando pueda ejecutarlas en condiciones. "No sacaré a agentes de la calle para ponerlos en otros sitios", ha afirmado en respuesta a preguntas de ElNacional.cat. A pesar de ello, la titular de Interior i Seguretat Pública no ha descartado que se puedan acabar asumiendo estas competencias, recordando que ella y el president Illa entienden los Mossos como una policía integral, pero solo cuando se pueda realizar con garantías. El acuerdo, sin embargo, ya estaba preparado para ser firmado con la anterior cúpula de Interior y ya está firmado con el gobierno vasco. No obstante, en Catalunya, por ahora, habrá que esperar.
Otro punto que se ha puesto sobre la mesa de la reunión de este jueves en el Palau de la Generalitat es el papel del SEPRONA, el servicio de medio ambiente de la Guardia Civil. Las competencias de los Mossos y de los Agents Rurals debían blindarse con un acuerdo que desplazara a la Guardia Civil, pero este también se ha dejado en un cajón. Sí que se ha pactado que sean los Mossos quienes investiguen los delitos contra el medio ambiente, pero en ningún caso se retirará al SEPRONA, que seguirá desplegado en Catalunya, especialmente para delitos que impliquen varias zonas del Estado. Marlaska necesitaba hacer un guiño al Instituto Armado tras meses de turbulencias.
El PSOE quiere poco ruido
La renuncia a las competencias que el Estado quería ceder a la Generalitat, justificadas por la consellera Parlon asegurando que solo las querría asumir cuando tenga suficientes agentes para hacerlo, ha puesto de manifiesto el nuevo relato oficial que el trigobierno socialista, en Barcelona, en la Generalitat y en la Moncloa, permite. Sin necesidad, desde Madrid, de hacer concesiones al Palau de la Generalitat, Marlaska ha podido retirar una propuesta que Parlon no quiere y que con los sindicatos de la Guardia Civil le habría supuesto, de nuevo, un incendio al ministro. En la Moncloa, la premisa es clara: poco ruido. La buena sintonía entre ambos gobiernos es evidente. Illa, Marlaska y Parlon se han reunido acompañados de los jefes de los Mossos, la Guardia Civil y la Policía Nacional, así como de las dos cúpulas de Interior. Habrá que ver si los artífices del preacuerdo, Esquerra —inmersos en el congreso para elegir a su líder—, lo reivindican y critican al Govern, un Govern que hicieron posible con sus votos en el Parlament de Catalunya con la investidura del president Illa.