Cambio con polémica. La consellera de Justicia, Lourdes Ciuró (Junts), ha comparecido hoy en la comisión de Justicia del Parlament, donde ha anunciado que la nueva circular sobre medidas de aislamiento y contención mecánica en las prisiones catalanas entrará en vigor el próximo 1 de abril. La consellera ha defendido este cambio para atender reclusos con alternacions y que "no supongan un peligro para ellos mismos, para el resto de internos ni para los trabajadores". El texto ha estado a disposición del síndic de Greuges, el Consell de la Advocacia de Catalunya, las entidades de derechos humanos y los representantes sindicales, entre otros. El resultado es "una circular garantista, respetuosa con los derechos de los internos y escrupulosa con el respeto a los derechos humanos", ha afirmado Ciuró. Los sindicatos de prisiones reclamaban este cambio, ya que la nueva circular ordenaba no atar a los internos y dejar los que estaban alterados en innovadoras celdas acolchadas. A pesar de las modificaciones, la entidad Irídia ha denunciado que esta circular "supone un paso atrás en la garantía de derechos humanos" porque anula la circular anterior, la 2/21, aplicada solamente hace diez meses (aprobada por la anterior consellera, la republicana Ester Capella). Sostiene que permite que los reclusos puedan seguir siendo atados a la cama y que "no ha tenido en cuenta las consideraciones de las organizaciones de derechos humanos" y que se ha aprobado "de forma precipitada".
Desde el Departamento de Justicia se asegura de que la circular añade más supervisión por parte del personal médico en la aplicación de estas medidas y prevé la creación de un grupo de trabajo de evaluación continuada y de búsqueda de alternativas y "soluciones encaminadas a la contención cero". También acota un plazo de 6 meses para la instalación de sonido en las celdas de contención que todavía disponen solamente de imagen en les prisiones de Brians 2, Quatre Camins y Jóvenes. "Eso es importantísimo para dar garantías a internos y profesionales", ha valorado Ciuró. Por último, la circular obliga a hacer un esfuerzo en la formación continuada de los profesionales por hacer frente a las situaciones más complejas y delicadas, como la reconducción de situaciones de crisis mediante la interacción comunicativa con el interno, la actuación en casos de incendio o la práctica de cacheos. El diciembre pasado, más de un centenar de entidades de derechos humanos pedían a la consellera que mantuviera la circular 2/21, que fue consensuada. Y hoy Irídia ha asegurat que la circular "no establece un tiempo máximo de las contenciones mecánicas, consistentes en atar a la persona de manos y pies en la cama".
En el debate parlamentario, la consejera ha contestado las críticas del diputado de la CUP, Xavier Pellicer, por haber modificado la circular sobre las contenciones, también cuestionado por los representantes de ERC y Comuns. Ciuró ha insistido que el objetivo de contención cero no se modifica, pero que se ha de ser realista. Ha detallado que la celda acolchada que se recogía en la circular 2/21, era una prueba piloto que se tenía que habilitar en la prisión Brians y que no se había adaptado todavía, además de las dificultades para encontrar una empresa que lo realice. "La circular no podía ordenar de llevar a una persona con un brote a una celda acolchada si no existe", ha dicho la consejera, que ha añadido que sí que quieren hacer pruebas piloto de celdas acolchadas. Y ha insistido que han implementado recomendaciones, como la del síndic e incorporar personal médico, y que cambiarán "tantas veces como haga falta la circular para garantizar los derechos humanos". Ciuró ha reclamado a todos los grupos parlamentarios "no hacer demagogia fácil" con las prisiones y trabajar para que se inviertan más recursos. El diputado del PSC Rubén Viñuales ha defendido que sé de un voto de confianza a los cambios introducidos por Justicia, y que se proteja y forme a los funcionarios. Pellicer ha pedido el texto de la circular para comprobar si se defienden los derechos humanos en las prisiones.
Suicidios
La consellera ha defendido que el modelo de ejecución penal catalán se sustenta en tres patas y que ninguna de ellas se puede desatender si se quiere "seguir profundizando en la calidad del sistema". La primera es, según ha dicho Ciuró, "la atención, rehabilitación y reinserción de las personas con medidas penales"; la segunda, "la formación continua y la estabilización laboral de los servidores públicos", y, finalmente, "la adecuación y mantenimiento de unos equipamientos dignos". "Es cierto que este modelo tiene un coste presupuestario elevado", ha reconocido la titular de Justicia, "pero se trata de una inversión porque tiene un retorno social importante, cómo demuestran las bajas tasas de reincidencia". Ciuró ha advertido que "si alguna de estas tres patas se desestabiliza", eso repercute en el éxito de la rehabilitación, que es la finalidad última del sistema. Junto con la formación continuada, la consellera ha situado la necesaria estabilización de las plantillas, para "dignificar y consolidar las condiciones laborales de los profesionales", actualizar los últimos acuerdos que son del 2009, después de llegar a un consenso con los representantes de los trabajadores el diciembre pasado.
La consellera de Justicia también ha detallado las actuaciones del Departamento en la prevención de los suicidios en los centros penitenciarios que ha calificado de "cuestión prioritaria que involucra todos los operadores que trabajan en el ámbito penitenciario" porque la población de prisiones presenta más factores de riesgo, como los problemas de salud mental y adiciones. Ciuró ha detallado que, durante el año pasado, 461 personas se sometieron al protocolo de prevención de suicidios, y que los profesionales de los servicios penitenciarios intervinieron en 152 tentativas. "Los trabajadores de prisiones no solamente vigilan, salvan muchas vidas", ha aseverado. El año pasado once reclusos se suicidaron en las prisiones catalanas, la misma cifra que el año 2020, mientras en el 2019 fueron 7.
Inversión
Con respecto a las instalaciones, Ciuró ha explicado que la prisión de mujeres de Barcelona (Wad-ras) "hace falta que sea reemplazada no más tarde en el 2027 por un centro "pensado y diseñado para mujeres, una instalación con visión de género y con capacidad para acoger en torno a 600 internas," que supondrá una inversión de 90 millones de euros, que ya se ha puesto a concurso. Con respecto a la segunda prisión más antigua, la de Ponent en Lleida, la consellera ha explicado que el Departamento de Justicia analiza en estos momentos "si es mejor hacer la nueva o es más eficiente hacer una rehabilitación integral". Y mientras tanto, para garantizar el mantenimiento, se hacen actuaciones con una inversión de 2,8 millones de euros.
En medio abierto, Justicia tiene previsto iniciar las obras de construcción del nuevo Centro Abierto de Barcelona, que supondrán una inversión de 36,6 millones de euros, y acabar el Centro Abierto de Tarragona. La segunda fase de este último proyecto ya se ha adjudicado y permitirá que el Centro se ponga en funcionamiento en noviembre de este año.